Dos valoraciones del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos

VSOA, 21/12/13.- A través de un correo electrónico, Santiago Jiménez Gómez(Prof. Titular del Departamento Historia Medieval y Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela, España), ha hecho llegar a Voz del Sahara Occidental en Argentina, dos reflexiones sobre el recientemente firmado protocolo del acuerdo de pesca UE-Marruecos.

El correo electrónico lleva por asunto “Textos desde dentro de las entrañas”. Y nos dice: “Con mis mejores deseos para todos vosotros y la ilusión de un futuro de continuado esfuerzo y tesón en pro de la libertad del pueblo saharaui. Que se agrande y ensache también su ansia por construirlo por sí mismos en una autodeterminación cotidiana. Y que los demás podamos acompañarlos en ese camino. Un abrazo.”

Seguidamente, publicamos los dos artículos:

I. PESCAR EN AGUAS REVUELTAS

El pasado día 10 de diciembre, el Parlamento Europeo votó favorablemente la ratificación de un nuevo acuerdo de pesca, firmado entre la Unión y Marruecos el pasado 24 de julio, por la que un máximo de 126 buques con licencias europeas podrían pescar en las aguas territoriales de Marruecos durante los próximos cuatro años con un canon de 40 millones de euros; de los que 16 corresponderían estrictamente a la compensación del convenio, 14 se darían en concepto de ayuda a la promoción del sector pesquero marroquí y los 10 restantes los satisfarían los armadores como pago por las licencias. Las capturas se efectuarían, en forma limitada y con fórmulas de carácter tradicional, entre el paralelo 30º 40’ N, a la altura de Agadir, y el 29º N, que coincide aproximadamente con la desembocadura del río Draa, y, a partir de aquí hacia el Sur, sin límites expresos, a partir de un mayor volumen de capturas y de forma más industrializada.

La votación efectuada en Estrasburgo se saldó con 310 votos favorables al acuerdo, mayoritariamente desde las filas del Partido Popular Europeo y del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, 204 en contra, procedentes de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, los Verdes y Alianza Libre Europea, la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica y de un número significativo de disidentes de la posición mayoritaria entre los socialistas, y 49 abstenciones.

Hasta aquí la estricta descripción de los datos y las cifras que ilustran la escueta noticia de uno más entre los muchos acuerdos intrascendentes que la orientación de gestión europea obliga a firmar cada día y de aparente escaso contenido político y económico.

Pero siempre la realidad es mucho más compleja que las síntesis y resúmenes en los que nosotros nos empeñamos en encerrarla y en su discurrir afecta y condiciona asuntos de muy variados órdenes y hasta la vida de comunidades enteras, que se ven afectadas por las irresponsables decisiones de los legisladores (a causa de la evidente falta de consecuencias que se sigue a la comisión de toda una serie de actos de más que dudosa legalidad y notoria carencia de toda justicia). Y una vez más, y ya va siendo una enojosa repetición cotidiana, nuestros parlamentarios han desconsiderado la dignidad de todo un pueblo y, aún más, han pretendido condicionar decisiones y acontecimientos que nada tienen que ver con la actividad pesquera propiamente dicha, violando los derechos y contribuyendo a vulnerar la libertad y aún la mera protección personal de la población saharaui. Y, recalco, de toda la población saharaui en general y hasta de los habitantes del Sáhara Occidental en su conjunto.

Porque aunque en el texto del protocolo no se mencione ni una sola vez el nombre de Sáhara Occidental ese es el punto clave para la interpretación acerca del valor y las consecuencias de semejante acuerdo.

En primer lugar, porque la buscada imprecisión geográfica hace de las aguas jurisdiccionales, situadas a partir dos 27º 40’ latitud N, de ese territorio, considerado como no autónomo y pendiente de descolonización por parte de las Naciones Unidas, el punto neurálgico para la ejecución de ese acuerdo con Marruecos. Lo que supone, de facto, el reconocimiento tácito de unos derechos administrativos sobre ese país que la legalidad internacional niega tajante y reiteradamente. Ni Marruecos es la potencia administradora de ese territorio no autónomo, papel que le corresponde legítimamente a España aún cuando mire para otro lado, ni su ocupación militar del mismo ha sido aceptada por la comunidad internacional que la rechaza desde el año 1975 por mucha invocación que los marroquíes hagan acerca de “sus provincias del Sur”. Y la Unión Europea se permite ignorar el derecho y toda recomendación en ese sentido para hacer al Reino de Marruecos responsable de velar por los bienes y los intereses de la población saharaui.

