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  • Rajoy y Mohammed VI, dos caras de la misma moneda

    Durante los eventos de la denominada Primavera Arabe, los egipcios descubrieron un nuevo fenómeno que desconocían : el régimen incita, manipula e utiliza a una franja de la población para atacar a sus opositores. A este nuevo fenómeno lo llamaron “baltaga”. El termino se expandió enseguida en toda la población del mundo árabe.
    Este cobarde método de represión lo utilizó Hosni Moubarak por primera vez en Egipto. Lo aprendió de su amigo el rey de Marruecos, Mohammed VI, y éste último lo aprendió de su padre. Hasán II llegó incluso a eliminar a algunos rivales políticos utilizando la “baltaga”. El exprimer ministro marroquí y jefe del partido islamista PJD, Abdelilah Benkirane, participó en en 1974 en el asesinato de Omar Benjelloun, uno de los líderes socialistas más notables después del difunto Mehdi Ben Barka.
    Con los acontecimientos de Cataluña, descubrimos que el gobierno de Mariano Rajoy tiene los mismos métodos que los autócratas más sanguinarios y más corruptos del planeta. Sabiendo que en Cataluña nadie respondería a su llamamiento a manifestarse contra el referéndum catalán, no vaciló en alquiler centenas de autobuses para llenarlos de “baltagias” de su régimen, tan ignorantes y ciegos como los que vimos en Egipto y Marruecos.
    Mohammed VI llenó autobuses para organizar manifestaciones contra España y Ban Ki-moon cuando declaró en Tindouf que el Sáhara Occidental es un territorio ocupapdo.
    A la “baltaga” se añade la política del garrotazo que tan bien comparte Rajoy con las peores dictaduras del mundo.
    El debate abierto en España muestra que entre la situación política y social en España está a cien mil leguas de igualar a la de países como Francia, Alemania, Bélgica, Suecia… En este aspecto, España más se parece a su vecino del sur.
    Al igual que en Marruecos, los magistrados y periodistas españoles se activan de una manera muy insultante contra el independentismo catalán y se callan ante la ciega represión de la policía.
    Rajoy confirma las raíces fascistas de su partido, creado por antiguos caciques del régimen franquista.
    Autobús de la chusma movilizada por los fascistas de Madrid
  • España : El inicio del fin del régimen del 78

