El lobby marroquí y los derechos humanos

Autor. Ali Salem Uld Iselmu

A raíz de la propuesta norteamericana de dotar a La Minurso de un mecanismo imparcial e independiente de vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui se vio sorprendido en su momento, y acogió dicha iniciativa con mucha alegría y esperanza, porque veía por primera vez el camino hacia el fin de la tortura y las detenciones arbitrarias que ha llevado a cabo Marruecos desde el inicio del conflicto hasta hoy.

Con esta propuesta, Marruecos utilizó a sus aliados en el Consejo de Seguridad con derecho al veto y mediante Francia apoyada por España desde el Grupo de Amigos del Sáhara, hizo fracasar la posibilidad de que la ONU finalmente pudiera vigilar los derechos humanos en el Sáhara Occidental e incluso llegó en su momento a suspender unas maniobras militares con el ejército de los Estados Unidos de América.

Tal ha sido el nerviosismo de la Monarquía Marroquí y su miedo a las manifestaciones pacíficas que piden la celebración del referéndum de autodeterminación, reconocido por la propia ONU y que el contingente de las Naciones Unidas desplegado desde 1991 tenía y sigue teniendo como objetivo permitir la descolonización del territorio saharaui. Este miedo y nerviosismo es el talón de Aquiles de la estrategia marroquí, sustentada en un discurso dirigido hacia el exterior presentando a Marruecos como un país democrático que ha hecho reformas importantes como la constitución del 2011 que intentaba limitar los poderes del rey y dotar a los órganos electos, la gestión y decisión en la vida política. Mientras que por otra parte las denuncias de torturas, de juicios sin garantías legales y el llevar a civiles a tribunales militares es el pan de cada día. Todo esto mezclado en un poder absoluto en manos del monarca marroquí, que en vez de facilitar una transición democrática se aferra a la represión y cede tácticamente ante las organizaciones de derechos para lavar su imagen, pero cuando estas no se encuentran sobre el terreno y la Minurso es inoperativa, carga contra los manifestantes saharauis que piden básicamente el derecho a que se beneficien de sus recursos naturales y cese el expolio de las riquezas del Sáhara Occidental y se aplique el derecho a la autodeterminación.

Esta estrategia de hacer de los derechos humanos un arma arrojadiza, ha llevado a Marruecos a gastar cantidades importantes de dinero, sobornando a políticos, empresarios, creando lobbys a su favor en Europa, América Latina, Estados Unidos, África y el mundo árabe para presentar al Frente Polisario como organización terrorista y antidemocrática que constituye una amenaza para la región del Magreb árabe, para ello ha comprado a tránsfugas saharauis que los entrevista en sus canales de televisión con el rostro tapado y hablan de la violaciones que sufren supuestamente en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. 

Sí realmente el Estado marroquí, está interesado en la transparencia y el buen Gobierno, no debe de oponerse al mecanismo de vigilancia de los derechos humanos para que la Minurso de forma imparcial pueda llevarlo en el territorio, una propuesta que ha sido presentada este año por el Secretario General de la ONU Ban Kimoon y el año pasado por los Estados Unidos. Si el origen del conflicto del Sáhara Occidental y la presencia de la ONU es llevar a cabo la descolonización, no se puede imponer una solución a la fuerza que no respete la opinión de los saharauis originarios del Sáhara y censados por España en 1974.

Actualmente Marruecos tiene sometida a la población saharaui a una marginación total, desde el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos de justicia, funcionarios de la administración y puestos de trabajo importantes. Todo ello en manos de marroquíes que llegaron con las primeras unidades del ejército marroquí al Sáhara Occidental.

Marruecos en vez de seguir gastando sus recursos en perpetuar el conflicto del Sáhara Occidental, intentando deslegitimar la causa saharaui en los foros internacionales, invirtiendo dinero en seguir impidiendo el reconocimiento de La República Saharaui y por otra parte ahogando las manifestaciones pacíficas en los territorios ocupados y promoviendo una política de inestabilidad y confrontación con Argelia; debería saber que el tiempo y la paciencia de la comunidad internacional no son infinitos y que el estatus Quo no es la solución.

Cuanto antes acepte negociar una solución democrática y que respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, será más ventajoso para sus intereses como país y así podrá acelerar la democratización y la reforma tan necesaria para su viabilidad y supervivencia como país. Su actual visión del conflicto le llevará irremediablemente a un callejón sin salida.

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