Por Alfonso Lafarga
El caso del saharaui Hassanna Aalia ha dejado en evidencia al presidente Mariano Rajoy. El 26 de diciembre, y con motivo de la entrada en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente del Gobierno dijo que España “seguirá defendiendo los principios en los que se asienta nuestra convivencia: la libertad, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la cooperación entre las naciones”.
La denegación de asilo político a este joven activista saharaui de 26 años ha desplegado un amplio movimiento de solidaridad nacional e internacional, que reclama al Gobierno español que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y proteja a Hassanna Aalia, condenado a cadena perpetua; aseguran que si vuelve al Sáhara Occidental le espera la cárcel de por vida y la tortura.
Asociaciones solidarias, plataformas de apoyo, políticos, sindicatos, defensores de Derechos Humanos e instituciones autonómicas insisten en que Hassanna fue condenado sin estar presente por un tribunal militar, cuando ya había sido juzgado por otro civil, por los hechos ocurridos en el violento desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, en El Aaiún, en noviembre de 2010. Y, especialmente, destacan que fue un juicio sin garantías y que los acusados fueron condenados por confesiones obtenidas bajo tortura, según denunciaron juristas, observadores internacionales y organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
Las críticas al Ministerio del Interior han sido numerosas. Desde el medio centenar de eurodiputados, tanto de España (ninguno del PP y uno solo del PSOE, Sergio Gutiérrez) como de otros países, que han expresado su “estupor y preocupación”, hasta la proposición no de ley presentada en el Congreso por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y gran parte del Grupo Mixto urgiendo al Gobierno a reconsiderar su decisión.
España vulnera sus obligaciones internacionales
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha manifestado que la denegación del asilo “constituye una flagrante vulneración de las obligaciones internacionales del Estado español en materia de Derechos Humanos y de protección de solicitantes de asilo” y contraviene “el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra y reconocido por el Sistema Europeo Común de Asilo”.
Para la APDHE la orden de expulsión no puede entenderse más que como “un nuevo intento del Gobierno español de mantener la farsa de los llamados Acuerdos de Madrid y favorecer con ello la estrategia de violencia y arbitrariedad con la que los ocupantes marroquíes intentan doblegar la voluntad del pueblo saharaui”.
En la misma línea se ha expresado el Consejo de la Juventud de España, que denuncia “la complicidad del Gobierno español con el Gobierno marroquí en la persecución de activistas saharauis”, y el grupo de canarios y saharauis que han mantenido una huelga de hambre de más de cien horas en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La portavoz de la Plataforma de apoyo a Hassanna Aalia, Sara Mesa, se ha preguntado ante la sede del Ministerio del Interior, después de entregar un escrito con firmas de organizaciones, si Jorge Fernández Díaz « va a ser cómplice de las torturas y farsas del Gobierno marroquí ».
En el mismo acto, el 4 de febrero, el activista saharaui ha declarado que el Ministerio del Interior reconoce que ha sido torturado y maltratado, pero al negarle el asilo legitima al tribunal militar que dictó la sentencia de cadena perpetua. Ha asegurado que si vuelve a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, además de la cárcel le esperan todo tipo de tortura y maltrato, como ocurrió a varios de sus compañeros de Gdeim Izik, a los que violaron con botellas de cristal y arrancaron las uñas; lo denunciaron en el juicio, pero no se investigó.
Varias organizaciones de países iberoamericanos se han unido a la petición de asilo para Hassanna que, además de activista defensor de los DDHH, es miembro de la agencia de prensa saharaui “Equipe Media”, lo que no ha motivado a las organizaciones de periodistas de España a pronunciarse sobre el caso.
Mientras la negativa de asilo a Hassanna Aalia ponía en entredicho al presidente Mariano Rajoy, Human Rights Watch denunciaba en suinforme Mundial 2015 que en Sáhara Occidental se prohibieron en 2014 todas las reuniones públicas consideradas hostiles al control de Marruecos sobre este territorio y se condenó y encarceló a los manifestantes en juicios injustos. La respuesta de las autoridades marroquíes fue que HRW infravaloró “deliberadamente los logros del Reino alcanzados en materia de los derechos humanos y del proceso de las reformas estructurales conexas”.
Como han recordado los europarlamentarios, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia el 22 de abril de 2014 sobre el caso de 30 saharauis perseguidos por su participación en el Campamento de Gdeim Izik, cuyo recurso para no ser deportados fue rechazado. El TEDH condenó a España por no garantizar el derecho de los solicitantes de asilo.
La siguiente, en esta ocasión para especial conocimiento del Presidente Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es una relación de hechos ocurridos en enero de 2015 en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur de Marruecos con población saharaui, según datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes.
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/politica/8398-enero-saharaui-el-caso-de-hassanna-aalia-deja-en-evidencia-al-presidente-del-gobierno-de-espana
Be the first to comment