El 14 de noviembre de 1975, con el dictador en el cama agonizando, el Gobierno de España firmó con Marruecos y Mauritania la entrega del territorio del Sahara Occidental, contraviniendo el contenido del Dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia (de 16 de octubre de ese año) en donde se niega cualquier tipo de derecho de los referidos Estados sobre el territorio saharaui. Fue la consecuencia de la llamada “Marcha verde”, ese gran show marroquí apoyado internacionalmente (incluso por España, tal como han demostrado los cables interceptados por Wikileaks) y que abrió la puerta a la “Declaración de intenciones”, que desembocó en la ocupación en el año 1976. El 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario y Mauritania alcanzan un acuerdo por el cual Mauritania cede la parte que ocupaba del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero Marruecos se anexiona esa zona el 11 de agosto. Tras la proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática en 1976, se empezó la construcción del “ Muro del Sahara Occidental”; la cual fue obra del ejército marroquí con la ayuda de expertos israelíes y la asistencia financiera de Arabia Saudita y de Estados Unidos. Los hito más relevantes del proceso histórico entre 1976 y la actualidad se pueden consultar en el artículo que escribí el año pasado en Agenda Pública.El Sahara occidental, el territorio de la antigua colonia española, es un territorio sobre el cual había declarado que no había vínculo de soberanía entre Mauritania o Marruecos con el Sahara y que, por consiguiente, no hay razón para no aplicar la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio. En este sentido, se debiera proporcionar una solución como la prevista en la Resolución 1429 (2000) que reclama una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” siempre que esta “asegure la autodeterminación del pueblo del Sahara occidental en el marco de acuerdos que sean compatibles con los fines y principios de las Naciones Unidas” ¿bajo que presupuestos?
De entrada, la única solución pasa por la autodeterminación del pueblo saharaui, no de la población que está en dicho territorio. De hecho, el problema que hubo con el censo hace algunos años derivó, esencialmente, de cómo había sido inflado por Marruecos con población que no reunía los requisitos. El Dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental (parágrafos 70 y 162 en particular) hacía referencia, de hecho, al “derecho de las poblaciones (del Sahara occidental) a la autodeterminación “. Un plural que expresa la división tradicional entre las poblaciones de Sakiet el-Hamra y Rio de Oro. Un referéndum que ha de ser “justo, libre e imparcial” sobre la autodeterminación del pueblo saharaui.
Lamentablemente, no corren buenos tiempos. Por un lado, por el declive del Comité de Descolonización de la ONU y por el otro, por la tendencia a hacer descolonizaciones de perfil bajo, casi simbólicas, en las que las potencias que retienen ilegítimamente el territorio administren el proceso para concluirlo con unos vínculos equivalentes a los de la situación previa. Todo ello, a pesar de que los acuerdos de Madrid sólo se pueden catalogar como nulos, tal como se señaló en el otro artículo que se acompaña a este post. A ello se añade el hecho de que ni la Unión Europea (especialmente por los acuerdos pesqueros y por el control de fronteras) ni España (por el control de fronteras que de facto hace de Ceuta y Melilla, recibiendo las expulsiones en caliente) ni los EE.UU. (que siempre han favorecido a Marruecos) tienen interés en debilitar ahora a Marruecos. El terrorismo islamico no es un factor que ayude precisamente a la resolución del problema.
Para los saharauis, la situación es insostenible. Por un lado, porque la situación está estancada, lo cual favorece a Marruecos, que este fin de semana celebrará los fastos de celebración de los 40 años de la Marcha verde. Segundo, por los problemas de violaciones de los derechos humanos en territorio saharaui perpetrados por las autoridades marroquíes. Y, por último, porque la situación en los campos de refugiados situados en la provincia argelina de Tinduf de El Aaiún, Auserd, Smara y Dajla (llamados así en recuerdo de las ciudades saharauis a las que aspiran legítimamente a regresar) es insostenible. Las lluvias torrenciales de los últimos días ha sido la puntilla a la situación de la población saharaui en el exterior, dejando sin hogar a más de 25.000 personas.
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