Dos soldados con una misión: fijar el precio del Sáhara Español

España quería comerciar con el Sáhara, sacar un rendimiento económico de la descolonización de aquel territorio. A la vez que los gobernantes españoles de la Colonia efectuaban los últimos retoques al proceso de preparación de la independencia del pueblo sahauries –que hacía quince años que duraba-, en 1.975 dos jóvenes soldados catalanes, del último contingente de tropas destinadas al Sáhara recibían un encargo: valorar las inversiones y las propiedades del estado español en la Colonia desde principio de los años 60. Claro y conciso: tenían que poner precio al Sáhara. Víctor Farré y Enric Oliva, de 23 y 25 años de edad, respectivamente, con los estudios de la licenciatura en ciencias económicas recién terminados, pasaron de lavar platos, pelar patatas y llevar a cabo los servicios propios de los soldados rasos a dirigir una comisión de estudios especiales. Cómodamente instalados en una residencia de funcionarios, dejaron el uniforme militar y pasaron a disponer de un « pase » que les permitía obtener toda la información necesaria sobre el territorio sin ningún tipo de restricciones.

Resumen general de las inversiones y propiedades del estado español en el Sáhara. No se incluyen el negocio de los fosfatos ni la inversión militar. El estudio consta de un centenar de páginas.« Recuerdo que la primera cosa que nos dijeron es que íbamos a cumplir unas funciones que no podíamos explicar a nadie, y que en ningún caso dijéramos que éramos militares. Se nos había encargado valorar económicamente una hipotética descolonización desde la perspectiva de traspaso de poderes a un gobierno autónomo sahariano Se trataba de saber cuánto valía aquel territorio, y después se decidiría si se regalaba, si se cobraba o se cambiaba por alguna cosa. Fuera como fuera, era un estudio que se tenía que hacer para sentarse en una mesa de negociaciones, bien con el Sáhara o con Marruecos. Ese informe sería la única valoración que tendría el gobierno español sobre la Colonia. El reto era brutal », explica Víctor Farré.

El estudio les fue encargado en Abril de 1.975 y lo finalizaron el 30 de septiembre de aquel mismo año. La cifra total: 14.591.202.498 pesetas, que hoy, 35 años después, tendrían un valor de 14,2 billones de pesetas, o sea 85.370 millones de euros (teniendo en cuenta a tasa de actualización al 973,5%, según el Instituto Nacional de Estadística). Durante ese periodo el estado español se vanagloriaba ante la comunidad internacional de trabajar para convertir a la Colonia española en un estado independiente. Y los cargos militares del Gobierno General del Sáhara creían de corazón en el proyecto, pero desde Madrid, el Ministerio de la Presidencia, encabezado por Antonio Carro, tenía otro guion sobre la mesa. Vender –oficialmente, ceder- la administración de la Colonia a Marruecos.

Dicho y hecho. El 14 de Noviembre de 1.975, seis días antes de la muerte de Franco, se firmaban los acuerdos de Madrid. Sobre el papel se trataba de una declaración de principios entre el estado español, el de Marruecos y el de Mauritania respecto al Sáhara Occidental. España transfería la administración de la Colonia pero no la soberanía, a Marruecos y Mauritania. De tales acuerdos solo se hizo pública una imprecisa declaración: « España se propone poner fin definitivamente a su presencia en el Sáhara, y la fecha tope es el 28 de febrero de 1.976. En el intervalo se propone transferir sus poderes y responsabilidades a una administración temporal que se ha de formar, constituida por los gobernadores adjuntos -marroquí y mauritano- y el actual gobernador general. Tendrá la colaboración de la Yemáa, que expresará la opinión de la población ».

La ley de descolonización del Sáhara fue aprobada por las Cortes españolas el 16 de noviembre y, a finales del mes de enero de 1.976, los últimos militares españoles abandonaban la Colonia. Tres años más tarde, en agosto de 1.979, Mauritania se retiraba de la parte sur y dejaba todo el territorio en poder de Marruecos.