    Vicenç Navarro*
    Como indiqué en un artículo anterior reciente (La necesaria movilización de las fuerzas democráticas frente a los herederos del franquismo, Público, 28.09.17), ha habido siempre dos visiones de lo que es España. Una ha sido la dominante, que alcanzó su máximo desarrollo durante la dictadura franquista, y que ha continuado durante todo el periodo postdictatorial democrático, como consecuencia del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron sobre el aparato del Estado y sobre la gran mayoría de los medios de información en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, mal definido como modélico. Tal visión es la uninacional, presentando a España como la única nación existente de la península ibérica no portuguesa, y que se encuentra reflejada en un Estado monárquico centrado en la capital del Reino, Madrid (que tiene poco que ver con el Madrid popular), de la cual irradian todas las otras regiones, situación claramente reflejada en su sistema de transporte radial, tomando la capital como punto de llegada y de salida de cualquier vía de trasporte. Tal visión de España ha sido históricamente la característica de las derechas españolas.
    Ni que decir tiene que han ocurrido cambios importantes en este Estado uninacional que han diluido algo su centralismo. Pero, por lo general, este ha mantenido las principales características del Estado uninacional, en cuyos aparatos continúa reinando la cultura heredada del régimen dictatorial anterior, incluyendo su uninacionalidad.
    La otra visión es la plurinacional, que piensa que en España hay varias naciones con distintos idiomas y culturas que deben asociarse voluntariamente y no por la fuerza, con soberanías que puedan compartirse si así lo desean. Esta última visión es la más arraigada en la cultura republicana, promovida históricamente por las izquierdas. Alcanzó su máxima expresión durante la II República, que fue interrumpida por un golpe militar (ayudado por tropas del régimen nazi alemán y del fascista italiano) estimulado por las derechas, realizado por unas tropas que se definieron a sí mismas como las “nacionales”, que dijeron defender la Unidad de España, unidad que, por cierto, nadie estaba cuestionando. Lo que el president Companys de la Generalitat de Catalunya estaba pidiendo no era la desunión, sino la redefinición de España. El president Companys, lejos de ser secesionista, se consideraba español y quería ayudar a establecer una nueva España. Era altamente popular, no solo en Catalunya, sino también en el resto de España. Un indicador de ello es que cuando fue liberado de la cárcel de Cádiz, fue aclamado por la población de las distintas ciudades españolas que tuvo que atravesar en su vuelta a Barcelona. Esta visión plurinacional fue brutalmente reprimida (el president Companys fue fusilado) durante la dictadura, siendo considerada como la anti-España. Tal visión plurinacional fue también la que estaba en los programas de todos los partidos de izquierda, tanto catalanes como españoles, durante la resistencia antifascista. Todos ellos apoyaron el derecho de autodeterminación (lo que ahora se llama el derecho a decidir), garantizando así una unión voluntaria y no forzada de los distintos pueblos y naciones de España.
    La imposición por parte del Monarca y del Ejército de la visión uninacional en el periodo democrático
    Dicha visión fue abandonada, sin embargo, durante la transición debido al veto que pusieron el Monarca y el Ejército. Las izquierdas catalanas, sin embargo, nunca abandonaron tal compromiso. Y el gobierno tripartito dirigido por el socialista Pasqual Maragall propuso un Estatut en 2005 que definía a Catalunya como nación dentro del Estado español, Estatut que, a pesar de haber sido votado y aprobado por el Parlament, por las Cortes Españolas (con sustanciales recortes) y por la población catalana en un referéndum, fue vetado por las derechas españolas, lideradas por el PP, que controlaban (y continúan controlando) el Tribunal Constitucional. Fue, como bien señala el conocido y reputado catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, en su reciente artículo L’obligació de Rajoy, ARA (04.10.17), “un golpe de Estado” en el que se violaba la llamada soberanía popular (expresada en la aprobación del Estatut en el Parlament, en las Cortes Españolas y en el referéndum que tuvo lugar en Catalunya) por parte de un tribunal (el Tribunal Constitucional) controlado por las derechas herederas del Estado franquista, vetándolo. Y todo ello bajo el acuerdo constitucional, sancionado por la inmodélica transición. De ahí surgió, como también señala Javier Pérez Royo, la rebelión que ha llevado al 1 de octubre. A ello ha contribuido la enorme pasividad y el silencio ensordecedor del PSOE y de la gran mayoría de la intelectualidad española. Esta rebelión fue radicalizándose a medida que el gobierno Rajoy, máxima expresión e instrumento de los vencedores de la Guerra Civil y de las fuerzas que dominaron la transición, ignoró, desoyó y despreció las propuestas que le hicieron los sucesivos gobiernos de la Generalitat para redefinir su relación con el Estado español. Era, pues, inevitable que lo que está pasando, pasara. Los partidos independentistas, principalmente dos bajo la alianza de Junts Pel Sí, no habían sido independentistas hasta recientemente, siguiendo un proceso bastante predecible: la gran mayoría de ellos (CDC y ERC) habían sido antes federalistas, transformándose en independentistas cuando no vieron ninguna posibilidad de cambio dentro del Estado actual.
    Las raíces franquistas de las derechas españolas (muchas de las cuales se definen como de centro o centroderecha)
    Está claro que la mayor responsable de la gran crisis existente hoy en España es la pervivencia de la cultura franquista en los aparatos del Estado. Hay que recordar que el PP fue fundado en 1977 bajo el nombre de Alianza Popular, una alianza de las asociaciones políticas de ultraderecha franquista de las cuales las más destacadas fueron: Reforma Democrática, liderada por Fraga Iribarne, ministro del Estado dictatorial franquista durante el periodo 1962-1969 y 1975-1976; Unión del Pueblo Español, liderada por Cruz Martínez Esteruelas, ministro entre 1974-1976; Acción Democrática Española, liderada por Federico Silva Muñoz, ministro en 1965-1970; Democracia Social, liderada por Licinio de la Fuente y de la Fuente, ministro en 1969-1975, y vicepresidente del gobierno durante el periodo 1974-1975; Acción Regional, liderado por Laureano López Rodó, ministro en 1965-1967, 1967-1973 y 1973-1974; Unión Social Popular, liderado por Enrique Thomas de Carranza, gobernador de Toledo en 1965-1969 y procurador de las Cortes Españolas en 1971-1977, miembro de Fuerza Nueva; y Unión Nacional Española, ministro en 1970-1974. Todos ellos eran fundadores de dicha fuerza política. Hoy la relación entre tal partido y aquel régimen se reproduce leyendo la biografía de gran número de sus dirigentes. Un ejemplo es Rafael Hernando, actual portavoz parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, que fue miembro de Alianza Popular desde los años ochenta, y que según algunas informaciones periodísticas habría mostrado simpatías hacia el partido de ultraderecha Fuerza Nueva.
    Ni que decir tiene que dicho partido es una especie de paraguas bajo el cual hay diversas sensibilidades, desde la fascista (que explica que en España no haya un partido ultraderechista de masas) hasta la cristianodemócrata y la liberal. Pero su cultura hegemónica es claramente franquista, y su nacionalismo uninacional extremo es heredero del existente durante la dictadura. Esta visión, tanto en la versión extrema como en la versión más moderada, es la que domina la intelectualidad española, basada en la capital del Reino. Han contribuido a ello los mayores medios de información, incluyendo El País, que fue establecido por algunos personajes dentro de la dictadura que se consideraron reformadores, tales como Fraga Iribarne, quien fichó a Juan Luis Cebrián para que lo gestionara. Juan Luis Cebrián (cuyo padre fue el director del diario Arriba, el diario oficial del régimen fascista) había sido director de los servicios informativos de la Radio Televisión Española en 1974, que era el mayor instrumento propagandístico del régimen dictatorial. Ni que decir tiene que El País fue abriéndose, permitiendo cierta pluralidad en sus páginas, de las cuales fueron excluidas, con notables excepciones, las izquierdas y los que cuestionaron la visión uninacional del Estado, convirtiéndose en el máximo valedor de la Monarquía y de tal Estado. Su respuesta a la crisis actual ha sido un furibundo ataque a las nuevas izquierdas y a los partidos independentistas (el último ejemplo es el artículo de uno de sus intelectuales, el Sr. Santos Juliá, que, predeciblemente, atribuye todo lo que ocurre en Catalunya a la CUP, un partido independentista que obtuvo solo un 8% de los votos validos en las elecciones de 2015).
    El establishment uninacional, heredero del franquismo, pone todo el peso de su argumentario en defensa de su visión uninacional (que justifica la represión llevada a cabo por los aparatos judiciales y de seguridad del Estado en Catalunya) en el respeto a la ley y a la Constitución, leyes y Constitución que en gran medida fueron elaboradas en un proceso altamente desigual (que propagandística y erróneamente se definió como modélico), dominado por las derechas.
    Ni que decir tiene que, incluso en el caso de que se aceptara que la ley refleja la soberanía popular (supuesto altamente cuestionable), hay que señalar que el gobierno Rajoy se ha saltado las leyes españolas constantemente, siendo uno de los partidos políticos con mayor corrupción en España. Y, de nuevo, incluso aceptando que la ley fuera resultado de la soberanía popular (que no lo es), su aplicación es constantemente sesgada a favor de los intereses económicos, financieros, religiosos, partidistas y de clase que ejercen un enorme dominio sobre el aparato judicial; el caso Millet en Catalunya y el caso Púnica en España son un ejemplo de ello. El enorme conservadurismo y corporativismo del estamento judicial es de sobras conocido.
  • ¡El Rey ha hablado!

