La « guerra sucia » de España hacia Cataluña, deriva autoritaria y neo-franquista.
Por Elvira Cerezo
El « derecho penal del enemigo » es un sistema que utiliza cualquier gobierno fascista en la historia y cualquier gobierno moderno con derivas autoritarias. Podemos citar, entre otras cosas, el nazismo, en una historia no muy lejana, o regímenes como la Turquía de Erdogan, o incluso otros de nuestro mundo moderno, a los que hoy se podría añadir España.
El derecho penal se utiliza, para derrotar la disidencia política, para asustar a las poblaciones minoritarias que tengan una aspiración a la libertad e independencia, se encarcela a los líderes políticos perfectamente pacifistas acusándolos de delitos que, según el código penal, requieren actos violentos, se crean ficciones para justificar estas detenciones arbitrarias, según un juicio de un grupo de trabajo de la ONU. Es el caso de los presos políticos actualmente en las cárceles españolas, principalmente de los independistas catalanes. Se persigue una ideología y no a las personas, que, en este caso, se demostró perfectamente durante el juicio, ya que se descubrió que el estado español estaba investigando personalidades del mundo independentista catalana, buscando eventuales crímenes ya calificados de « rebelión » o « sedición », esto desde 2015 !!! ¡Antes de que el gobierno de Carles Puigdemont, actualmente en el exilio o encarcelado, sea investido! Se han llevado a cabo investigaciones preventivas para enmarcar un hecho u otro, presente o futuro, en los delitos previamente elegidos. Lo cual es completamente contrario a los derechos humanos y las convenciones internacionales.
¿Pero por qué llegamos allí? Cataluña tiene una larga historia, que se remonta a principios de la Edad Media, a la era carolingia. Tiene su propia identidad, su idioma, su cultura, sus costumbres. Formaba parte del Reino de Aragón, que también se llamó confederación catalano-aragonesa, después del matrimonio de la hija del rey de Aragón, Petronilla, con Raymond Berenger IV, conde de Barcelona y Provenza, en 1131. En la Edad Media, los « países catalanes » también incluían la ahora francesa Cataluña, Valencia, Baleares, etc. Territorios de lengua y cultura catalanas. La unión con Castilla data de 1472. Varias monarquías se unieron en una sola monarquía en 1516; sin embargo, cada reino retuvo sus instituciones políticas y mantuvo sus propios parlamentos. Esta situación se topó con la política centralista española. Pero Cataluña se rebeló contra esta deriva centralista y en 1640 estalló el término de « guerra de segadores » (segadors) que se retomó hoy en el himno nacional catalán. Desde entonces y en varias ocasiones, Cataluña ha luchado por su independencia. Vio a 8 de los últimos 9 presidentes de los gobiernos catalanes, ya sea encarcelados, exiliados o torturados, y en el caso de Companys fusilado, después de haber sido entregado por Hitler a petición de Franco.
Para comprender la fuerza del sentimiento nacionalista catalán, fue necesario hacer un breve regreso a la historia. El deseo de poseer su propia nación no tiene nada que ver con los partidos que vemos surgir hoy en Europa, y que en su mayoría son muy derechas, o incluso en la extrema derecha. Estos últimos son en su mayoría antieuropeos y contra la inmigración. Los separatistas catalanes están representados por partidos tan diferentes como un partido de centro derecha, un partido de izquierda y un partido de izquierda radical, así como por poderosas organizaciones civiles.
Cataluña ha demostrado en el pasado y continúa haciéndolo su apertura para recibir inmigrantes de cualquier raza, religión o procedencia. Ninguna sociedad es tan mixta como la catalana, donde cada segunda familia tiene al menos un abuelo o una abuela de otro origen. El movimiento independentista, que es esencialmente pacifista, también es proeuropeo. (« Casa nostra casa vostra » gran manifestación del 18.02.2017) a favor de la recepción de los refugiados, que tuvo lugar en Barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=DM9tEirHH0A.
Volvamos al « derecho penal del enemigo » y a la inmensa represión que actualmente tiene lugar en Cataluña por parte de España, represión, además, completamente ignorada o casi por la Unión Europea. Este no es un caso contra 12 personas, que enfrentan entre 17 y 25 años de prisión. Este es un pueblo entero. Muchos otros juicios en curso, uno que ataca a los cuadros del gobierno catalán, justo debajo de los líderes, treinta personas, por delitos de desobediencia, irregularidades, documentos falsos, revelación de secretos y prevaricación, todo esto relacionado con el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Cientos de alcaldes de toda Cataluña, con cargos penales por haber puesto a disposición de los los colegios, bomberos, cuadros de la policía catalana, también acusados de rebelión por los acontecimientos del 1 de octubre, etc. La lista es larga y sigue creciendo.
Volvamos a este famoso referéndum. El 1 de octubre de 2017. A pesar de que el Tribunal Constitucional declaró ilegal este referéndum, el gobierno de Carles Puigdemont, por lo tanto, el programa político preveía un referéndum de independencia y que había sido votado en este programa por una mayoría parlamentaria, decidió hacer avanzar y llevar a cabo este referéndum. Después de muchos intentos de iniciar un diálogo con el gobierno de Rajoy, los líderes políticos catalanes decidieron seguir adelante.
