Nadie podrá hacer responsable al pueblo saharaui y a su legítimo representante, el Frente Polisario, si se ven obligados a volver a las armas.
El pasado 6 de noviembre se cumplían 40 años de la infame marcha, organizada por el Reino de Marruecos, para ocupar por la fuerza e ilegalmente, el territorio del Sáhara Occidental, entonces administrado por España. En un gesto provocador al pueblo saharaui y a la Comunidad Internacional, el rey de Marruecos Mohamed VI “celebró” la ocupación en el Aaiún, una ciudad sitiada por el ejército y policía marroquí, intimidando y amenazando a los saharauis para garantizar una visita sin contratiempos del responsable máximo de la violación sistemática de los derechos humanos saharauis, del expolio de sus recursos naturales y de la burla permanente a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Cuatro generaciones de saharauis viven luchando desde el exilio, en los territorios liberados o en los ocupados, comprobando año tras año, cómo el Territorio no Autónomo del Sahara Occidental (el último territorio africano pendiente de descolonización), es burlado en su derecho legítimo a la autodeterminación. Ese derecho se concretó en distintas resoluciones de NN.UU. que nunca se llegaron a cumplir por rechazo de la fuerza ocupante.
Cuatro décadas de humillaciones, torturas, desapariciones, amenazas, asesinatos y expolio de los recursos del pueblo saharaui, un pueblo y su representante legítimo, el Frente Polisario (?abhat al Bolisari) que han hecho gala de una extraordinaria paciencia en su sistemática lucha contra la ocupación ilegal de su país, una lucha que pretenden pacífica desde el 6 de septiembre de 1991, día en el que acordaron un alto el fuego poniendo fin a su lucha armada para resolver el conflicto.
La MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), fue y es, el organismo encargado de velar por ese alto el fuego y preparar el referéndum, cuya celebración se preveía para 1992. La decisión del Polisario de establecer un alto el fuego, la realizó en la confianza de que prevaleciese el derecho internacional y por tanto que las Naciones Unidas garantizasen ese derecho de la última colonia de África. Esa importante decisión está interpelada por la ineficacia o incapacidad de la Comunidad Internacional para imponer el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación. La falta de respuesta de las Naciones Unidas viene acompañada por la no asunción de los distintos gobiernos de España de su responsabilidad en la administración de su descolonización tal y como hiciera Portugal con la colonia de Timor Oriental. En 1999, después de un acto de autodeterminación patrocinado por la ONU, Indonesia abandonó la antigua colonia portuguesa y Timor Oriental se convirtió el 20 de mayo de 2002 en el primer estado soberano que nacía en el siglo XXI.
La insensatez de la Comunidad Internacional a la hora de no proteger ese derecho puede dar lugar a una reconsideración por parte del pueblo saharaui de optar por una vía pacífica y dialogada para resolver el conflicto. La respuesta armada desencadenaría una desestabilización mayor en la zona del Sahel con consecuencias dramáticas para la vida de las personas y de la economía de la zona. Las luchas armadas de los movimientos de liberación nacional como el Polisario, reconocido por NN.UU., tienen la consideración de conflicto armado internacional en aplicación del artículo 1.4 del Protocolo I de 1997 al Convenio de Ginebra y distintas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas han reiterado la legitimidad del uso de la fuerza por parte de los movimientos de Liberación Nacional.
La Unión Europea, al ser España la responsable de la administración de la descolonización, tiene una gran responsabilidad para evitar que el pueblo saharaui rompa la tregua para conseguir, por otra vía, recuperar su libertad y decidir su destino mediante un referéndum de autodeterminación en los términos y con el censo acordado por la Naciones Unidas. El propio Parlamento Europeo adoptó resoluciones inequívocas a favor del referéndum como fórmula de acabar con el contencioso pero, al igual que las Naciones Unidas, la respuesta de la fuerza ocupante, el Reino de Marruecos, ha sido el silencio de quien sabe que las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental le salen gratis.
El próximo gobierno de España que sea elegido tras las elecciones del 20 de diciembre volverá a tener en sus manos la solución para que se cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la realización del Referéndum, con una acción exterior coordinada, que permita una solución justa y duradera al conflicto no resuelto del Sahara Occidental. Nadie podrá hacer responsable al pueblo saharaui y a su legítimo representante, el Frente Polisario, si se ven obligados a tomar una decisión de volver a las armas para defender sus derechos y su libertad.
Son momentos muy difíciles, momentos críticos para un pueblo que lleva luchando 40 años y que observa que, algo tan sencillo como hacer cumplir el derecho internacional choca contra el muro de Marruecos, refractario a cualquier exigencia del cumplimiento de la legalidad para seguir actuando de forma impune en los territorios ocupados.
Los y las comunistas nacemos en 1920/21 entre otras muchas razones, para oponernos a las guerras coloniales de África, para defender su derecho a la autodeterminación frente al yugo colonial e imperialista. Hoy como ayer, seguiremos codo con codo con las mujeres y los hombres del desierto, apoyando su lucha, trenzando solidaridad y enfrentándonos a la fuerza ocupante.
Willy Meyer
Mundo Obrerohttp://www.mundoobrero.es/pl.php?id=5390, 23/12/2015
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