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  • Sahara Occidental : Los acuerdos nulos de Madrid

    JULIO D. GONZÁLEZ CAMPOS

    Catedrático de Derecho InternacionalComo tantos otros episodios de la política exterior de la dictadura, el asunto del Sahara Occidental aún conserva muchos de sus aspectos en la sombra. Entre ellos, el singular desenlace que le diera El Gobierno presidido por el señor Arias Navarro, el 14 de noviembre de 1975, fecha en que éste firma en Madrid con los representantes de los Gobiernos de Marruecos y Mauritania una «declaración de principios» sobre el territorio bajo administración española. Este acuerdo internacional, al igual que las posteriores medidas encaminadas a su ejecución, creo que nunca ha sido aceptado por una gran parte de la opinión pública española, que aún sigue preguntándose cómo pudo llegarse a tal solución. De otra parte, las consecuencias de aquel acuerdo todavía siguen pesando dolorosamente no sólo sobre el destino del pueblo saharaui, sino sobre nuestras propias relaciones exteriores en la actualidad. Parece obligado, por tanto, tratar de esclarecer el alcance de aquel acto, no tanto para juzgar un pasado político ya muerto, sino porque este pasado, en el caso del Sahara Occidental, aún sigue afectando el futuro de nuestras relaciones internacionales.

    Por el acuerdo de Madrid, el Gobierno aceptó dar por terminada la presencia española en el territorio antes del 28 de febrero de 1976, creándose una «administración temporal» del Sahara Occidental, en la que se incluían, junto a las autoridades españolas encargadas de liquidar la anterior administración colonial, dos Gobiernos adjuntos nombrados por Marruecos y Mauritania. Con ello, se abrió el camino para la inmediata ocupación militar del territorio por parte de los dos Estados -no sin encontrar una fuerte resistencia armada de su población- y para su posterior reparto entre ambos, realizado en el acuerdo de 14 de abril de 1976. Este resultado es tanto más sorprendente ya que el Gobierno español había defendido reiteradamente -ante, los órganos políticos de las Naciones Unidas (NU) y, con abundantes pruebas documentales, ante el Tribunal Internacional de Justicia-, que ninguno de los dos Estados a los que ahora se entregaba el territorio poseía título jurídico alguno sobre el mismo. Extremo que fue reconocido por el principal órgano judicial de las NU en su dictamen consultivo del 16 de octubre de 1975.

    Correlativamente, el Gobierno español admitió en dicho acuerdo que la voluntad del pueblo saharaui, que debía expresarse libremente en un referéndum celebrado bajo los auspicios y la garantía de las NU, podía ser reemplazada por la apariencia de una consulta a la «Yemaa», que se realizó sin contar con un gran número de sus miembros y ante la presencia de las fuerzas de ocupación marroquíes. Resultado no menos sorprendente, porque se halla en abierta contradicción con anteriores declaraciones españolas, entre ellas, la hecha por el entonces jefe del Estado, el 21 de septiembre de 1973, que afirmaba que el pueblo saharaui era «el único dueño de su destino» y que el Estado defendería «la libertad y la voluntad de libre decisión» de los habitantes del territorio. Y contradecía también la comunicación hecha por el Gobierno español a las NU en el verano de 1974 aceptando la celebración de un referendum en el territorio para 1975, como le había solicitado reiteradamente la Asamblea General de la Organización.

