La imposición de penalidades al gobierno venezolano solo dañará al pueblo y no ayudará a alcanzar un acuerdo entre Nicolás Maduro y la oposición.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva el lunes 5 de agosto que impone una nueva serie de sanciones económicas al gobierno de Venezuela. Esta medida es un mensaje claro para la plana mayor del ejército venezolano, el pilar principal de apoyo para el régimen. Estados Unidos no quedará satisfecho hasta que el presidente Nicolás Maduro sea destituido y Venezuela esté en camino de celebrar unas elecciones democráticas.
Pero las amenazas y las sanciones cada vez mayores de Washington no han logrado persuadir a los rangos más altos del ejército venezolano para que abandonen a Maduro. De hecho, pese al colapso económico y la crisis humanitaria que arrasa el país, se han mantenido leales al régimen chavista.
La orden ejecutiva congela los bienes y activos del gobierno venezolano y de las personas que apoyan al régimen de Maduro, además de las sanciones individuales, financieras y petroleras ya en efecto. Al día siguiente, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, explicó en una conferencia sobre Venezuela en Perú que las sanciones tienen el objetivo de negarle a “Maduro el acceso al sistema financiero global” y aislarlo más a nivel internacional. Bolton dejó muy claro que Estados Unidos está preparado para sancionar a “terceros” (países como China y Rusia) que hicieran negocios con el régimen.
La nueva política acerca a Estados Unidos a imponer un embargo total, aunque no tiene el mismo alcance de los que ha impuesto a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. Sin embargo, a menos que logre derrocar a Maduro pronto, el embargo económico empeorará la vida de los venezolanos. Es más, la historia sugiere que quizá no funcione en lo absoluto. En cambio, podría tener consecuencias devastadoras para el país e intensificar la crisis migratoria y de refugiados en la que más de cuatro millones de venezolanos han huido de su país. Esa cantidad no tiene precedentes en Latinoamérica.
Durante los últimos ocho meses, el gobierno de Trump ha respaldado a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, a quien más de cincuenta gobiernos han reconocido como el presidente encargado de Venezuela. En una conferencia de prensa el 6 de agosto, Guaidó apoyó la escalada de las sanciones estadounidenses a Venezuela y también señaló que la orden ejecutiva no incluye los medicamentos, los alimentos, la ropa y la ayuda humanitaria. Los venezolanos comunes pueden no ser el objetivo de las sanciones, pero serán los más afectados por las dificultades económicas y el sufrimiento que conllevan.
Las nuevas sanciones también podrían socavar las posibilidades de negociar un acuerdo. Estados Unidos insiste en que las negociaciones son un error, a pesar de que muchos países de Europa y Latinoamérica apoyan esa opción. Sin lugar a dudas, los intentos previos de dialogar han sido infructuosos, pues el gobierno de Maduro no ha negociado de buena fe. Aun así, la orden ejecutiva llega en un momento en el que las conversaciones en curso auspiciadas por Noruega entre representantes de la oposición y del régimen han dado esperanzas de salir del estancamiento y avanzar hacia una resolución pacífica. En la conferencia de Lima sobre Venezuela, Bolton desestimó esas negociaciones y dijo que “no son serias”, este es “el momento de actuar”.
Las sanciones radicales no son propicias para fomentar la confianza entre ambos bandos, lo cual es fundamental para llegar a un acuerdo viable. Ya el miércoles por la noche, Maduro dijo que no enviaría a una delegación de su gobierno a una sesión de conversaciones con la oposición planeada para esta semana. La única ficha de negociación que la oposición podría ofrecer al régimen es persuadir a Estados Unidos para que aligere las sanciones en vigor.
La orden ejecutiva de Trump da a entender que no estaría dispuesto a hacer eso si Maduro sigue en el poder, algo que probablemente será inaceptable para los chavistas. No obstante, las sanciones combinadas con algún tipo de amnistía —un enfoque al estilo de “el palo y la zanahoria”— podrían terminar convenciendo a la milicia de obligar a Maduro a dimitir y acceder a convocar elecciones libres en un periodo razonable.
Sería mucho mejor que el gobierno de Trump apoyara la iniciativa que ha emprendido Noruega. Con el paso del tiempo, las conversaciones podrían incorporar al ejército venezolano y a Estados Unidos. La Casa Blanca debería otorgar un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los venezolanos que han llegado a Estados Unidos huyendo de las condiciones intolerables de su país. Es difícil reconciliar su negativa a hacer esto con el compromiso que proclama de proteger al pueblo venezolano.
Bolton ha intentado respaldar su teoría sobre la eficacia de estas sanciones severas al presentar como historias de éxito los casos de Panamá, Nicaragua y Cuba. Con la mirada puesta en el cambio de régimen en lo que ha llamado “la troika de la tiranía”, Bolton dijo: “Funcionó en Panamá, alguna vez funcionó en Nicaragua —y volverá a hacerlo— y funcionará en Venezuela y Cuba”.
Eso simplemente no es verdad. Estados Unidos recurrió a la fuerza militar tanto en Panamá como en Nicaragua. En el primer caso, Estados Unidos lanzó una invasión a gran escala que derrocó al gobierno de Manuel Antonio Noriega y lo mandó a prisión; en el segundo caso, armaron y entrenaron a la Contra, un grupo local rebelde que se levantó en armas contra Daniel Ortega. Para Bolton, Cuba parece ser el premio gordo, pero las políticas estadounidenses respecto de la isla han fracasado. El régimen sigue intacto a pesar de un embargo que se impuso hace casi seis décadas.
Trump, Bolton y otros altos funcionarios estadounidenses deberían renunciar a la idea de hacerlo todo por su cuenta y unirse al consenso que ha surgido entre muchos países latinoamericanos y europeos de buscar un acuerdo negociado para acabar con la tragedia venezolana. Estados Unidos es uno de los pocos gobiernos que se han manifestado abiertamente en contra de las negociaciones. Tal como se demostró en la conferencia de Lima, poner a Estados Unidos a cargo de la crisis venezolana podría minar la única solución política que tiene posibilidades de éxito.
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