Amnistía Internacional denuncia que los tribunales marroquíes aceptaron como pruebas inculpatorias confesiones que los acusados declararon habían sido obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional ha publicado su Informe anual 2014, “un año demoledor para quienes intentaron defender los derechos humanos” en el mundo, según el secretario general de esta organización, Salil Shetty.
Los tribunales marroquíes –relata AI- ignoraron con frecuencia las quejas de los abogados defensores sobre incumplimiento del procedimiento penal y admitieron “confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura u otros malos tratos en prisión preventiva” y, en algunos casos, no permitieron “a los abogados defensores interrogar a testigos de cargo o presentar a testigos de descargo”.
Aunque a veces se ordenaron exámenes médicos como consecuencia de denuncias por torturas o malos tratos a detenidos, Amnistía afirma que “en general las autoridades no llevaron a cabo investigaciones” para comprobarlas.
Una acusación similar a la de AI fue hecha en septiembre de 2014 por la organización Human Rights Watch, que pidió al jefe del Gobierno marroquí, Abdelilah Benkirane, la revisión de las sentencias por las que activistas saharauis fueron condenados con confesiones que pudieron haber sido obtenidas bajo tortura.
En el apartado sobre Marruecos y Sáhara Occidental, Amnistía Internacional hace la siguiente introducción: “Las autoridades continuaban restringiendo los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión. Reprimían la disidencia mediante el enjuiciamiento de periodistas y el encarcelamiento de activistas, restringían las actividades de los grupos de derechos humanos y otras asociaciones, y dispersaban por la fuerza manifestaciones pacíficas y otras protestas. Persistían la tortura y otros malos tratos bajo custodia a causa de la falta de salvaguardias y rendición de cuentas adecuadas, y de la aceptación por parte de los tribunales de confesiones obtenidas con tortura. Se aprobó nueva legislación que eliminaba un vacío jurídico en virtud del cual los violadores podían eludir la acción de la justicia, pero las mujeres seguían sin recibir protección adecuada contra la violencia sexual. Las autoridades colaboraron en la expulsión ilegal de personas migrantes y solicitantes de asilo de España a Marruecos. La pena de muerte continuaba en vigor, pero el gobierno mantuvo la suspensión de las ejecuciones que venía aplicando desde hacía mucho tiempo”.
Reprimir toda expresión saharaui
Al referirse a la excolonia española, Amnistía señala que las autoridades marroquíes han reprimido “toda defensa de la autodeterminación del Sáhara Occidental”, que Marruecos se anexionó en 1975: “Los activistas políticos, manifestantes, defensores de los derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación saharauis sufrían diversas restricciones que afectaban a su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y corrían riesgo de detención, tortura y otros malos tratos y enjuiciamiento. Las autoridades no permitían las protestas y dispersaban las concentraciones que se celebraban, a menudo usando fuerza excesiva”.
Se cita el caso de Abdelmoutaleb Sarir, que denunció haber sido sometido a tortura, “e incluso violado con una botella”, tras ser detenido en febrero en El Aaiún y obligado a firmar un informe sin leerlo. “No hubo constancia de que las autoridades judiciales investigaran sus denuncias y solicitaran un examen médico para identificar lesiones causadas por tortura”. El 10 de septiembre, un tribunal lo condenó a 10 meses de prisión por cargos como “formación de banda delictiva » e « insulto y agresión a agentes de las fuerzas de seguridad », “sirviéndose de la confesión contenida en el informe de interrogatorio que, según él, había sido obligado a firmar”.
También relata la situación de Mbarek Daoudi, -al que se refiere como “exsoldado del ejército marroquí y defensor de la autodeterminación saharaui”- en prisión a la espera de juicio ante el Tribunal Militar Permanente de Rabat: “La causa abierta contra él parecía tener una motivación política, y se enfrentaba a cargos de posesión de munición sin licencia y tentativa de fabricación de armas, basados en el hecho de que la policía le hubiera encontrado un fusil antiguo durante su detención en septiembre de 2013. Su juicio, que debía haber comenzado en enero de 2014, se pospuso indefinidamente a petición del fiscal”.
