Alfonso Lafarga.- Duras penas de veinte años a cadena perpetua a los 24 activistas de Gdeim Izik; condenas a 17 estudiantes universitarios; 25 expulsiones de observadores internacionales, incluidos periodistas; represión de manifestaciones de solidaridad con los presos políticos, de parados discriminados por ser saharauis y de repulsa por el expolio de sus recursos naturales; detenciones, torturas y malos tratos, agresiones de los colonos marroquíes…
Así transcurrió durante 2017 la vida en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde finales de 1975 cuando le fue entregado por España, que no cumplió con su obligación de descolonizar un territorio que era una provincia más y sus habitantes tenían DNI español.
Y 2017 pasó, un año más, sin que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) tuviera entre sus cometidos la vigilancia de los Derechos Humanos, como hacen las otras quince misiones de mantenimiento de la paz de la ONU desplegadas en cuatro continentes.
Después de siete meses de un juico con continuos aplazamientos y plagado de denuncias por irregularidades, falta de pruebas y garantías, en julio fueron condenados por el Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) 23 saharauis por los hechos del Gdeim Izik, el campamento reivindicativo desmantelado cerca de El Aaiún por el ejército y las fuerzas policiales marroquíes, en noviembre de 2010. En total, ocho cadenas perpetuas, tres de treinta años de cárcel, cinco de veinticinco, tres de veinte y otras cuatro de dos a seis años y medio. En diciembre llego una más, 20 años de prisión para Mohamed Ayoubi, de 70 años, en libertad condicional debido a su critico estado de salud.
Las condenas fueron similares a las de un tribunal militar en 2013, que anuló el Tribunal de Casación; de nada sirvieron las denuncias de los observadores internacionales o la de Human Rights Watch (HWR) y Amnistía Internacional (AI) que emplazaron a las autoridades judiciales marroquíes a no dictar sentencia en base a confesiones obtenidas bajo tortura, prohibida en la Constitución marroquí y tipificada como delito en el Código Penal de Marruecos. Por las torturas que sufrió el preso de Gdeim Izik Naama Asfari, Marruecos fue condenado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Precisamente la mujer de este preso, Claude Mangin, de nacionalidad francesa, fue expulsada en dos ocasiones de Rabat, en febrero y marzo, cuando acudió a ver a su marido.
Días antes de la sentencia de Gdeim Izik, diecisiete universitarios saharauis fueron condenados en Marrakech después de ser aplazado su juicio en doce ocasiones y permanecer 18 meses detenidos: cinco a penas de diez años de cárcel y el resto a tres.
Las manifestaciones de apoyo a los presos políticos saharauis, en especial a los de Gdeim Izik, a los que tras ser condenados se dispersó por diferentes cárceles de Marruecos, lo que dificulta la visita de sus familiares por encontrarse en algunos casos a más de 1000 kilómetros de distancia, se sucedieron a lo largo del año en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental.
Estas expresiones de solidaridad fueron duramente reprimidas por la policía marroquí, lo mismo que las de los desempleados saharauis, a los que se niega sistemáticamente el trabajo. Así ocurrió, por ejemplo, en marzo cuando las fuerzas de seguridad atacaron violentamente en El Aaiún un autocar de la empresa Fosbucraa en el que parados saharauis denunciaban la ausencia de trabajo y la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, causando varios heridos.
Una muestra de la represión que sufre la población saharaui, sin distinguir que sean niños, mujeres o mayores, fue el caso del anciano Deida Uld El Yazid, de 84 años, que perteneció al ejército español y es un símbolo para los saharauis, “el abuelo de la resistencia pacífica”: en agosto y septiembre padeció, en El Aaiún, continuas agresiones y malos tratos de la policía, después de haber sido privado de su vivienda y desmantelada en varias ocasiones la jaima que él y su familia montaron en la calle.
Un muro de minas y otro de silencio
Además del muro de 2.700 kilómetros sembrado de minas que divide a la población saharaui, Marruecos impone otro muro, el del silencio, para que no trascienda lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Contra esto luchan periodistas saharauis que son perseguidos y acosados, como los informadores de Equipe Media, a los que se obstaculizó continuamente la cobertura del juicio de Gdeim Izik, los de Smara News o Radio Maizirat, entre otros . El grupo de periodistas saharauis News Network Activists denunció en noviembre la persecución y los ataques de que son víctimas: en menos de un mes sufrieron ataques, secuestros, palizas, agresiones y confiscación de equipamiento fotográfico, cámaras y teléfonos móviles. Varios periodistas saharauis se encuentran en prisión, como Mohamed Bambári, Salah Lebsir o Walid Albatal,
Marruecos no quiere testigos de lo que hace en el Sáhara Occidental. En 2017 fueron expulsadas, al menos, 25 personas que viajaron como observadoras internacionales, nueve de ellas españolas, entre las que había cuatro periodistas, uno español, y cuatro eurodiputadas , dos españolas, Paloma López, de IIU, y Lidia Senra, de AGE, y un eurodiputado español, Josu Juaristi, de EH Bildu.
Las últimas expulsiones ocurridas en el Sáhara Occidental ocurrieron a finales de diciembre: los investigadores japoneses Akihisa Matsuno, profesor de la Universidad de Osaka, y Kiyoko Furusawa, profesora de la Universidad cristiana de Mujeres de Tokio.
Sobre las expulsiones de los españoles el Gobierno de Mariano Rajoy no trasladó protesta alguna al de Marruecos, como tampoco lo hizo cuando se impidió en marzo entrar en Rabat al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Jesús María Martin Morillo, observador en el juicio de Gdeim Izik.
Es el permanente silencio del Gobierno español en cuestiones del Sáhara Occidental para no enfrentarse a Marruecos; así pasó con la condena de Gdeim Izik -lo mismo hicieron el Partido Popular y el Partido Socialista- y las continuas violaciones de los Derechos Humanos. Sí se expresó en varias ocasiones sobre otros presos políticos, como hizo el 28 de julio: “El Gobierno de España está por la liberación de los presos políticos, en contra de la violencia, a favor del derecho de manifestación y quiere unas elecciones que den la palabra al pueblo”. El presidente Rajoy, que afirmó que “España está a la vanguardia de los Derechos Humanos”, se refería a Venezuela, no al Sáhara Occidental, apesar de su responsabilidad histórica y aunque siga siendo de iure la potencia administradora de este territorio según la ONU y la Audiencia Nacional.
El pasado 2017 no fue una excepción, supuso la continuidad de lo que desde hace 42 años viene ocurriendo en la excolonia española, donde la población espera que se cumplan las resoluciones de la ONU, votar en un referéndum de autodeterminación y decidir su futuro, tal y como acordaron en 1991 el Frente Polisario y Marruecos cuando llegaron a un alto el fue. Conseguido el armisticio, el régimen marroquí se opone a que los saharauis puedan expresar su voluntad.
La siguiente es una relación aproximada de hechos ocurridos en diciembre de 2017 en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y en cárceles marroquíes con presos saharauis, elaborada con datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes:
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