Aunque todo el proceso de los independistas catalanes giró en torno a la organización de este referéndum, es muy importante saber que el hecho de organizar un referéndum, incluso ilegal, y financiarlo fue despenalizado en 2005, lo cual ha sido publicado en el BOE (boletín oficial del estado): https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-10621
Algunos podrían preguntarse: ¿y qué? ¿Qué se juzga exactamente? El deseo del estado español, en el momento preciso del gobierno de Rajoy, era dar un gran golpe contra el independentismo. ¿No se peude meter a la gente en la cárcel por organizar un referéndum? ¡Qué más da! Los pondremos en prisión por otros delitos.
A pesar de la indignación de una gran parte de los juristas de toda España, y no solo indepentistas, así como de muchos juristas y otros colectivos extranjeros, se han inventado los crímenes de « rebelión » y « sedición », o más bien se ha torcido su interpretación jurídica. En efecto, estos delitos, inclusive el derecho penal español, están vinculados al uso de armas, a la violencia insurgente y militar, que puede derogar las estructuras del estado. Se imputa todo un clima de la llamada « violencia » del otoño de 2017, sin realmente poder demostrar nada. Se criminaliza específicamente lo que sucedió el 20 de septiembre, o sea una gran concentración frente a las oficinas de la economía del gobierno catalán, y lo que sucedió el 1 de octubre, día del referéndum.
El 20 de septiembre y por enésima vez, un fiscal por órdenes de Madrid envía fuerzas de la Guardia Civil (policía española) para realizar registros en una administración catalana (alrededor del 20 de septiembre, se realizaron cerca de cuarenta registros en todas partes en Cataluña). La población, al alcanzar un grado considerable de indignación se reúne espontáneamente, convocada por las redes sociales, frente a estas oficinas. Después de solo unas pocas horas, la multitud llega a 45,000 personas. Los dos líderes de las sociedades civiles, actualmente en prisión por 2 años, van al lugar para canalizar las cosas. Conclusión: se monta una escena, los músicos improvisan conciertos, la gente canta, baila. ¡Ninguna agresión (aparte de una botella de plástico lanzada), ningún encarcelamiento, ningún herido, nada! Día festivo, aunque parcialmente tenso a veces. Los dos líderes de estas sociedades civiles han estado en prisión durante dos años por haber montado sobre dos autos de la Guardia Civil en los que se montaron varias otras personas durante todo el día, principalmente miembros de la prensa. Estos autos fueron dañados durante este día y aún no sabemos por quién. Este es el único daño material de esta concentración de 45.000 personas. Los dos líderes montaron en el techo de estos autos en la noche, siguiendo el consejo de un oficial de policía, para anunciar el final de la manifestación y que la gente se vaya de manera civil y pacífica (que también fue perfectamente filmada). Actualmente están en prisión sobre la base de estas imágenes.
Cuando ocurrieron los eventos del 1 de octubre, todos pudieron ver las imágenes. Gente pacífica, con ganas de votar, haciendo resistencia frente a las universidades, sentados o parados con los brazos en alto, sin agresión y sin defenderse cuando las fuerzas de seguridad los desalojaron con una brutalidad inaceptable. Conclusión: las personas que estaban sentadas en el suelo fueron arrastradas por los brazos, golpeadas, los ancianos arrojados al suelo, etc. Más de 1000 heridos entre la población. La gente de la Guardia Civil afirma que hay un centenar de heridos entre la policía, pero vimos en el juicio que pocos de ellos podían demostrar que necesitaban asistencia médica y también es sorprendente que este último, que llevaba cámaras durante esta operación, no mostró imágenes de estas cámaras durante este largo juicio que incluyó a más de 400 testigos.
En cuanto al juicio en sí, una instrucción llena de irregularidades, basada únicamente en los informes de la Guardia Civil, cuyo jefe que firmó todos los informes, un cierto teniente Baena, que se reveló que usaba un apodo en Twitter con el nombre de « tacito » que se ensañaba contra los independistas catalanes, que reconoció al principio y luego negó. Este personaje, por orden del fiscal Javier Zaragoza, ha estado a la cabeza de todas estas investigaciones desde 2015. Este fiscal, que anteriormente era fiscal del gobierno español, luego formó parte de la Corte Suprema, durante el reciente juicio contra los líderes independentistas, como acusador público. Los observadores internacionales, juristas reconocidos de alto nivel llegados de España, de la Unión Europea y del mundo informaron sobre el desarrollo del juicio, que son abrumadores en relación con muchas violaciones de los derechos humanos. Varios informes fueron envíados a la ONU.
Aunque el sistema judicial español funciona bastante bien, a nivel de las altas instancias, es decir la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Audiencia Nacional, está completamente politizado, porque es designado por responsables de partidos políticos. Estos magistrados se consideran investidos de una misión, la de salvar la unidad del Estado español, en detrimento del respeto del derecho penal, a despecho de la ley y la justicia, la democracia y los derechos humanos, arrollando todo a su paso. Y mientras tanto, el estado español, ya sea Rajoy o Sánchez, no hace nada para corregir la situación, a pesar de las numerosas peticiones de Europa para que se reforme el modo de nombramiento de los jueces. La sombra de Franco planea …
PostScriptum de 1Dex: Elvira Cerezo seguirá la actualidad catalana y tal vez proporcionará algunos artículos sobre la realidad del juicio de los presos políticos que ha seguido en su totalidad.
Source : L’1Dex, 18 ago 2019
Tags : España, Cataluña, Catalunya, independentismo,