Por Alfonso Lafarga
Lo garantizó el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 26 de diciembre en el Palacio de la Moncloa, en una rueda de prensa trasmitida en directo: “España defenderá el respeto a los derechos humanos desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.
Lo dijo casi al final de su intervención, antes de iniciarse el turno de preguntas. Aprovechó para señalar que la presencia en el Consejo de Seguridad, que durará dos años, era “una recuperación de la imagen internacional de España”.
Estas fueron sus palabras: “Desde ese Consejo, España seguirá defendiendo los principios en los que se asienta nuestra convivencia: la libertad, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la cooperación entre las naciones”.
A finales de abril de este año el Presidente del Gobierno tendrá que demostrar hasta donde alcanza su compromiso con la defensa los Derechos Humanos, cuando el Consejo de Seguridad estudie la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
Las organizaciones de Derechos Humanos saharauis (no autorizadas) en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, el Gobierno saharaui y organizaciones de DDHH internacionales piden insistentemente que la MINURSO tenga entre sus competencias la vigilancia de los Derechos Humanos. Incluso los Estados Unidos llegaron a plantearlo hace dos años, pero el Gobierno de Marino Rajoy se alineó con Francia, que defendía la cerrada y persistente negativa marroquí a ampliar el cometido de la misión de Naciones Unidas, y la propuesta no prosperó.
Marruecos, que reiteró a lo largo de 2014 que no acepta una MINURSO con prerrogativas en materia de DDHH, tiene en actualmente en el Gobierno de Rajoy a uno de sus principales aliados, justo cuando las relaciones entre Paris y Rabat no pasan por sus mejores momentos a raíz del intento de un juez galo de interrogar en febrero de 2014 al jefe de la policía antiterrorista marroquí (DST), Abdelatif Hamouchi.
El doble juego de la diplomacia española
La posición española parce clara, pero tiene un doble juego. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, mantiene en público una postura “oficial”, como hizo el 16 de diciembre de 2014 en el Senado; dijo que desde el Consejo de Seguridad España seguirá « honrando sus compromisos » con el Sáhara Occidental, apoyando una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Pero el Wikileaks marroquí ha puesto al descubierto en los últimos meses documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí y de su servicio secreto exterior (DGED) que revelan el apoyo español a las propuestas de Rabat.
Menos diplomático fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien el 15 de diciembre dijo en Las Palmas de Gran Canaria que las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos en aguas del Sáhara Occidental se enmarcan dentro del « respeto más absoluto al derecho internacional, de sus competencias y de su ámbito territorial y son conformes al derecho aplicable », lo que motivo un aluvión de protestas desde el entorno saharaui.
La violación de los Derechos Humanos en los territorios del Sáhara Occidental que Marruecos ocupó a finales de 1975, a los que ninguna potencia ha reconocido legitimidad, se producen a diario: represión de manifestaciones, detenciones, torturas, desapariciones…, tal y como se ve en los resúmenes mensuales de “elespìadigital.com”.
En las cárceles marroquíes hay más de setenta presos políticos, cuyas condiciones de vida y situación judicial han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o el Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (RFKC). El 28 de septiembre falleció en el hospital militar de Dajla el preso Hassana Luali al no recibir la atención médica adecuada según denunció su familia, que reclamó infructuosamente informes médicos y una autopsia realizada por médicos independientes.
Las denuncias ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, organismo oficial creado por Mohamed VI con comisiones regionales en El Aaiún y Dajla, deben ser contestadas en el plazo de tres meses, pero no ocurre así, como ha concretado HRW que, además, ha reseñado casos en los que se condena a los acusados con pruebas obtenidas bajo torturas o maltratos. Precisamente el 19 de diciembre salió de la cárcel tras cumplir condena Abd Motalib Asrir, y denunció ante el CNDH haber sido torturado y violado, sin resultado positivo.
Las organizaciones solidarias con el pueblo saharaui denuncian que las autoridades marroquíes no quieren testigos de lo que allí ocurre. En 2014 Marruecos expulsó, al menos, a 65 observadores internaciones, de ellos 45 españoles, del Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización y del que España sigue siendo la potencia administradora según la ONU. El ministro García-Margallo guardó silencio.
En la rueda de prensa citada al principio, Rajoy reiteró por segunda vez el papel internacional de España en el Consejo de Seguridad: “Siempre a favor de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de las personas, empezando por su vida; siempre”.
¿Qué hará en abril el Gobierno del Partido Popular en el Consejo de Seguridad? ¿Tendrá en cuenta la solemne defensa de los Derechos Humanos hecha por Mariano Rajoy, o esa promesa no cuenta si se trata de ciudadanos saharauis?
La siguiente, y en esta ocasión para conocimiento del Presidente Rajoy y del ministro García-Margallo, es una relación aproximada de hechos ocurridos en diciembre de 2014 en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y ciudades del sur de Marruecos con población saharaui, según datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes:
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