En respuesta a los informes que indican que se concederá un nuevo juicio ante un tribunal civil a 25 acusados, entre ellos los 21 presos que cumplen largas penas de cárcel en relación con los enfrentamientos de 2010 en el Sáhara Occidental, que se saldaron con víctimas mortales, Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La noticia de que los civiles saharauis encarcelados hace más de cinco años y condenados injustamente a severas penas de prisión en 2013 serán sometidos a un nuevo juicio en un tribunal civil, que debía haberse producido hace tiempo, ofrece un atisbo de esperanza de que por fin podrá hacerse justicia en este caso. Las sentencias condenatorias dictadas contra estos hombres en un juicio militar injusto, basadas en pruebas escasas, discutibles y empañadas por denuncias de tortura, constituyeron una escandalosa denegación de justicia. Amnistía Internacional ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades a poner en libertad a estos hombres o concederles un nuevo juicio civil justo”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.
“Ahora las autoridades marroquíes deben asegurarse de que se les concede un nuevo juicio justo con arreglo a las normas internacionales y que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de manera independiente e imparcial. Es fundamental que se excluya de los procedimientos cualquier declaración obtenida mediante tortura. El tribunal debe respetar la presunción de su liberación en espera de juicio, a menos que un juez determine que existen motivos fundados para que continúen detenidos.”
En noviembre de 2010 estallaron enfrentamientos al desmantelar las fuerzas de seguridad marroquíes un campamento de protesta en Gdeim Izik, en las proximidades de El Aaiún, donde miles de saharauis se habían congregado para hacer una serie de demandas sociales y económicas. Cientos de personas fueron detenidas, y después un tribunal militar declaró culpables a 25, de las que 21 continúan encarceladas. En 2015, Marruecos modificó su legislación sobre justicia militar para poner fin a los juicios de civiles ante tribunales militares, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
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