    Los hechos, en la sombra

    Es esta comunicación la que abre la crisis final en el asunto del Sahara, por obra de la iniciativa diplomática de Marruecos. Pero el hecho es que en octubre de 1975, como se afirma en el informe de la Misión de Visita de las NU. la población saharaui residente en el territorio, deseaba, en su inmensa mayoría, acceder a la independencia. Y el Tribunal Internacional de Justicia, en el citado dictamen consultivo de 16 de octubre de 1975, afirmaría, dada la inexistencia de anteriores vínculos de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos o el conjunto mauritano en el pasado que, nada se oponía «a la aplicación del principio de la libre determinación, a través de la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio».Cabe preguntarse, legítimamente, qué hechos determinaron -entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre de 1975- este doble resultado final. Pero los hechos, como dije antes, aún permanecen en su mayor parte en la sombra. Quedan, ciertamente, las imágenes de aquel período -en el que las noticias sobre el Sahara Occidental compartían con los partes médicos un lugar destacado en los medios de comunicación-, como indicios que tratan de explicar un acto del Gobierno español por el que se condenó al pueblo saharaui a una nueva dominación colonial. Entre ellas, sin duda, un lugar de primer orden corresponde a la «marcha verde»; pero los documentos de las NU han revelado un hecho entonces ocultado a la opinión pública española: que la marcha se inició y realizó en el entendimiento del Gobierno español de que si la marcha se realizaba en un área limitada y por tiempo también limitado, no se produciría una respuesta armada por parte de las fuerzas españolas ante la penetración en el territorio. Quedan también las imágenes de las reuniones del Consejo de Seguridad, convocado a instancias del Gobierno español, la enérgica actitud de los representantes españoles y la condena por este órgano de la «marcha verde»; sin que Marruecos -tal vez por gozar de un decidido apoyo diplomático de Estados más poderosos- se dignase a aceptar sus resoluciones. Y también conservamos, en la confusión de aquel momento, las imágenes de los viajes y de las negociaciones sucesivas, entre el Gobierno español y los de Marruecos y Mauritania, entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre. Si hemos de creer la declaración hecha por SM el Rey de Marruecos al representante especial del secretario general de las NU, señor Lewin, el 4 de noviembre de 1975, en esta fecha ya se habían convenido las principales disposiciones de la que sería la Declaración de Madrid y en ella se estipulaba, según el soberano alauita. «la transferencia de soberanía por parte de la potencia administradora a Marruecos y Mauritania».

    El gran «show» marroquí

    De este modo, el inicio de la «marcha verde», el siguiente día 5 de noviembre, adquiere un sentido más real. Fue, ciertamente, un gran «show» marroquí, al que no faltaron- las imágenes de TVE para mayor impacto en la confusa opinión pública; pero también era, de otra parte, el gesto simbólico que preludiaba la posterior anexión del territorio. En esta perspectiva, hoy resuenan como huecas las censuras dingidas por el ininistro señor Carro Martínez a la conducta de las Naciones Unidas, en el pleno de las Cortes del 18 de noviembre de 1975, así como-tantas apelaciones improcedentes al honor del Ejército español, que nunca estuvo en juego en aquella crisis.Pero los hechos de aquel período -aún siendo insuficientemente conocidos en todos sus aspectos- permiten, no obstante, establecer ciertas conclusiones muy precisas, conforme al derecho internacional en vigor. En primer término, que si un territorio no autónomo, como el Sahara Occidental, «tiene en virtud de la Carta una condición jurídica distinta y separada de la del territono del Estado que lo administra» y esta condición subsiste hasta que el pueblo de dicho territorio «haya ejercido libremente su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta», el acuerdo de Madrid, de 14 de noviembre de 1975, es nulo, pues el Gobierno español no podía hacer entrega del territorio, como se pactó, a los Gobiernos de Marruecos y Mauritania. Su retirada del Sahara Occidental hubiera requérido el establecimiento de una administración del territorio, a cargo de las Naciones Unidas, pero nunca la concertada con estos dos Estados y seguida de la ocupación militar por parte de los mismos.

    En segundo lugar, dado que el derecho de libre determinación de los pueblos es hoy una norma imperativa de Derecho internacíonal, que no admite pacto alguno en contrario, la «Declaración de Principios» hecha en Madrid, el 14 de noviembre de 1975, es nula, por ser contraria a estas normas de jus cogens. En efecto, el objeto y fin de dicho acuerdo fue privar al pueblo saharaui, mediante una ocupación militar de su territorio, del derecho a expresar libremente su voluntad, mediante un referéndum. La consulta a la «Yemaa» que figura en el citado acuerdo, al constituir una simple farsa, no fue otra cosa que una flagrante burla del Derecho de las Naciones Unidas y que éstas se negaron a admitir, rechazando el envío de un representante del secretario general.

    «Crimen, internacional»