Una actitud irrespetuosa y de todo punto resbaladiza si, a la vez, tenemos en cuenta el brutal control que el estado marroquí, a través de los militares y policías que constituyen las fuerzas de ocupación, ejerce sobre el conjunto de los hombres y mujeres que integran la población originaria del Sáhara y, en particular, sobre quienes defienden política y pacíficamente su derecho a la autodeterminación y la independencia o, simplemente, se niegan a aceptar el dominio marroquí de hecho como una autoridad ejercida de derecho. Los presos políticos encarcelados por el sistema penitenciario marroquí y las brutales y desproporcionadas condenas que aún pesan sobre el colectivo de presos juzgados sin ninguna garantía en la farsa representada ante la jurisdicción militar que constituyó el supuesto “juicio” por los acontecimientos acaecidos en torno a la destrucción del campamento de Gdeim Izik han sido despreciados e insultados por una buena parte de los eurodiputados, cuyos nombres han quedado ya asociados a la memoria de las injusticias cometidas contra los y las saharauis. Y se hace necesario el recordar aquí que la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU estableció el principio de “soberanía permanente sobre los recursos naturales” que implica el derecho inalienable de los pueblos a hacer uso de los recursos materiales de sus territorios y a disponer de ellos en beneficio del desarrollo y del bienestar común.

Con todo, esa irresponsabilidad no se reparte por igual en todos los sentidos y sobre ello cabe también hacer alguna reflexión importante. España, país integrante del llamado grupo de “Amigos del Sáhara Occidental” en las Naciones Unidas, en su condición de antigua potencia colonial del mismo, y cuya actitud de neutralidad activa y respeto a las actuaciones de la ONU se ha venido reiterando como doctrina de la diplomacia del estado en relación con este contencioso, se ha desnudado de todos sus disfraces y ha constituido un notorio y eficaz apoyo para este burdo plácet a la ilegalidad marroquí. Una ayuda que ya anunciaba la última visita del Rey de España a Marruecos y que se ha encargado de ejecutar el gobierno popular, con la entusiasta complicidad del Partido Socialista, y que se ha concretado en las constantes presiones dirigidas hacia los eurodiputados españoles y de otros países de unas autoridades que han llegado a confundirse con el lobby promarroquí; y en las acciones desarrolladas por Carmen Fraga, desde la Presidencia de la Comisión de Pesca, y buena parte de los diputados españoles integrados en la misma. Y es falso que eso se haga en nombre de los intereses del Estado pues esos intereses no se han explicitado en absoluto ni se llegarán a verbalizar pues son solo intereses de grupos económicos definidos; ni tan siquiera que se haga, de forma miserable y pedigüeña, en beneficio de los pescadores andaluces o gallegos ya que el mayor beneficio, por otra parte legítimamente escaso aunque mayor al margen de la legalidad, es para los armadores y propietarios de la flota.

Y en mayor medida cuando en el propio protocolo se incluye una condición expresa para su firma en la que se establece la necesidad de ajustarse al artículo 2 de dicho acuerdo “relativo al respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales del hombre”. Una condición imposible de cumplir por un régimen político como el marroquí.

Lo único cierto es que no se ha pretendido ni tan siquiera consultar a los saharauis, o a sus legítimos representantes políticos, en relación con este acuerdo ni se ha establecido en el mismo ninguna fórmula de compensación o beneficio destinado a los directos beneficiarios de los recursos del Sáhara, tanto en el plano económico como en el político. Y ello ha sido así porque la voluntad de los negociadores de ambas partes era la de incumplir las recomendaciones que la propia Unión Europea estableció, mediante acuerdo parlamentario, en diciembre de 2011, en el que se decidía la no renovación del acuerdo anterior por lo que suponía de vulneración del derecho internacional, por la especial condición del Sáhara Occidental como territorio no autónomo y por la continuada transgresión de los derechos humanos por parte del estado marroquí. Tres precondiciones negativas que siguen estando vigentes dos años después para escarnio de la desvergüenza de nuestros representantes políticos.

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II. Y AÚN DICEN QUE EL PESCADO ESTÁ CARO

La firma del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos ha constituido, pues, un virtual respaldo político a la política represiva y de desprecio de los derechos humanos y civiles de la población autóctona del Sáhara Occidental llevada a cabo por el reino alauita y supone una intervención activa en este contencioso por parte de los parlamentarios europeos que trata de desequilibrar la posición de ambas partes, reforzando el papel de Marruecos, ante una posible negociación acerca de las soluciones. No olvidemos que el estado marroquí propugna la concesión de una autonomía frente a la recomendación de un referéndum de autodeterminación que aconseja la descolonización pendiente y defienden los representantes políticos del pueblo saharaui.