Los funcionarios marroquíes del Sáhara Occidental, cuenta AI, frustraron los esfuerzos de grupos de derechos humanos, como la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), por inscribirse en el registro oficial y poder desarrollar sus actividades legalmente. Señala, además, que al menos 39 periodistas y activistas extranjeros denunciaron que las autoridades marroquíes les prohibieron entrar en el Sáhara Occidental o los expulsaron de allí en 2014
Sobre los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia), donde se establecieron los saharauis que huyeron del Sáhara Occidental tras la invasión marroquí, Amnistía Internacional afirma que “el Frente Polisario no tomó medidas para poner fin a la impunidad de las personas acusadas de cometer abusos contra los derechos humanos en los campos durante las décadas de 1970 y 1980”, referencia que aparece en anteriores informes.
Ali Aarrass y los periodistas Ali Anouzla y Hamid El Mahdaoui
Amnistía Internacional habla, un año más, del ciudadano belga de origen melillense Ali Aarrass, entregado por España a Marruecos en 2010, que denunció haber sufrido tortura y malos tratos. En mayo se abrió una investigación a raíz de una resolución del Comité de la ONU contra la Tortura, que seguía abierta a finales de 2014.
Reseña dos casos de denuncia que sí prosperaron: una sentencia de un tribunal de Agadir que fue anulada en agosto por haber sido obligado el condenado a confesar bajo tortura, y un agente de policía sometido a investigación a finales de años por presunta tortura.
De la situación en las cárceles recoge que hubo casos de huelga de hambre en protesta por las duras condiciones de reclusión, “como higiene y saneamiento deficientes, alimentación y asistencia médica inadecuadas, grave hacinamiento y limitación del derecho de visita”.
La libertad de expresión es analizada, también, en el Informe 2014. Se enjuició “a periodistas, activistas, artistas y otras personas que habían criticado –o se consideró que habían insultado– al rey o a las instituciones del Estado, o que se consideró que habían propugnado el « terrorismo », según el amplio significado de este término en la legislación antiterrorista marroquí”.
Dos de los hechos citados por Amnistía: El periodista Ali Anouzla sigue sometido a juicio, acusado de propugnar y apoyar el terrorismo por publicar en el sitio web de noticias Lakome un artículo sobre un vídeo difundido por el grupo armado Al Qaeda en el Magreb Islámico. “Pese a que no había publicado el vídeo, titulado “Marruecos: Reino de corrupción y despotismo”, y lo había tildado de “propaganda”, de ser declarado culpable, Ali Anouzla podía ser condenado a 20 años de cárcel”.
Otro periodista, Hamid El Mahdaoui, fue denunciado por difamación e insulto público por el director general de la Policía por unos artículos publicados en Badil.info acerca de la muerte, en Alhucemas, de Karim Lachqar . La policía pidió “que se le prohibiera ejercer el periodismo durante 10 años y se le obligara a pagarle una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios. Al terminar el año su juicio continuaba. Rabie Lablak, que había sido testigo de la detención de Karim Lachqar, fue procesado por “falsa denuncia” tras explicar las circunstancias de lo ocurrido”.
Marruecos colabora en expulsiones ilegales
Sobre las cuestiones fronterizas con España, AI especifica que “las autoridades marroquíes han seguido colaborando con funcionarios españoles en la expulsión ilegal de migrantes, procedentes principalmente del África subsahariana, que entraban en España de forma irregular cruzando la valla fronteriza entre Marruecos y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla”.
Las autoridades marroquíes cooperaron en la devolución a Marruecos de algunas de estas personas, “entre las que figuraban posibles solicitantes
de asilo, en medio de denuncias según las cuales tanto la policía fronteriza española como la marroquí habían utilizado fuerza innecesaria y excesiva”.
“Las autoridades no investigaron estos casos en que se habían producido muertes y lesiones, ni tampoco otros incidentes de violencia racial contra
migrantes subsaharianos ocurridos en agosto y septiembre en Tánger y Nador”, concluye Amnistía Internacional.
http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/historico-de-noticias/8610-amnistia-internacional-los-tribunales-marroquies-aceptan-confesiones-obtenidas-bajo-tortura-
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