OPINION
En diciembre pasado, por estrecha mayoría, el Parlamento de la Unión Europea (UE) en un movimiento sorpresivo torció el brazo a la justicia y a la legalidad internacional al ratificar el Protocolo al Acuerdo de Cooperación Pesquera entre la UE y Marruecos (FPA), permitiendo a los buques europeos pescar ilegalmente en aguas territoriales del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Esta sorprendente interpretación de la ley internacional revirtió una decisión anterior adoptada por el mismo parlamento en 2011 por la que se rechazó con razón la ratificación del mismo acuerdo sobre la base de su ilegalidad. La última decisión trunca las esperanzas de los pueblos de la región y reduce las perspectivas de paz a un difícilmente alcanzable espejismo en el desierto.
Esta sorprendente interpretación de la ley internacional revirtió una decisión anterior adoptada por el mismo parlamento en 2011 por la que se rechazó con razón la ratificación del mismo acuerdo sobre la base de su ilegalidad. La última decisión trunca las esperanzas de los pueblos de la región y reduce las perspectivas de paz a un difícilmente alcanzable espejismo en el desierto.
La aprobación del anteriormente mencionado acuerdo trajo nuevamente a la luz el papel de la UE en este conflicto. Sin dudas las decisiones que adopta la UE tienen un importante peso para colaborar con -o hacer más complejo- el logro de una solución para el conflicto saharaui-marroquí. Al entrar en este tipo de negocios turbios con Marruecos, la UE le está haciendo un flaco favor a la paz y está traicionando sus propios principios fundacionales. Pero el efecto más alarmante de este tipo de acuerdos está en las señales equívocas que se envían a la región. Marruecos está malinterpretando la adopción de cualquier acuerdo con la Unión Europea, o con cualquier otra institución, como un barniz que cubre de legalidad su ilegal ocupación colonial y, por lo tanto, fortalece su sensación de impunidad y su capacidad de desafiar las normas internacionales.
La protección que durante muchos años se le otorgó a Marruecos, permitiéndole eludir las consecuencias que suponen sus violaciones del derecho internacional, frustró todos los intentos por llegar a una solución justa y pacífica del conflicto, lo prolongó de manera indefinida y obligó a muchos mediadores a presentar exasperadas renuncias al verse atrapados entre la intransigencia de Marruecos y la actitud equívoca de algunos países europeos. Tanto los asesores legales del Consejo de Seguridad como los del Parlamento Europeo están de acuerdo en que, antes de que se realice cualquier explotación de los recursos naturales saharauis, es esencial asegurar el respeto de ciertos principios básicos: el consentimiento del pueblo saharaui, la producción de beneficios a favor de la población saharaui, la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos. Ninguno de estos elementos básicos, condiciones sine qua non para la explotación, fueron respetados en este caso. Todos los intentos por detener el acuerdo se vieron frustrados por argumentos espurios de poderosos grupos de presión, a pesar de los efectos devastadores que tienen en la búsqueda de la tan necesaria solución pacífica al conflicto. Las repetidas movilizaciones ocurridas en los campamentos de refugiados saharauis y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental para que el acuerdo no fuese aprobado se ignoraron de forma descarada. Las apelaciones de organizaciones regionales como la Unión Africana tampoco fueron escuchadas.
Permitir que el conflicto se propague alimentando constantemente el sueño de Marruecos de un imperio quimérico ha sido y sigue siendo un error fatal. El Magreb, en las puertas de Europa, es un área vital para la prosperidad y la seguridad de la UE. Tanto el Magreb como Europa están cosechando el resultado de 40 años de una estrategia inmoral y jurídicamente incorrecta. Cuatro décadas de obstruir el proceso de descolonización del Sáhara Occidental han llevado a la región a la deplorable situación en que se encuentra hoy: recursos preciosos fueron desviados hacia los esfuerzos de guerra y para sostener los aparatos de seguridad que requiere la empresa colonial. Esto desangra a la economía de Marruecos de forma innecesaria, sumiendo a millones de personas en la desesperación, provocando una avalancha de miles de emigrantes sobre Europa y convirtiendo al flagelo del terrorismo en parte del paisaje.
La integración y la cooperación regional, tan necesarias en los asuntos políticos, económicos y de seguridad, es casi inexistente. El miedo a las cambiantes fronteras marroquíes reforzó la desconfianza entre vecinos y dificulta el abordaje de los problemas regionales. Y sin embargo, la lógica continúa imperturbable. Marruecos, envalentonado por la aprobación del último protocolo de acuerdo pesquero y por su impune violación de los derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, no tiene razones para cambiar de rumbo. Por el contrario, en una carrera contra el tiempo Marruecos está tratando de atraer empresas extranjeras, ofreciéndoles lucrativos contratos por compartir el saqueo de los recursos saharauis, y sigue sin tener contemplaciones a la hora de expulsar observadores internacionales de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, incluso a miembros del Parlamento de la UE.
Pero lo que es aún más desconcertante e incomprensible es el debate en curso en la UE sobre la posibilidad de recompensar a Marruecos concediéndole una ayuda más generosa y un estatus privilegiado. Esta vez, la gravedad de la situación regional exige que se apliquen condicionalidades por el bien de la paz y la seguridad. Las lecciones del pasado deben orientar la futura relación. A sabiendas o no, la UE está agravando aún más la ya peligrosa situación que rodea la cuestión del Sahara Occidental. Legiones de “asesores de imagen” y apologistas de la injusticia continúan anunciando descaradamente una milagrosa repentina transformación de Marruecos -que nunca llega- de un estado represivo y expansionista en un idílico paraíso de la democracia y la tolerancia. Mientras tanto no ahorran esfuerzos por demonizar sin descanso la causa saharaui. Es un movimiento astuto para hacer más aceptable el generoso apoyo de la UE y exonerar a Marruecos permitiéndole continuar impune por sus agresiones.
La historia europea reciente ha demostrado que el respeto mutuo y la coexistencia pacífica son garantes de estabilidad y progreso.
Ninguna forma de encubrimiento ni un constante ocultamiento fantasmagórico pueden cambiar el carácter del conflicto. Se trata simplemente de la lucha de un pequeño pueblo que desea vivir libremente y en paz en la tierra de sus ancestros, en armonía con sus vecinos. Pero Marruecos está esperando que la UE sea cómplice de sus crímenes. Afortunadamente, no todo el cuadro es sombrío: voces en la UE están empezando a aumentar la preocupación sobre la cuestión saharaui y a infundir la ética y la moral en su manera de lidiar con el conflicto. Y como un rayo de esperanza los inversores están desinvirtiendo, retirando su capital de aquellas empresas que invierten de manera ilegal en el robo y saqueo de los recursos naturales saharauis. Cada día son más los países de la UE, los parlamentos nacionales, las ONGs y las organizaciones de derechos humanos que se expresan por la rectificación de la actitud de la UE hacia este prolongado conflicto. No se trata de castigar a Marruecos sino probablemente de salvarlo de sí mismo, de restablecer la justicia y lograr la estabilidad y la seguridad tanto para la región del Magreb y como para Europa. Una tarea de enormes proporciones pero con un enfoque prometedor que merece ser estimulado para seguir avanzando.
Aliyen Kentaoui, Representante del Frente Polisario y de la RASD en Suecia.
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