    ¡El Rey ha hablado! Es alucinante las similitudes que como saharaui uno puede observar, salvando (mucho) las distancias, de la situación en catalunya. Un régimen represor que da palos a ancianos y un monarca que retroalimenta ese comportamiento con mensajes incendiarios.
    Que el Estado Español sea un estado mezquino y cobarde, es un hecho que llevamos comprobando 40 años los que vivimos en campamentos de refugiados por su deslealtad a la legalidad internacional y a los ciudadanos que en su día fueron « Españoles ».
    No entender los procesos de emancipación y las lógicas y sentimientos que los acompañan, no entender que se alejan de los ejes que polarizan la política (Derecha/Izquierda), y sobre todo, no atender a sus ciudadanos es lo que hace de esta España un régimen sentenciado a muerte.
    Ali Mohtar
  • Quién estás detrás de WSHRW?

    Conocen a la asociación WSHRW? Sus siglas significan Western Sahara Human Rights Watch. No creen que se parece demasiado a Western Sahara Ressources Watch (WSRW), la asociación que lleva años desempeñando un magnífico trabajo.

    Todo indica que se trata de un clonaje. Quién está interesado en clonar a esta organización tan importante para los intereses del pueblo saharaui?
    El que está detrás de esta singular Dolly, como la primera oveja que se clonó, no es ni más ni menos que el fracasado catedrático de pacotilla que dice impartir clases en la Universidad de Santiago de Compostela, el denominado Carlos Ruiz Miguel.
    Por qué decidió este energúmeno crear una copia de esta importante ONG? Porque Carlos era miembro y no se conformaba con ser un simple miembro. Quiso imponerse, no lo consiguió y se retiró de WSRW. Como su juego está más que claro, intenta no aparecer para que no se descubra su vergüenza.
    Yo estoy al corriente porque fui miembro del grupo que dirige Carlos en Google y que lleva el mismo nombre : WSHRW. Pero no resistí su arrogancia ni su narcicismo. En mi vida, he visto un tío más creído.
    La página lleva años y sigue siendo invisible y sus publicaciones son mediocres, al igual que la idea de crear WSHRW. Y lo peor es que se cree que escribiendo un artículo simestral, aportará la independencia a los saharauis.
    Nuestro amigo Carlos sufre de un verdadero problema de credibilidad. Ya nadie le lee ni le sigue. Estás hartos de oir : “como ya dije en este blog….”. Pero es feliz con saber que hay un grupo de inocentes que le escucha y le obedece.
    Ah, otra cosa, para convencer a su desgraciado público, pretende no saber quien está detrás de Maroc Leaks y Tasribat Almajzen. Y no es el único que sabe quién soy. El es el mentiroso y farseador, además de la cara de patito feo que tiene.
    Hay un refrán saharaui que dice « si alguien te muerde y no le haces lo mismo, va a pensar que no tienes dientes ». Carlitos no pensará eso de mí porque mis mordeduras son mucho más peligrosas.

    wshrw-mailing-list@wshrw.org 


  • Marruecos : El hombre que aterrorizó a Europa

    Generalmente es un hecho que beneficia de un consenso. La apariencia física de una persona es uno de los principales componentes de la comunicación no verbal ya que transmite información a otros y suele tener, en mayor o ,menor grado, algún impacto sobre ellos.
    Sin embargo, siempre hay excepciones ya que a veces las apariencias engañan. Tomemos el ejemplo de Yassine Mansouri, Director General de la DGED, el servicio de espionaje de Marruecos. Es el hombre que aparece en la foto junto a su padre. En aquel entonces, aún era joven.
    A primera vista, se diría que tiene cara de un angel. Es la impresión que daría a quien no lo conozca. Detrás de esa sonrisa se esconde un personaje cruel y sin escrúpulos. Un energúmeno que aprendió la grosería y la falta de diplomacia de su soberano. Su narcicismo le hace pensar que quizás pueda gestionar el expediente del Sáhara Occidental mejor que Hassan II y que es capaz de engañar a los europeos planificando operaciones de terrorismo encubiertas. Pero como dice el refrán saharaui, la madre del ladrón acabará llorando por él porque siempre termina en prisión.
    Marruecos, lleva desde el 11-M burlándose de Europa pretendiendo intrumentalizar la amenaza terrorista y así consagrar el título que se concedió a sí mismo como mejor aliado de Occidente en la lucha contra el terrorismo. Pero el tiro le salió por la culata. Los europeos acabaron dándose cuenta de sus artimañas y están reflexionando sobre la actitud que deben adoptar con el Estado terrorista que surgió en la riviera sur del Mediterráneo.
    Fuente : Maroc Leaks
     