En ese nuevo posicionamiento destacan los analistas, y muy especialmente el profesor Ruiz Miguel en su valoración acerca de la votación, que el número de votos favorable a la posición marroquí se incrementó levemente (en un número total de 14 parlamentarios) mientras la defensa de la actitud legitimista a favor de los derechos de la población autóctona del Sáhara Occidental sufrió un retroceso más que considerable, pasando de 322 votantes (en 2011) a 204 (en 2013) quienes se pronunciaron por esa opción. Lo que supuso, ya que el número de las abstenciones prácticamente se mantuvo con tan solo una ligera baja (49 frente a 56), que la participación descendiese muy considerablemente. No asistieron, en esta ocasión, 202 eurodiputados frente a los 82 que se ausentaron en la votación anterior.

Esa disminución del apoyo a las tesis contrarias a la firma del Tratado le hace decir, en su valoración, que la votación “no la han ganado los partidarios de Marruecos… sino que la han perdido los defensores del Sáhara Occidental”; llegándose a preguntar acerca de aquello que pudiera haberse hecho mal para que las cosas sucedieran así.

Y en esa valoración resulta muy esclarecedora la estimación ponderada de los votos correspondientes a los eurodiputados españoles y, en particular, a quienes representan a los intereses de Galicia dentro de la eurocámara. Si la consideramos en su conjunto, resulta muy elevado el porcentaje de votantes a favor sobre quienes lo hicieron en contra y poco o nada consistente la opción de aquellos que se abstuvieron, en algunos casos habiendo votado de forma negativa en la sesión de 2011, cuya dejación no hace sino incrementar el voto favorable a la propuesta. En ese sentido, España es uno de los países en los que el voto promarroquí ha sido mayor, por encima incluso de un país, como Francia, que siempre se ha situado política y diplomáticamente en contra del independentismo saharaui y de los intereses de un pueblo cuya identidad se niega a reconocer; tal vez porque se le enfrentaron en una guerra dilatada y encarnizada que se llevó a cabo entre 1904 y 1934 bajo el mando del Chej Ma El Ainin y sus descendientes.

En esa votación, los votos españoles favorables fueron 29 de un total de 54 votantes, frente a los 4 que votaron en contra y a otras 4 abstenciones lo que supone un 57,5% del total ya que el número de votos favorables debe de incrementarse en 2 ya que dos diputados ausentes manifestaron a posteriori su intención de voto, aunque éste no se llegase a contabilizar.

De ellos 15 (más los 2 emitidos después de la sesión) corresponden al partido del Gobierno frente a tan solo 6 ausencias, de un total de 23 eurodiputados. Algo menor fue la proporción de votantes del PSOE en el que 14 parlamentarios emitieron su voto a favor por 1 en contra (aún quedan, por fortuna, algunos socialistas coherentes y con dignidad) y 9 ausentes. De los restantes hubo 3 votantes en contra (IU, ICV y Aralar) y abstenciones (CDC, PNV, UDC y UPyD).

De todos ellos, 8 son integrantes de la Comisión de Pesca como titulares o suplentes, correspondiéndole la Presidencia de la misma a los populares Gabriel Mato Álvarez y Carmen Fraga Estévez, ésta última ponente y negociadora del tratado euromarroquí y vinculada a Galicia por lazos políticos y familiares.

Los parlamentarios y parlamentarias de origen gallego, la mencionada Carmen Fraga, Francisco José Millán Mon y Antolín Sánchez Presedo (representante, a su vez, del PSOE) votaron de forma unánime a favor del acuerdo, comprometiendo, en cierto modo, el voto de la ciudadanía gallega en ese mismo sentido. Que sepan que no cuentan en absoluto con mi adhesión personal y la de muchos gallegos y gallegas, que rechazan sin duda alguna una decisión tan ilegal como indigna, y que en su haber se debe de anotar también el desprecio de los y las saharauis, niños y mayores, parte de cuyos padecimientos y angustias han contribuido a aumentar con sus respectivas actuaciones. Su memoria, que es extensa como su tradición de lucha, no dejará de anotar y retener esta ofensa a toda esa comunidad y recordársela cuando sea necesario.