    Finalmente, la violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos «como la que prohibe el establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial», constituye un hecho internacionalmente ilícito, que da lugar a la responsabilidad internacional del Estado ante la comunidad internacional y que a juicio de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, debe ser calificada como un «crimen internacional». Los actos realizados por los Gobiernos de Marruecos y Mauritania con posterioridad al 14 de noviembre de 1975, al ocupar militarmente el territorio del Sahara Occidental y proceder a su reparto, puede estimarse que quedan comprendidos en el supuesto del precepto anteriormente citado, pues, de hecho, equivalen a establecer una nueva -y más cruel- dominación colonial del territorio.A mi juicio, corresponde a las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio, solicitar, mediante la creación de una comisión especial, una completa y detallada información sobre los hechos que condujeron a la firma del acuerdo de Madrid. Y una vez determinados éstos, si las anteriores conclusiones son correctas, adoptar un acuerdo por el que se declare que, a juicio del Estado español, la Declaración de Principios hecha en Madrid, el 14 de noviembre de 1975, es un acuerdo nulo, conforme al Derecho Internacional en vigor, y, consiguientemente, que el Gobierno debe orientar su política internacional, en relación con la cuestión del Sahara Occidental, en toda ocasión y circunstancia, de conformidad con este acuerdo. La posición actual del Gobierno español, por su inherente ambigüedad, resulta difícilmente admisible, pues equivale a admitir el acuerdo de Madrid, pese a su nulidad y negarse a reconocer los efectos del mismo.

    * Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de septiembre de 1977

    El País, 18 sept 1977

    Tags : Sahara Occidental, Marruecos, acuerdos de Madrid, Marcha verde,

  • 43º aniversario de una traición, cobardía, genocidio…

    Fuente: El Sáhara de los Olvidados

    Por Amadeo Martínez Inglés*

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    “Una vergüenza histórica sin paliativos, a cargar ¡como no! en el ‘debe’ de España”

    El dia 6 de noviembre, se cumplieron treinta y nueve años de la invasión de la antigua provincia española del Sáhara Occidental por parte de la llamada “Marcha verde”, una macro movilización de 300.000 civiles marroquíes apoyados por la práctica totalidad del Ejército de ese país, con la ayuda técnica y logística del Departamento de Estado norteamericano, que en muy pocas jornadas, tras la traición, la cobardía y el abandono por parte de las autoridades españolas de su deber de defender al sufrido pueblo saharaui y, por ende, sus derechos y libertades más elementales, conseguiría “pacíficamente”, a través del bochornoso Tratado de Madrid de 14 de ese mismo mes de noviembre de 1975, que España cediera al reino alauí la administración de la mayor parte (y la más rica) del extenso territorio africano bajo su jurisdicción.
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    Han pasado ya 39 años de aquél acto de cobardía, de aquél despropósito, de aquél abandono soez por parte de España de todo un pueblo acogido a sus leyes y a su protección internacional y este país sigue atrapado en su propia vergüenza, en su increíble dejadez, en una política de pánico insuperable ante el sátrapa marroquí que no solo se permite desoír una y otra vez las resoluciones del máximo órgano de jurisdicción universal (la ONU) sino que se atreve a presionar y chantajea permanentemente a los dirigentes españoles en base sin duda al permanente apoyo que recibe del imperialismo yanqui y a la reconocida debilidad militar española.

    Aunque periódica y tímidamente las instituciones españolas, aguijoneadas por los grupos parlamentarios de izquierdas y más que nada para cubrir un expediente asaz vergonzoso, se permitan reconocer la monstruosa responsabilidad que arrastra todavía a día de hoy el Gobierno español.
    Así en el mes de diciembre de 2009 se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, que resultó aprobada con el apoyo de todos los demás grupos de la Cámara a excepción del PP que se abstuvo, en la que se recogían una serie de puntos trascendentes a tener en cuenta en la política exterior española en relación con el Sahara Occidental administrado por España hasta el año 1975. Entre estos sobresalían el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la necesidad de que finalmente se celebre el referéndum auspiciado por naciones Unidas y, también y curiosamente, la realización de gestiones “al máximo nivel” para intentar solucionar política y humanitariamente el entonces mediático caso Haidar.

    Pero dejando de lado actos institucionales más o menos testimoniales como éste del Congreso de los Diputados del año pasado, condenados de antemano a la inacción más absoluta y al abandono mediático en el corto plazo, es de suma importancia, treinta y cinco años después, que el pueblo español sea consciente una vez más de que la actual situación de abandono, menosprecio y sometimiento a Marruecos del valeroso pueblo saharaui, proviene de la traición personal del rey de España, Juan Carlos I, que en noviembre de 1975, desempeñando interinamente la jefatura del Estado español, pactó en secreto con el Departamento de Estado norteamericano la entrega incondicional de la antigua provincia española del Sahara Occidental al reino de Marruecos. Todo ello para evitarse una guerra colonial con este último país que España no estaba en condiciones de enfrentar.