  • Una más de El País con el Sáhara Occidental

    También suscitó varias protestas un editorial de 1 de marzo de 2017 titulado “Crisis en el Sáhara” : el profesor Portillo dijo que “remitir y endosar a la ONU y a la comunidad internacional la resolución del problema del Sáhara Occidental, como hace el editorial de El País, es, por supuesto, muy cómodo, pero también muy hipócrita y parcial”, pues hay crisis en el Sáhara Occidental desde que Marruecos invadió el territorio saharaui, fue un Gobierno de la dictadura franquista quien firmó los Acuerdos Tripartitos, ilegales e ilegítimos, y el Gobierno del Partido Popular “no movió un solo dedo por el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación” cuando España presidió el Consejo de Seguridad

    Por Alfonos Lafarga
    AL.- El diario El País ha soliviantado a los saharauis y a su entorno solidario con un reportaje sobre los campamentos de refugiados en el mundo, epero n el que no incluyó los que desde hace más de cuarenta años habitan en Tinduf (Argelia) los saharauis que tuvieron que huir de la invasión marroquí del Sáhara Occidental, tras abandonar España el territorio sin proceder a su descolonización.

    Pero este no es un caso único en la forma en que El País trata el conflicto del Sáhara Occidental.
    En el reportaje del periódico de PRISA, publicado el 20 de junio de 2017, se incluyeron “Los 10 mayores campos de refugiados del mundo”, pero no aparecieron los de los saharauis. La autora, Patricia R. Blanco, señalaba que la clasificación había sido elaborada con datos de Acnur y varias ONG y que incluía “solo campos de refugiados y no colectivos de refugiados como sirios, saharauis o somalíes”.
    La indignada reacción del mundo saharaui no se hizo esperar y la Defensora del lector de El País. Lola Galán, recibió “decenas y decenas de cartas de particulares y de asociaciones de solidaridad o ayuda al pueblo saharaui”. “La cifra ha sido tal que me ha sido imposible contestar a todos los correos para explicar las razones que han llevado a Blanco a dejar fuera de su artículo los campos de refugiados saharauis en Argelia”, escribió.
    La Defensora del lector publicó la explicación de la autora del reportaje, según la cual seleccionó “los 10 mayores campos de refugiados del mundo en cuanto al número de personas a las que dan cobijo” y dijo que no existen datos de que algunos de los cinco campos de Tinduf “sume más de 55.000 refugiados, que es aproximadamente el número de personas que alberga Yida, en Sudán del Sur”, el último de la clasificación de El País.
    Esta explicación, contabilizar por separado los cinco campamentos saharauis , fue puesta en evidencia desde Poemario por un Sahara Libre: “La alucinante respuesta que se ha dado es que se ha contado por separado a las wilayas (El Aaiún, Dajla, Bojador, Auserd y Smara) en que se dividen administrativamente los campamentos. Francamente intentar una vez más invisibilizar a los refugiados saharauis y ofrecer una excusa tan peregrina demuestra una vez más por qué El País está tan de capa caída y no para de perder lectores”.
    El razonamiento dado desde el periódico se contradice con su propia información: en segundo lugar figura Dollo Ado (Etiopía), con unas 212.023 personas, “un macrocomplejo integrado por cinco campamentos”, justo los mismos que hay en Tinduf, en los que la Agencia de la ONU sitúa 165.000 refugiados, un 60 por ciento jóvenes menores de 30 años.
    Cartas críticas que no se publican
    Esta no ha sido la única ocasión en que informaciones de El País sobre el Sáhara Occidental motivaron el envío de cartas al Director o de artículos, que no merecieron la atención del periódico.
    En abril de 2015 el exprofesor de Estructura económica internacional de la Universidad Autónoma de Madrid Luis Portillo llamó la atención sobre una información en la que se dijo “misión de las Naciones Unidas para el Sáhara (Minurso)”, y se omitieron “dos letras letras y palabras clave: la R de Referéndum y la O de Occidental.
    Esta carta y otras del profesor Portillo matizando informaciones que consideró inexactas sobre el Sáhara Occidental no se publicaron, como tampoco un artículo que remitió sobre la reunión del Consejo de Seguridad para renovar el mandato de la Minurso.
    A Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco, tampoco le fue publicada la carta en la que rebatió la expresión “ciudad marroquí de Dakhla”, utilizada el 12 de agosto de 2016 en el suplemento “El viajero”, lo que dijo era “desgraciadamente coherente con la línea editorial de El País desde hace años”.
    Soroeta escribió: “Dakhla es una ciudad saharaui, ocupada ilegalmente por Marruecos desde 1975. Aunque la ONU lo viene proclamando desde aquél año, hace unas semanas (julio de 2016), el Consejo y la Comisión Europea han reconocido expresamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Y, aunque me temo la respuesta, me atrevo a preguntar: ¿va continuar El País apoyando la ocupación ilegal marroquí, y, en consecuencia, la violación del Derecho internacional?”.
    El periodista David Bollerol dijo que alabar la postura de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental era “una auténtica desfachatez” y que el editorial omitía detalles como que fue Marruecos quien incumplió en la región de El Guerguerat el Acuerdo Militar firmado en 1991 por Marruecos y el Frente Polisario. El País “obvia en su reivindicación del referéndum de autodeterminación el hecho de que si éste no se ha celebrado aún es porque Marruecos lo ha impedido. Aplaudir en este contexto la actitud de Mohamed VI, más allá de ser inaudito, es ruin”, señaló.
    El 7 de junio de 2010 El País insertó un cuadernillo de publicidad sobre Marruecos, en el que se incluyeron como marroquíes las ciudades del Sáhara ocupado, Bojador, El Aaiún, Dajla, Smara y Cabo Juby a las que se llamo “el Marruecos Sahariano”.
    Según Espacios Europeos el reportaje publicitario no cumplía las normas de estilo del diario, ya que la tipografía era la misma que la del resto del periódico.
    Poemario por un Sahara libre dijo sobre este cuadernillo: “El País entra en terreno enfangado al publicitar alegremente la ocupación ilegal del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, pendiente aún de descolonizar y sobre el que Marruecos no tiene reconocida ningún tipo de soberanía, simplemente es el ocupante tras una invasión ilegal”.
  • Mayo saharaui: Gdeim Izik, el eterno juicio farsa

