¿Es moralmente aceptable que la diplomacia española proteja a los narcotraficantes?

Han pasado cuatro meses desde que el Rey de Marruecos, usando de sus prerrogativas constitucionales, indultó a 48 españoles encarcelados en el país magrebí, 47 de ellos cumpliendo sentencias firmes y otro aún sin haber sido juzgado. La casi totalidad habían sido condenados por narcotráfico, incluido este último Mohamed Munir Molina que iba a ser juzgado dos días después de su indulto. El hecho no sólo no ha pasado al cajón de los olvidos, sino que sigue suscitando debates e inquietud tanto en la sociedad española como en la marroquí.

Las explicaciones dadas por Autoridades españolas para justificar la petición de indulto de los 48 encarcelados, algunos originarios de otros países pero todos con nacionalidad española, pueden ser jurídicamente aceptables, aunque siguen siendo objeto de polémica en cuanto a la oportunidad y la forma. El Gobierno español alega que había dos listas, una de 18 narcotraficantes para los que se pedía el indulto, y otra de 30 para los que se pedía el traslado a cárceles españolas para cumplir el resto de la pena. Sin embargo, ¿cómo se puede pedir el traslado a Mohamed Munir Molina a una cárcel española, si no había sido juzgado? El turbio asunto sigue siendo moralmente inaceptable.

¿Aceptaría la sociedad española que el Gobierno indultase a presos que cumplen delitos por terrorismo, asesinos de niños o violadores contumaces? Sólo plantearlo ya sería un escándalo. ¿Acaso las familias de los muertos por sobredosis no son igualmente víctimas del terrorismo? ¿Se puede poner en el mismo plano a los presos que han cometido robos o delitos menores, con los que atentan contra la salud pública y hunden en la miseria humana a miles de adictos de todo tipo de drogas?

La opinión pública española y la marroquí están en su derecho de reprobar sin paliativos la petición de indulto y la concesión del mismo, a terroristas, violadores y narcotraficantes.

Pero aún hay más. La sociedad civil marroquí, que desde hace años denuncia las mafias de la droga de su país y de fuera, se interrogan si no hay un apoyo tácito de algunas Autoridades españolas a determinados narcotraficantes, como recompensa a favores hechos al Estado por estos individuos. Si así fuera, sigue siendo éticamente inaceptable, porque esos favores nunca pueden ser pretexto para la inmunidad e impunidad.

Haber cursado una petición de indulto a toda una pléyade de narcotraficantes, igual que al pederasta Daniel Galván, deja muy maltrecha la moralidad del quehacer político, entendido como favores e intereses recíprocos; y abre un debate amplio sobre la necesaria regeneración moral del sistema político.

Alif-Post, 19/12/2013