Heraldo de Aragón, La Tribuna
26 de agosto de 2014
Los conflictos del Sahara Occidental y Palestina tienen elementos comunes y diferencias. Israel somete a la población palestina a crueles y recurrentes masacres, este verano inflinge un castigo colectivo a la asediada población de Gaza, bajo el pretexto del asesinato de tres adolescentes israelíes y rompiendo un alto el fuego que durante 19 meses respeto Hamas.
En el Sahara Occidental, donde se vive un alto el fuego desde 1991, la represión marroquí es, principalmente, policial. Unos territorios ocupados militarmente en clara violación del Derecho Internacional y a pesar de los pronunciamientos de diferentes organismos de Naciones Unidas que así lo declaran. En ambos casos hay un muro que sirve para consolidar y perpetuar la ocupación. El muro israelí construido en Cisjordania fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004.
En el caso del Sahara Occidental el muro de la vergüenza de 2720 kilómetros fue construido en sucesivas etapas, con asesoramiento militar israelí. La construcción data de la época de la guerra contra el Frente Polisario para intentar detener los ataques de las guerrillas del movimiento de liberación nacional saharaui y proteger el “triángulo útil” (ciudades del Sahara y reservas de fosfatos) y su trazado se compone de diferentes muros de arena, protegidos por búnkeres, minas, radares y bases de soldados.
Los campos minados que lo rodean tienen abundantes explosivos de procedencia española y es que, desde Suárez hasta Rajoy, todos los gobiernos españoles han suministrado material bélico al invasor marroquí. Una situación intolerable, aunque desde la promulgación de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa, manifiestamente ilegal.
Noam Chomsky, intelectual norteamericano y judío, en una reciente entrevista destacaba que hay que distinguir entre la retórica y las acciones de un gobierno y ponía como ejemplo la declaración de Obama condenando la reciente “violencia de las dos partes” que fue acompañada por el envío de más ayuda militar a Israel.
En el caso del Sahara Occidental seguimos vendiendo armas a Marruecos, a pesar de que la Audiencia Nacional, en un auto de 4 de julio de 2014, recuerda que “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”. El 22 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia condenando a España en un caso de asilo de varios saharauis, resolución en la que negaba a Marruecos ningún título jurídico justificativo de su ocupación. Sin embargo, en 2013, vendimos material militar a Israel y a Marruecos.
Este mes de agosto el Gobierno español anunciaba la suspensión de la venta de armamento a Israel. En 2011, hizo lo mismo con países del Oriente Próximo y del Norte de África en los que se estuviesen produciendo revueltas, una decisión de la que se desconocía su alcance pero sí que fue levantada en mayo de ese mismo año.
Volviendo a Chomsky, éste advertía que Israel sufrirá una degeneración moral y afirmaba que lo único que puede cambiar es si Estados Unidos rectifica su política, poniendo como ejemplo el caso de Indonesia-Timor Oriental cuando Clinton, finalmente, dijo a los generales de Indonesia « se acabó el juego » y se retiraron inmediatamente.
Ante los engaños de los gobiernos que se limitan a formular declaraciones retóricas exhortando a las partes a negociar, mientras arman al ocupante o negocian acuerdos que permiten el despojo de recursos naturales (acuerdo pesquero UE-Marruecos), la ciudadanía debe exigir un cambio en la política real de sus gobiernos, funcionó en Sudáfrica (boicot de productos y sanciones). Que Israel y Marruecos terminen sus agresiones al pueblo palestino y saharaui depende de que pierdan el aval político de sus padrinos occidentales.
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