    Alfonso Lafarga.-
    Que el 26 de diciembre de 2016, justo después de Navidad, se iniciase el juicio contra los 24 saharauis de Gdeim Iizik atisbó lo que vendría después: continuos aplazamientos que dificultan la presencia de los abogados defensores y observadores internacionales, así como la de las familias saharauis que se desplazan desde los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos
    Ese mismo día, el 26 de diciembre, el juicio fue aplazado hasta el 23 de enero, con lo que los abogados y observadores internacionales que estaban en Salé, cerca de Rabat, tuvieron que volver a sus lugares de origen y los saharauis a El Aaiún, donde en noviembre de 2010 fue arrasado por el ejército y las fuerzas policiales marroquíes el campamento reivindicativo de Gdeim Izik y detenidos los saharauis a los que ahora se juzga.
    Lo dijo la eurodiputada de Izquierda Unida y observadora Paloma López: la vista corría el peligro de dilatarse en el tiempo con el único propósito de que cada vez asistiesen menos observadores internacionales y, así, dictar unas sentencias que pueden estar “preparadas”, pese a la falta de pruebas incriminatorias.
    Los aplazamientos, sin causa aparente, se repitieron varias veces, como ocurre habitualmente con los juicios a presos políticos saharauis; un claro ejemplo es el caso de los 16 universitarios detenidos hace más de año y medio en Marrakech, vusta que se ha pospuesto ya diez veces.
    Por el contrario, cuando sí había una causa que exigía el aplazamiento del juicio de Gdeim Izik, como fue la renuncia de los procesados a sus defensores, no se hizo: los nuevos abogados designados del oficio, elegidos entre letrados marroquíes asistentes al juicio, tuvieron que asumir su función de forma inmediata, sin reunirse con los presos y sin poder estudiar el sumario.
    Ante el cumulo de irregularidades y convencidos de que son objeto de un juicio político con sentencias ya decididas, los presos saharauis renunciaron el 16 de mayo a estar presentes en la sala y sus abogados a la defensa; dos letradas francesas, Ingrid Metton y Olfa Ouled, fueron sacadas por la policía prácticamente en volandas cuando intentaban hacer una declaración y una de ellas sufrió lesiones en un brazo.
    A las confesiones de los procesados obtenidas bajo tortura los observadores internacionales han añadido una larga lista de irregularidades, entre ellas que al juicio se haya incorporado como acusadora una parte civil que no intervino ni en el proceso militar, que condenó a los presos a penas de veinte años de cárcel a cadena perpetua, ni en el recurso de apelación que anulo la sentencia, así como la admisión de nuevas pruebas y testigos desconocidos hasta ahora.
    La falta de jurisdicción territorial del Tribunal, por celebrarse el juicio en Marruecos cuando los hechos ocurrieron en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y el hecho de no haber sido admitido un dictamen de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas son algunas de las quejas de los observadores internacionales. Una asociación francesa ha destacado la ausencia en el juicio de la MINURSO como organización responsable de los saharauis en las zonas ocupadas y el que no lo puedan seguir organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
    Nadie se ha librado de presiones, ni los observadores internacionales con grandes medidas de control y seguridad, -fotografías de los documentos de identidad por personas no identificadas en el exterior del Tribunal, cacheos continuos, prohibición de entrada de cualquier tipo de dispositivo electrónico- ni los saharauis que permanecen en el exterior del Tribunal, a los que han intentado anular grupos de marroquíes mediante agresiones y la utilización de altavoces de gran potencia.
    Los obstáculos a los observadores internacionales llegaron hasta el punto de impedirse al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Jesús María Martín Morillo entrar en Rabat y ser expulsada en dos ocasiones la ciudadana francesa Claude Mangin, esposa del preso político Naama Asfari, uno de los procesados de Gdeim Izik. También fueron expulsados loa observadores de la organización noruega Changemaker Hans Inge Alander y Diego A Vaula Foss, que se habían desplazado al Sáhara Occidental en una de las interrupciones del juicio.
    A los abogados de origen saharaui acreditados por el Consejo General de la Abogacía española Fatma Elgalia y Mustafa se les quiso impedir la entrada en la sala del Tribunal, pero al cabo de tres horas y ante la posibilidad de un plante de otros abogados, pudieron acceder.
    Las trabas se han extendido a los periodistas de Equipe Media, grupo de comunicación saharaui, a los que llegaron a bloquear su página en Facebook; las autoridades marroquíes desactivaron las redes de telefonía e internet cercanas al palacio de Justicia y el cámara saharaui Mohammed Dadi fue detenido durante cuatro días.
    Y mientras tanto, ni una palabra por parte del Gobierno español, gran parte de los partidos políticos y, salvo excepciones, de los medios de comunicación. Lo dijo la activista saharaui Hayat Rguebi, que ha estado en Salé apoyando a los presos: “Me duele mucho la actuación del Gobierno de España y de los partidos políticos”; “dicen mucho, pero hacen poco”; “hablan a diario de temas lejanos como Palestina, pero no del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos por culpa de España”; “es una vergüenza que no estén con nosotros, con una causa justa, a la que no hacen caso”; “se justifican con la ayuda humanitaria, pero necesitamos actuaciones políticas”, “no lo entiendo”.
    La que sigue es una relación aproximada de hechos ocurridos en mayo de 2017 en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y en el transcurso del juicio que se celebra cerca de Rabat contra 24 presos políticos saharauis, según datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes:
    https://contramutis.wordpress.com/2017/06/17/mayo-saharaui-gdeim-izik-el-eterno-juicio-farsa/
  • « Offshore leaks » : et au Maroc ?