En una actitud en la que se entremezclan los orígenes marroquíes de algunos, con la trayectoria como viejos partidarios de la causa saharaui de otros, al lado de simples veraneantes con intereses preferentes en Marruecos, al lado de trayectorias diplomáticas magrebíes, ejercicios de responsabilidad o simple chalanería al servicio de los intereses del Estado… pero… ¿de cuál Estado? Eso aún no nos ha quedado demasiado claro…

Porque la pregunta de ¿a quién favorece este Tratado?, tiene una contestación enormemente clara. Escasamente a los intereses de la Unión Europea, obligada a la compra sistemática de la relativa seguridad de sus fronteras frente al flujo migratorio africano. En mayor medida, a los de nuestro Gobierno que respira por un tiempo en sus relaciones magrebíes y puede presentar su aprobación, no sin cierta demagogia, como una acción política en beneficio de un sector de parados mientras manifiesta su más absoluta indiferencia por los colectivos más necesitados. Quizá pueda representar una mínima inyección de beneficios para los armadores y propietarios de una flota en receso en todos los caladeros del mundo y sobre la que flotan peligros parejos a los de la minería.

Pero a quien, sin duda alguna, se le reservan la mayor parte de los beneficios es al Reino de Marruecos quien, en primer término, puede presentar este acontecimiento como un éxito de su política internacional en un período en el que su estimación política a nivel interno y exterior había decaído hasta los niveles más bajos. Un logro que, a juicio de la prensa oficialista de Marruecos, le habría dado un espaldarazo a su política anexionista y autonomista; cómo si su puesta en práctica dependiese más de la aceptación a nivel europeo o mundial que de su capacidad de convencimiento sobre la población saharaui. Craso error del que busca vencer sin importarle convencimiento alguno. De ahí que crea ilusoriamente que la Unión Europea puede reconocerle de facto una legitimidad y una soberanía que no puede otorgarle de iure y que no ha conseguido sino que imposibilitar radicalmente con su conquista basada en el sometimiento, el terror y las humillaciones y torturas. Quienes más radicalmente rechazan su injerencia en el Sáhara son los jóvenes nacidos bajo la ocupación marroquí y ellos saben muy bien cuál es la causa de esa radical fractura.

Todavía, el mismo día en que nuestros europarlamentarios aprobaban el protocolo de pesca pensando en favorecer la pacificación y la estabilidad del Sáhara, como condiciones más favorables a la resolución del contencioso acerca de su soberanía, los habitantes de El Aaiún, Smara y otras localidades del Sáhara Occidental salían a la calle para manifestarse en protesta por la firma de ese acuerdo que los compromete negativamente sin tener capacidad de decisión alguna sobre el mismo. Y el democrático Estado marroquí, lleno de gozo por su triunfo, los obsequiaba con agresiones múltiples, con palos, patadas y empujones provocando cerca de 100 heridos, entre los que se encontraban algunos manifestantes europeos procedentes de las Islas Canarias, retenidos por la Policía por unas horas. Gracias, señores y señoras, diputados y diputadas, por haberse ocupado de nuestras necesidades… mejor hubiera sido que no lo hubieran hecho en modo alguno y que se hubieran preocupado de poner orden en su propia casa.

Pero la dinámica histórica no se hace solo desde los manejos ni los planes, desde los despachos o los palacios, y puede que lo que hoy podamos convertir en dinero o en pescado que llegue a nuestros mercados mañana se transforme en rechazo e indignidad. Al menos miremos los billetes con cuidado, probemos el pescado con prevención. Puede que estén contaminados con las lágrimas de un pueblo, con la sangre ya seca de sus desaparecidos, con los gritos de sus torturados y torturadas, con la desesperación de sus presos, con los lapos de simbólica saliva con los que les gustaría obsequiarnos. Aunque, no hay cuidado, los billetes tienen menor nivel de contaminación que los alimentos.

Desde hace tiempo Christopher Ross, el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, ha venido insistiendo en el serio peligro de radicalización de los sectores juveniles en una lucha que, hasta ahora mismo, ha sido prodigiosamente pacífica. Una llamada en la que insistía, en estos últimos días, la activista saharaui y presidenta de CODESA Aminethu Haidar, al referirse a la creciente dificultad de hacerles percibir las ventajas inexistentes de una lucha no violenta.

Aunque quizá, cabe plantearlo, estemos llegando al momento en que su destino esté marcado no por seguir la ruta del martirio de sus abuelos, la lucha contra sus enemigos, sino por construirse y levantar su futuro en libertad al frente de todo su pueblo, la superación de sí mismos. Un camino igualmente largo y difícil pero prometedor y posible. Ojalá que, en la marcha, no se les hiele el alma.

VSOA, 21/12/2013