Los dos jóvenes economistas firmaban el estudio el 30 de Septiembre de 1.975. Los soldados gozaron de todo tipo de facilidades para efectuar sus cálculos, y las diversas administraciones, como la de puertos, les aportaron cifras muy detalladas.Tal como consta en el acta de las conversaciones entre las delegaciones del Reino de Marruecos, la República Islámica de Mauritania y España a propósito de los aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración del Sáhara, la única cuantificación que podría considerarse como indemnización hacía referencia a la pesca. Se acordaba que, durante veinte año, 800 barcos españoles podrían pescar en aguas del Sáhara pagando un canon modesto a partir del quinto año y, además, España podría mantener el control del 60% del negocio de los fosfatos, que entre Marruecos y el Sáhara sumaban aproximadamente el 100% de la producción mundial. En segundo lugar, se crearía una comisión mixta para inventariar los bienes públicos españoles que serían transferidos como parte integrante del territorio, y la de aquellos bienes que pudieran ser objeto de transferencia mediante pago de una indemnización. Tales acuerdos, no obstante, nunca fueron respetados por Marruecos, y España no hizo por ello un causus belli.

En ningún lugar se hacía referencia a un precio de venta, pero en los acuerdos de Madrid existen unos anexos secretos donde, al parecer, esté incorporado el informe de los dos soldados catalanes. Si Marruecos pagó o no los 14.591.498 pesetas posiblemente no se sabrá nunca de forma cierta –el gobernador general del Sáhara, Gómez de Salazar, y el secretario general, Rodríguez de Viguri, ambos muy disgustados con la entrega de la Colonia a los marroquíes, están muertos-, pero tanto Víctor Farré como Enric Oliva, que lo rememora en la entrevista que publicamos en las páginas 28 y 29, como ya lo avanzó el semanario del Ampurdán Hora Nova, recibieron la medalla al Mérito de África por su estudio económico.

Y, todavía más. La tarde en que se firmaron los acuerdos de Madrid, ambos soldados fueron convocados al despacho de los máximos dirigentes del gobierno general del Sáhara. Allí, Gómez de Salazar y Rodríguez de Viguri les informaron que el proceso de independencia había fracaso, pero que ellos tuvieran el consuelo de que el traspaso se había efectuado por el precio exacto calculado por los dos soldados catalanes.

Víctor Farré, examina el estudio que hizo, junto a Enric Oliva, hace 35 años. Dice que su estancia en la Colonia española, a los 23 años, fue una lección de vida y un entrenamiento personal impagables.El documento, de un centenar de páginas, desgrana minuciosamente las propiedades, desde los edificios hasta el material fungible de oficinas, pasando por inversiones en agricultura, carreteras construidas o material de señalización marítima. Algunas dificultades de acceso a la información, sobre todo en lo relativo a los edificios y extensiones de terrenos, hicieron que los economistas novatos advirtieran de que podía existir un margen de error en el cálculo del 3%.

En el texto introductorio los autores remarcan que en todo momento se han servido de « informes directos de todos los servicios de este gobierno, especialmente de los de Arquitectura, Registro de la Propiedad, Sección de Patrimonio y Hacienda y del Instituto Nacional de la Vivienda », aparte de « informaciones recogidas in situ por esta Comisión Especial ». A modo de ejemplo, el valor de los inmuebles propiedad del estado español en la Colonia en los treinta núcleos de población existentes sumaba 3.360.768 pesetas.

En el capítulo de obras públicas se inventariaron las obras a precio de coste y se actualizaban los valores aplicando un coeficiente combinado de depreciación y revalorización. Según los cálculos, la cifra invertida llegaba a 8.462.623.073 pesetas, es decir, más del 50% del total contabilizado en el estudio. En ese ámbito, el trabajo fue algo más sencillo, porque disponían de una estadística completa del kilometraje construido y el precio por kilómetro actualizado. Como el coste en la construcción de carreteras era muy elevado, Farré y Oliva consideraron oportuno aclararlo, a la vez que, de paso, se ponía de manifiesto la voluntad descolonizadora del gobierno del Sáhara: « Este valor es tan alto debido a que en la construcción de las pistas se hace servir preferentemente mano de obra, en detrimento de métodos de construcción más eficaces y no tan costosos. Tal hecho obedece a la política de lucha contra el paro, que ha sido una de las constantes preocupaciones del gobierno en este territorio ». En ese apartado se llegaron a contabilizar hasta las alcantarillas –en 1.965 se habían invertido tres millones de pesetas en el sistema de alcantarillado-, las conducciones de agua y el alumbrado público.