    Publié dans Lakome le 04 – 04 – 2013
    35 médias internationaux ont commencé ce jeudi à dévoiler les noms de particuliers détenteurs de comptes ou sociétés offshore. Au Maroc, Lakome a retrouvé plusieurs personnalités proches du pouvoir liées à des paradis fiscaux mais aucune suite n’a pour l’instant été donnée… 
    Les premières révélations en France ont fait l’effet d’une bombe ce jeudi matin. Le quotidien Le Monde vient de révéler que l’ancien trésorier de campagne de François Hollande, Jean-Jacques Augier, possède deux sociétés offshore basées aux Iles Caïmans. D’autres révélations sont attendues aux quatre coins de la planète : plus de 35 médias internationaux sont associés sur les Offshore Leaks, ces 2,5 millions de documents concernant des sociétés offshore et qui ont été transmises à un réseau international de journalistes, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), basé à Washington.
    Les documents – des contrats et des fax numérisés, des copies de passeports, des e-mails, de la correspondance bancaire et de nombreux autres documents – sont issus de deux sociétés spécialisées dans les domiciliations offshores. Depuis plusieurs mois, plus de 80 journalistes du monde entier travaillent sur cette masse de données.
    Au Maroc, où aucun média n’a été associé à cette opération, plusieurs personnalités proches du pouvoir ont déjà été liées à des paradis fiscaux et des opérations opaques grâce à l’enquête de Lakome sur les carrières de sable, publiée en janvier dernier. Les sociétés en question, en plus d’être domiciliées dans des paradis fiscaux, opèrent dans un secteur rentier par excellence : les carrières de sable et de pierre. Un secteur auquel les proches du régime ont un accès privilégié.
    Le Maroc et les Iles Vierges Britanniques
    Parmi les sociétés découvertes par Lakome, «Millenium Invest Limited », domiciliée au Iles Vierges Britanniques et qui a décroché en 2009 une autorisation des autorités pour exploiter une carrière de 51 hectares sur le domaine privé de l’Etat. La société, dont les actionnaires sont inconnus, ne déclare depuis sa création aucune activité ni aucun bénéfice.
    Le représentant de Millenium Invest Limited au Maroc, Antonio Mavica, un gestionnaire de fortune basé en Suisse, gère aussi une deuxième société basée aux Iles Vierges Britanniques, « Clarkenson Group SA », dont les actionnaires – inconnus – ont fait des affaires au Maroc avec plusieurs personnes dont un membre du cabinet royal, Hassan Mansouri, bras droit du secrétaire particulier du roi Mounir Majidi.
    Interrogé par Lakome, Hassan Mansouri ne voyait pas de mal à traiter avec des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. « Ce sont des investisseurs étrangers privés pour lesquels la crise financière internationale à amener à redéfinir leur stratégie d’investissement et dont il faut surtout espérer le retour », expliquait-il.
    Autre société découverte par Lakome : « MDS Participations SA », domiciliée au Luxembourg et associée dans l’exploitation des carrières marocaines avec Rachid Fahmane, proche du palais et vice-président de la fédération royale des sports équestres. Ses actionnaires sont inconnus, représentés au Maroc par Loubna Majidi, sœur de Mounir Majidi. Là non plus aucun bénéfice n’a été déclaré pendant la durée de leurs activités.
    Ces sociétés et personnalités marocaines n’ont fait l’objet d’aucune enquête publique depuis la publication de Lakome, même si la direction générale des Impôts affirme avoir bien pris en compte ces informations.
    « Les paradis fiscaux, menace pour la démocratie »
    Suite aux premières révélations des Offshore Leaks, la nouvelle directrice du Monde, Natalie Nougayrède, s’est fendue d’un éditorial pour dénoncer l’opacité du système et la nécessité pour les pouvoirs publics d’agir. « Les paradis fiscaux sont une menace pour la démocratie. Ils minent l’état de droit en jouant sur la dissimulation. Ils sont l’aubaine absolue des fraudeurs de tous bords. Ils favorisent le détournement de richesses publiques dans les Etats où fleurissent concussion et corruption ». Elle ne croit pas si bien dire…
  • Abdallahi Ould Mohamedy voyage aux frais de la DGED marocaine

