La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está preocupada por los ataques a los activistas en Colombia, las crecientes amenazas al poder judicial en Guatemala y la falta de continuidad del diálogo nacional en Honduras.
Michelle Bachelet, presentó este miércoles sendos informes sobre la situación en Colombia, Guatemala y Honduras, de acuerdo al mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz
Bachelet inició su intervención sobre Colombia instando al Gobierno a aplicar de manera integral la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras cumplirse dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP.
Respecto a la decisión del presidente de colombiano, Iván Duque, de impugnar seis artículos de la ley que regula la JEP, alentó tanto al poder ejecutivo como al legislativo a “debatir y examinar esos artículos de manera rápida y minuciosa”, ya que de establecerse una pronta resolución “permitirá funcionar a la JEP de manera más independiente, al tiempo que reforzará la seguridad jurídica de las víctimas”.
Del mismo modo, mostró su preocupación por los asesinatos de defensores de los derechos humanos. Su Oficina documentó 110 asesinatos durante el año pasado, una cuarta parte de ellos indígenas o afrocolombianos. Asimismo, señaló haber recibió informes de 27 asesinatos adicionales durante el año 2019.
“Muchos defensores de los derechos humanos son atacados por apoyar aspectos del Acuerdo de Paz, como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos. A menudo se desconoce a los autores intelectuales de estos asesinatos y, en consecuencia, se benefician de la impunidad”.
Al mismo tiempo, aplaudió la reanudación de las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y dijo que su Oficina continuará “prestando asistencia al Estado para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y otras personas, y para impulsar la rendición de cuentas”.
Retirada del Acuerdo de la CICIG
En Guatemala, pese a destacar algunos avances importantes en el ámbito judicial por las graves violaciones a las garantías fundamentales ocurridas durante las más de tres décadas de conflicto interno, expresó su inquietud por las “crecientes amenazas” a la independencia del poder judicial y la protección de sus miembros, “como los jueces que presiden juicios cruciales por corrupción y justicia transicional” y los del Tribunal Constitucional”.
Igualmente, manifestó su preocupación por la decisión del ejecutivo guatemalteco de retirarse del acuerdo por el cual se estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que la medida podría significar “un retroceso muy significativo en la lucha por erradicar tanto la corrupción como la impunidad en el país”.
O por la posibilidad de que acabe aprobándose el proyecto de ley que tiene por objetivo modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y que dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno, que prevé una amnistía general y conllevaría la liberación inmediata de todas las personas detenidas por delitos cometidos durante el conflicto.
Honduras
En relación con Honduras, lamentó que el diálogo nacional concluyera el pasado mes de diciembre sin acuerdos. “No obstante, fue un momento importante para el país, ya que permitió que se escucharan muchas voces y que se celebraran importantes debates”.
A su vez, indicó que se deberían adoptar nuevas medidas con el objetivo de desmilitarizar el orden público y establecer un cuerpo de policía civil profesional y responsable debidamente supervisado y capacitado.
Encomió los esfuerzos por establecer un Fiscal Especial para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas y las Personas Responsables de la Administración de Justicia, pese a observar un patrón de criminalización de los defensores de los derechos humanos.
En último lugar consideró “esencial” establecer políticas basadas en los derechos humanos que aborden las causas de la emigración del país.
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