Respecto de la arquitectura, el informe cuantifica el valor de los hospitales, dispensarios, políticas sanitarias contra el cólera, polideportivos, piscinas, casinos, viviendas y también mezquitas, iglesias, mercados y mataderos, entre otros. El valor de los edificios religiosos, mataderos, cementerios y mercados, por ejemplo, ascendía a 57 millones de pesetas, mientras que la inversión en hospitales y atención sanitaria era de 61 millones de pesetas. La partida mayor se había destinado a la construcción de viviendas y urbanizaciones: 215 millones a precio de coste.

Con referencia al capítulo de agricultura, Farré y Oliva cuantificaron el coste de la ganadería que también pertenecía al estado español. Los animales habían costado 2,2 millones y en terrenos, cultivos y edificios y explotaciones ganaderas se habían invertido 105.280.000 pesetas. El estudio también calculaba el valor del parador de turismo del Sáhara: 218.928.968 pesetas.

En el apartado que cuantifica los bienes muebles, los autores ya hacían referencia a la evacuación del territorio y exponían dos supuestos: « En el supuesto 1 se evacua todo el material, y en este caso se facilita peso, volumen y zona de embarque del material. En el supuesto 2 se evacuan solamente algunos bienes que por sus características son de especial rendimiento y siempre que evacuarlos no implique una grave distorsión en el funcionamiento de los servicios. En este supuesto se valora el material que se quedará en el territorio ». En la relación de bienes muebles para servicios aparecen, por ejemplo, Radio Sáhara, valorada en 25.000.000 de pesetas; la delegación de la ONCE, con unos bienes que se valoraron en 49.048 pesetas; dos cámaras Polaroid Mini Portrait M-40, por un importe de 75.000 pesetas; o un videocasete Philips, valorado en 65.000 pesetas. En el supuesto que solamente se tuvieran que evacuar los materiales más valiosos y que se dejaran en el territorio los imprescindibles para el funcionamiento normal de los servicios o los de escaso valor, los bienes transportados abandonados en el Sáhara sumarian 94.855.405 pesetas.

Los economistas valoraron un segundo estudio, cuando ya se sabía que el Sáhara iba a pasar a manos marroquíes. Calcularon las indemnizaciones a las empresas europeas que debían abandonar inminentemente el territorio.Una vez finalizada la tarea de poner precio a la Colonia española, los dos economistas catalanes recibieron un segundo encargo: calcular las indemnizaciones a que tendrían derecho los propietarios de negocios cuando tuvieran que abandonar el territorio. El documento es firmado el día 15 de noviembre de 1.975, justamente el día siguiente a la firma de los acuerdos de Madrid.

Pero, lógicamente, el trabajo de campo y los cálculos se habían iniciado muchos antes. Farré y Oliva explican que enviaron cuestionarios a las empresas, desde las más grandes hasta pequeños comercios. Solicitaban información sobre partidas del balance, como por ejemplo los recursos propios, el volumen de ventas y los beneficios, además de las inversiones realizadas en el negocio en los últimos años. La información se completó con los datos que poseía Hacienda.

En la introducción del estudio se deja claro que los economistas asumen que el Sáhara acabará en manos de Marruecos. « El objeto de este estudio es determinar los créditos a conceder a las empresas propiedad de europeos (nombre con el que se designaba a los españoles que vivían en el Sáhara pero que eran originarios de la península, mientras que a los saharauis, aunque tuvieran DNI español, eran conocidos por nativos), que hayan tenido que abandonar el territorio, como ayuda para poder reemprender sus negocios en otra provincia española ».

Si el Sáhara Occidental debía ser independiente, no hacía falta que las empresas abandonaran el territorio. Por tanto, cuando se hizo el informe, durante octubre y los primeros días de noviembre de 1.975, ya existían muchos rumores sobre la cesión a Marruecos. La comisión de estudios especiales propuso conceder créditos a un interés del 6%, a un plazo de diez años, con un primer año de carencia de pago de la cuota, aunque sí de los intereses. « Era una forma de indemnizarlos sin tenerles que pagar al contado » explica Víctor Farré, quien recuerda que también se propuso que los créditos se concediesen sin necesidad de avales « porque la mayoría eran gente cuya única solvencia consistía en su pequeño negocio o su trabajo ».