    La presse française s’est fait écho, dans les derniers jours, d’un fonctionnaire français recruté par les services secrets marocains. Il s’agit d’un agent de la police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne) qui a été interpelé le 29 mai 2017 pour filtration de documents confidentiels sur des fichiers « S ». En échange, la DGED marocains lui offrait de l’argent liquide et des voyages au Maroc tous frais payés. Des avantages dont profite aussi le mauritanien Abdallah Mohamdy, le patron du groupe Sahara Media.
    Selon les documents révélés par le hacker Chris Coleman, la DGED était sollicitée par ses collaborateurs en vue d’obtenir des tickets d’avions pour se déplacer au Maroc et ailleurs aux frais des services de Yassine Mansouri.
    Le 18 juin 2011, Ould Mohamdy s’est fait offrir un billet Rabat-Paris-Madrid-Casablanca réservée par Mourad Rhoul en personne, le directeur du cabinet de Yassine Mansouri, le directeur général de la DGED.
    Le nom de Abdallah Ould Mohamdy figure dans toutes les listes des relais de la DGED chargés de diffuser la propagande du Makhzen, y compris les attaques visant à diaboliser le Front Polisario et l’accuser d’organisation terroriste.
    Il a été nommé administrateur de l’agence de presse APA en guise couverture pour justifier les allocations qu’il reçoit de la DGED.
    Source : Maroc Leaks
  • Khadija Mohsen Finan s’adresse à la DGED pour la publication d’un article très critique envers le Makhzen

    Moins d’une semaine après le discours royal annonçant la nouvelle consitution (17 juin 2011), Khadija Mohsen-Finan, se met en contact avec Abdelmalek Alaoui, responsable de Global Partners Intelligence, un des bureaux de la DGED spécialisé dans le contrôle des médias.

    Mme Finan voulait publier un article très critique sur la pseudo-réforme constitutionnelle proposé par le Makhzen.
    En toute évidence, son article a été rejeté. Cependant il ya lieu de se demander quelle est la relation entre Mme Finan et cet agent de la DGED.

    Voici le texte intégral de son écrit:

