Los “acuerdos de Madrid” y el silencio promarroquí de la ONU

La diplomacia del Frente Polisario considera un avance alentador que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon haya denunciado que Marruecos está socavando la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. El que Marruecos y Francia, su gran aliada, consideren “incendiaria” la actitud del secretario general, parece confirmar este optimismo. Pero ello deja a la población saharaui con una amarga conclusión: tras veinte años de esperar a que la MINURSO haga su trabajo, su único consuelo es que en la ONU parece que van a dejar de blanquear el comportamiento gamberro del Estado marroquí. Puesto que en la ONU, como dijimos, sabían quién torpedeaba el plan de paz desde 1991, ¿quién es el culpable del silencio cómplice mantenido hasta ahora a favor de Marruecos?

Hay quien señala a la incapacidad de la ONU por cumplir sus propios principios fundacionales. Hay quien culpa a la incapacidad de la diplomacia polisaria por hacer valer sus intereses. Hay sin embargo, un tercer factor, clave para que se cumplan los primeros dos supuestos: la negativa de España a cumplir con el derecho internacional que la obliga a dar voz a los saharauis en la ONU defendiendo sus intereses, haciendo lo que hizo Portugal con su colonia de Timor Este tras la invasion de Indonesia que obligó a la administración colonial a poner pies en polvorosa por las mismas fechas en que los colonizadores españoles del Sáhara Occidental salieron corriente ante la agresión anexionista marroquí de la provincia número 53.

España ya no está en el Sáhara Occidental, de acuerdo. Pero la ONU dice que sigue siendopotencia administradora del pueblo saharaui de la misma manera en que el Sáhara Occidental sigue siendo, de acuerdo a derecho, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar. ¿En qué pueden consistir estas responsabilidades españolas sobre un territorio en el que España no está ni va a volver? Pues por ejemplo, hay en estas responsabilidades incumplidas un aspecto clave para el pueblo saharaui: el no poder defender por sí mismo sus intereses ante Naciones Unidas más que en los pasillos de la organización o a través de Estados miembros “amigos” (pero que tienen sus propios intereses) porque el Sáhara Occidental no podrá tener un asiento propio entra la comunidad de Estados hasta que no se celebre el referéndum de autodeterminación con el que el derecho internacional establece debe culminar su descolonización. Hasta entonces, el Sáhara seguirá siendo un Territorio No Autónomo y, para casos como el suyo, son las potencias administradoras las que tienen la representación de los pueblos que tutelan.

De acuerdo a derecho, es España quien debería, siguiendo el ejemplo de Portugal con Timor Este, alzar su voz contra la operación de blanqueo en Naciones Unidas del matonismo (como dice el embajador Fran Ruddy) de los invasores marroquíes con saharauis y cascos azules. Es España la voz que debería estar denunciando, haciéndose portavoz del pueblo saharaui, las violaciones de los derechos humanos cometidas contra sus tutelados. Debería ser España la potencia que en la ONU recordase que Marruecos es un okupa en un territorio que nunca fue suyo y denunciar la explotación ilegal de los recursos naturales y riquezas mineras del pueblo saharaui. España es el Gobierno a quien corresponde recordar en la ONU que el pueblo saharaui tiene derecho a elegir libremente su futuro y exigir seriedad a la misión de Naciones Unidas que se comprometió a organizar un referéndum libre y transparente hace ya más de veinte años.

Claro que, mientras en España el último gobierno de Franco simuló haber transferido la administración del Sáhara Occidental, en Portugal se tomaron medidas para que los siguientes gobiernos no tuviesen con el paso del tiempo la tentación de tergiversar los hechos y hacer la recomposición con la que los Gobiernos de derechas e izquierda en España justifican su dejación de responsabilidades legales con una supuesta neutralidad y equidistancia entre agresor y agredido. La principal, como subaraya Jaume Ferrer Lloret en su espléndido estudio (La aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos: Sáhara Occidental y Timor Oriental) es que los padres de la Constitución portuguesa de 1989 incluyeron un recordatorio de los deberes que la ONU establece para las potencias administradoras (no importa que no sigan en el territorio), en el art. 293 párrafo 1º de la misma. Ahí se dice que: “Portugal continúa estando obligado por las responsabilidades que le incumben, de conformidad con el derecho internacional, a promover y garantizar el derecho del pueblo de Timor a la autodeterminación y a la independencia”, en clara referencia al art. 73 de la Carta de la ONU que define los deberes de las potencias administradoras.

El resultado del mantenimiento en España de la gran mentira de los mal llamados Acuerdos de Madrid es que mientras Marruecos no solo tiene voz y voto en Naciones Unidas como Estado miembro e, incluso, como ocurre ahora, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, la voz que la comunidad internacional reconocería como interlocutor autorizado del pueblo saharaui, se inhibe aferrándose a la existencia de un tratado internacional que no existe en términos legales. La prueba es que, desde hace un año, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha estado pidiendo al Gobierno español que demuestre la legalidad de los Acuerdos de Madrid y no ha recibido ninguna respuesta ni del Gobierno de Zapatero ni del de Mariano Rajoy.

Mañana, la APDHE vuelve a la carga pidiendo a las fuerzas políticas de esta nueva etapa legislativa apoyo para que España deje de incumplir el derecho internacional con un pueblo al que por su vecindad y lazos históricos debería mimar con especial esmero. Si Rajoy tomase este camino, la diplomacia saharaui lo tendría más fácil para contrarrestar la ofensiva con que Marruecos y Francia intentan estos días con una actividad diplomática febril, neutralizar el informe de Ban Ki-moon e impedir el cambio que el secretario general recomendó a los miembros del Consejo de Seguridad para que la MINURSO haga lo que hacen los cascos azules en cualquier misión de paz: informar (como mínimo) sobre la situación de los derechos humanos.

Por eso la APDH convoca un acto en la plaza de Neptuno en Madrid mañana a las 12.00. Para quien quiera saber más, pinchando aquí está su campaña y, pinchando aquí, la convocatoria para la iniciativa de mañana. Allí nos vemos, los que os apuntéis.