El presupuesto global de los créditos a conceder a las empresas propiedad de europeos residentes en el Sáhara ascendía a 803.670.000 pesetas para un total de 325 negocios. La empresa distribuidora de combustibles CEPSA cobraría 11 millones de pesetas, mientras que en el tramo inferior se situaban los bares, con indemnizaciones que oscilaban entre las 350.000 pesetas y 500.000. La sala de fiestas Ébano Club recibiría 3.300.000 pesetas; Insamarta, fábrica de harinas y pescado, percibiría 18.000.000 pesetas, mientras que el cine Aaiun debía ser retribuido con 7.500.000 pesetas. En total, Farré y Oliva pusieron como precio por el cierre de las más de 300 empresas, entre las que había un pescador catalán dedicado a la compra y venta de langostas, que tendría derecho a 4.000.000 pesetas.

Pero ¿los empresarios llegaron a cobrar tales compensaciones en forma de cheque o crédito « blando »? Rafael de Valdés fue el representante español en la comisión tripartita que negoció la cesión a Marruecos en los acuerdos de Madrid. Y, aunque no tenía el cargo oficial de gobernador general del Sáhara porque la Colonia ya no era española, se quedó en el territorio hasta el 28 de febrero de 1.976. Después presidió la comisión liquidadora en Las Palmas, que de hecho era la antigua delegación de Hacienda del Sáhara.

Esta comisión ya había desembolsado 163 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones por el desarraigo sufrido por 3.500 evacuados cuando se empezó a estudiar el pago de compensaciones a comerciantes y empresarios. El organismo se hallaba integrado por diversos delegados ministeriales. Se tenía que hacer estudios sobre los negocios que reunían las condiciones necesarias para el percibo de indemnizaciones. Estas condiciones eran: que el inmueble en que se ubicara el negocio o industria no se pudiera desmontar, que las materias primas no pudiesen ser evacuadas o que se hubiesen perdido durante el trayecto, o cualquier otro perjuicio que se pudiera justificar directamente por los descolonizadores.

El hijo del presidente de esta Comisión, llamado también Rafael de Valdés, confirma que se hicieron los pagos a los propietarios: « Mi padre presidía esta comisión en Las Palmas, que efectivamente pago las indemnizaciones a los comerciantes que vivían en el Sáhara, muchos de los cuales rehicieron su vida en las Canarias. Si Marruecos pagó una compensación económica a España por la cesión no lo puedo asegurar, pero no me parecería muy extraño », asegura.

Aparentemente, el Sáhara Occidental es un desierto. Pero alrededor de este territorio siempre se ha escondido una espesa red de intereses históricos, económicos y geoestratégicos entre España y Marruecos, que explican porque finalmente la colonia española no obtuvo la independencia. Marruecos quería el control absoluto de los abundantes recursos naturales del desierto, especialmente la fosforita, una ronca que contiene pentoxido de fosforo, componente esencial del ácido fosfórico. Este producto es de gran importancia para la agricultura, porque es un componente de los fertilizantes. La mina de Bucraa, una de las mayores del mundo, fue descubierta en territorio sahariano en 1.963. Al precio actual, los fosfatos procedentes de dicha mina aportan a las arcas del reino de Marruecos unos 1.250 millones de euros anuales.

Posiblemente, el hallazgo de esta mina hirió gravemente las aspiraciones de independencia del Sáhara Occidental, pese a que tres años antes el gobierno español había empezado el proceso de descolonización.

Por otro lado, la industria pesquera también explica la conjunción de intereses que 35 años después mantienen bloqueada la situación nacional del Sáhara. La costa sahariana es un punto estratégico para Marruecos. De hecho, entre el70% y el 90% de las capturas marroquíes se embarcan en territorio sahariano.

http://avile.es/noticias-todas/38-noticias-de-interes/129-espana-mercadeo-con-el-sahara?start=3