    « L’exception marocaine » dans la tournante révolutionnaire
      Lorsque les révoltes secouaient le monde arabe en cet hiver 2011, la classe politique marocaine ne s’est pas sentie concernée par le vent de liberté qui a soufflé sur l’ensemble de la région. Elle  a mis en avant le caractère particulier de son système et les réformes qui ont été engagées depuis les années 1990.
    Deux éléments essentiels seraient  au fondement de cette « exception marocaine » censée mettre le régime à l’abri des turbulences révolutionnaires : la légitimité dynastique du monarque qui est toujours reconnue et les réformes engagées par Hassan II et poursuivies par Mohamed VI pour tourner la page de l’autoritarisme.
    En succédant à son père en juillet 1999, celui qui avait été surnommé le « roi des pauvres », s’est inscrit d’emblée dans la continuité des réformes initiées par Hassan II. Le champ politique est reconfiguré, la monarchie y intègre une opposition socialiste longtemps boudée et les islamistes du parti de la Justice et du Développement (PJD) profitent de l’ouverture politique pour se faire accepter.
    Ce régime d’ « alternance »permettait d’assurer la rotation des élites tout en légitimant le pouvoir monarchique  en lui donnant, par un  toilettage « modernisateur », l’aspect d’une monarchie constitutionnelle.
    Pour autant, l’ambiguïté n’était pas levée sur le rôle précis du monarque et du gouvernement face à des dossiers essentiels. En réalité, l’association de l’opposition socialiste en mars 1998 n’avait pas privé le trône de son monopole politique et le roi conservait la gestion des principaux dossiers.
    L’alternance a permis à Hassan II de redéfinir la fonction monarchique en réaffirmant son rôle de pièce maîtresse dans un jeu politique dont il continuait de définir les règles et au sein duquel il arbitrait les conflits entre acteurs politiques rivaux. Les consensus de façade qui avaient permis l’adoption de la réforme constitutionnelle de 1996 montraient que le roi demeurait bien la seule source du pouvoir dans le pays. Les partis politiques traditionnels avaient alors recentré leurs revendications sur les garanties juridiques et institutionnelles dans le déroulement des consultations électorales, s’attachant davantage aux procédures qu’aux programmes politiques.
    Mohamed VI s’est inscrit dans la continuité de cette ouverture qu’il a  essaye de prolonger en lui donnant les aspects d’une transition politique. Dans son essence, comme dans sa méthode, l’alternance survivait à Hassan II.
     Une presse indépendante a vu le jour à la fin des années 1990, portée par des acteurs désireux de rompre avec les anciennes pratiques journalistiques. Petit à petit un espace public s’est mis en place.
    Mais progressivement, au cours des années 2000,  les libertés des années précédentes se sont rétrécies, au nom des lignes rouges qui ne doivent jamais être franchies : monarchie, islam et intégrité territoriale.
    D’autres mesures ont été prises, allant dans le sens affiché par la monarchie d’une plus grande modernité politique comme la réforme du statut personnel Moudawana ou encore la mise en place de l’ Instance Equité et réconciliation (IER). Dans tous les cas, il s’agissait d’abord de renouveler le pacte entre gouvernants et gouvernés et de construire un consensus autour d’une question.
    En 2004, la création de l’IER en est l’illustration. Le pouvoir marocain s’était approprié un travail sur la mémoire des « années de plomb », à froid, sans qu’aucune crise ne l’ait suscitée. En général, ce sont les situations de transition politique qui donnent lieu à la création de telles commissions dont le but, entre autres, est de consolider le processus d’ouverture politique. Le recours à ce genre de procédés a donc lieu après une guerre civile, une longue période d’oppression ou la chute d’un régime dictatorial pour aller vers un Etat de droit. Au Maroc, cette rupture ne s’est pas produite. Ce travail sur l’histoire, sur un passé avec lequel on a  souhaité réconcilier les citoyens s’est fait à l’initiative et sous le contrôle étroit du palais.
    Pourtant, cette histoire réécrite dans les années 2000 est bien celle du système politique, qui décide lui-même de bâtir une cause nationale axée sur la réparation matérielle et morale de l’injustice causée. Contrairement à d’autres opérations de réconciliation qui se sont inscrites dans le cadre des politiques d’après-violences qui ont accompagné des transitions démocratiques, dans le cas du Maroc, il ne fut question ni de vérité ni de justice, mais seulement de réparations.
     Pour Rabat, ce travail de mémoire permettait de corriger les abus du système politique sans toucher à ses normes ni à ses fondements, puisque le roi, pièce centrale de l’autoritarisme de ces années, incarne aussi l’ouverture des années 1990 et des années 2000.
    Cette question se pose à nouveau aujourd’hui avec la réforme de la Constitution. En effet, avant même d’en évaluer le contenu, la démarche  semble d’abord poser problème au niveau de la forme.
    Nous sommes bien devant une monarchie qui « offre » des réformes, qui initie le changement, qui met en place l’alternance. Bref qui décide du moment, de l’aspect à donner, et du contenu de ces réformes octroyées. Elle intervient même sur la réponse qu’elle souhaite obtenir par le biais de la consultation référendaire. A la fin de son discours du 17juin, Mohamed VI n’a-t-il pas martelé le OUI avec lequel il allait lui-même se prononcer ?
    Le roi se pose ainsi tantôt en roi-citoyen, en  citoyen votant, en roi réformateur offrant une « réduction « de ses propres prérogatives dans la cadre d’une ouverture politique initiée par son propre père et à laquelle il adhère totalement, bien qu’imparfaitement, puisque les libertés se réduisent.
    Cette confusion des rôles a longtemps était mise sur le compte du particularisme marocain, occultant quelque peu le contenu même des réformes et leur application. Aujourd’hui, alors que beaucoup se félicitent de cette « révolution tranquille », il serait bon de nous interroger sur cette avancée que l’on dit sans précédent.
    Le 20 février dernier, l’onde de choc des révolutions tunisienne et égyptienne atteint le Maroc où de très nombreux manifestants exigent des changements politiques profonds et la fin de la corruption. Mohamed VI se montre à l’écoute et annonce le 9mars une « réforme constitutionnelle globale »  préparée dans le cadre d’une commission ad hoc, pour être soumise au peuple le 1er juillet.
    Le projet a pour objectif essentiel de rééquilibrer le partage du pouvoir au sein de l’exécutif. Pour cela, les prérogatives du roi doivent être limitées au profit du Parlement et du gouvernement, avec la désignation du Premier ministre au sein du parti ayant remporté les élections législatives.
    Le 17juin, dans un discours fleuve, le roi expose les grandes lignes de la nouvelle Constitution qui  représente, dit-il « un tournant historique et déterminant dans le processus de parachèvement de la construction de l’Etat de droit et des institutions démocratiques ».
    Le ton est ainsi donné, et le monarque rappelle également que ce processus ne correspond pas à un octroi par la monarchie mais a bien été élaboré « en parfaite communion avec toutes les forces vives de la Nation ». Il s’agit donc bien, comme par le passé, d’un consensus renouvelé et d’un nouveau pacte entre le trône et le peuple qui laissent à la marge tous ceux qui n’y adhèrent pas.
    Au niveau des prérogatives du roi, il est difficile de croire que son pouvoir soit réduit, celui-ci n’est plus constitutionnellement définit dans un article, il est dilué dans toutes les dispositions. Pour assurer la stabilité du régime, il s’assure un large domaine réservé, assurant des missions régaliennes en tant qu’arbitre et garant.
    Au plan religieux, fait surprenant, le Conseil des Oulémas est désormais inscrit dans la Constitution.  Quant au roi, il conserve son titre de Commandeur des croyants et reste la première autorité religieuse du pays. Sa personne est inviolable, même si la notion de sacralité est remplacée par celle de respect qui lui est dû.
    Dans quelle mesure sommes-nous vraiment dans une diminution de son rôle et comment évoquer le cheminement tant salué vers une monarchie constitutionnelle ?
    Certes le pouvoir du Premier ministre est plus important, mais ce changement ne correspond à une véritable avancée que si les élections sont conduites dans la transparence et la compétition politique, ce qui n’était pas réellement le cas jusqu’ici.
    Au delà du fonctionnement des institutions et du rôle du roi, la nouvelle Constitution inscrit des changements qui viennent consolider des réformes engagées, comme celle de la Moudawana mais dont l’application demeure très mystérieuse, comme l’égalité de l’homme et de la femme pour ce qui concerne les droits civils.
    En réalité, compte tenu du rôle central du monarque, des zones d’ombre et de la difficulté de mettre en application certaines mesures peut-on réellement parler d’équilibre des pouvoirs et saluer un texte qui validerait l’aspect démocratique de cette monarchie, mettant en avant son caractère constitutionnel ?
    A l’aune de ce que nous avons vécu dans le monde arabe, les manifestants marocains peuvent-ils se satisfaire d’annonces peu précises et présentées comme le parachèvement d’un processus démocratique engagé de longue date ?
    Dans sa forme comme dans son contenu, la réforme constitutionnelle proposée s’inscrit dans l’ouverture octroyée par la monarchie, une ouverture dosée et contrôlée. Mais si dans les années 1990, cette ouverture paraissait enviable dans un monde arabe immobile, elle paraît aujourd’hui bien en deçà des exigences d’une rue qui a compris que les libertés et l’Etat de droit s’arrachent dans une négociation entre une société civile, aujourd’hui très puissante, et un pouvoir qui peine à donner un souffle nouveau à un mode de gouvernance vieilli et décalé dans le contexte arabe.
    Khadija Mohsen-Finan
    Politologue. Université de Paris VIII