    Este vergonzoso Pacto del entonces príncipe de España con Henry Kissinger y el rey Hassan II de Marruecos, que como historiador militar he estudiado a fondo y puesto repetidas veces en conocimiento del pueblo español, me permití asimismo darlo a conocer al Presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono, en una carta remitida con fecha 8 de octubre de 2008, en la que le pedía la creación de una Comisión de Investigación que depurara las responsabilidades del rey de España en este y en otros presuntos delitos cometidos durante su largo reinado.

    De este escrito, me permito recordar a continuación, porque creo que es de sumo interés para los medios de comunicación, el pueblo español y, por supuesto, el pueblo saharaui, los párrafos más importantes relacionados con el tema que nos ocupa y que nunca pasan ni pasarán de actualidad, por lo menos hasta el día en el que se le reintegren a la noble nación saharaui todos sus derechos:

    “Me estoy refiriendo en concreto, señor presidente del Congreso, a tres nuevos, espeluznantes, bochornosos, repugnantes… delitos, que ni la historia ni los ciudadanos españoles conocen todavía en toda su profunda dimensión (algunos historiadores, obviamente, estamos en ello) cometidos en los últimos meses del año 1975 por el entonces príncipe de España, justo cuando desempeñaba la Jefatura del Estado de una forma interina pero con todos los poderes del dictador en la mano. Presuntos delitos que de entrada podríamos catalogar, hasta que la citada Comisión parlamentaria pueda pronunciarse, como de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio.

    El hecho histórico a que me refiero no es otro que el de la vergonzosa entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de nada menos que 200.000 kms cuadrados del llamado Sahara español (provincia africana según Franco, territorio bajo administración española según la ONU) por miedo a tener que enfrentar una guerra con ese país (que había organizado una marcha “pacífica” de 300.000 ciudadanos marroquíes y nos amenazaba con la invasión pura y dura) y tras un pacto secreto entre el jefe de Estado español en funciones en aquellos dramáticos momentos (el príncipe Juan Carlos de Borbón), la CIA y el Departamento de Estado norteamericano (Kissinger). Pacto por el cual el heredero de Franco se quitaba de en medio una muy probable guerra colonial con nuestro vecino del sur (que podía poner en grave peligro su ansiada corona) y recibía además el inmenso apoyo político yanqui para estabilizar su tambaleante Régimen.

    A cambio, claro está, de traicionar con nocturnidad y alevosía, como ha sido práctica habitual en él, al pueblo español (ajeno a todo como siempre), a sus Fuerzas Armadas (que a pesar de su abandono operativo y escasez de medios estaban dispuestas a sacrificarse por defender el honor de España y la legalidad internacional), al pueblo saharaui (que sería entregado desarmado al invasor y bárbaramente masacrado en una desigual guerra y en un oscuro genocidio que se saldarían con más de cuatro mil víctimas, y del que cualquier juez imparcial pediría responsabilidades al jefe del Estado español por cómplice y colaborador necesario) y a la ONU (que había decretado a través de su Tribunal Internacional de Justicia y de su resolución 380 la ilegalidad de la acción unilateral de Marruecos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación).

    Hechos gravísimos cometidos en su día por el actual jefe del Estado español, como son los presuntos delitos de “alta traición a la nación española” tras la acción consumada y no debatida en sus órganos institucionales de la entrega a una potencia invasora de una parte importantísima del territorio nacional sin intentar defenderlo siquiera y tras un pacto secreto con el propio enemigo y su socio geoestratégico; de “cobardía ante el enemigo” por parte del jefe del Estado español en funciones de comandante en jefe del Ejército que entrega sin combatir una parte substancial del territorio nacional tras un pacto secreto con el enemigo; y de “genocidio” contra el pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria con el ejecutor directo del mismo (el sátrapa marroquí), al haber puesto bajo la bota de su Ejército, totalmente desarmados, a los 30.000 habitantes de la antigua provincia española, a los que debería haber defendido con arreglo al Derecho Internacional y a los derechos humanos más fundamentales.

    Repasemos, pues, esos lamentables hechos, a punto de cumplirse su 35 aniversario:

    El 21 de agosto de 1975, el Departamento de Estado norteamericano da luz verde a un proyecto estratégico secreto de la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar la antigua provincia del Sahara (270.000 Kms cuadrados) a España. Un territorio vital desde el punto geoestratégico, rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, que EE.UU no está dispuesto a dejar en manos de España dada la situación en que se encuentra el régimen franquista. El plan consiste en invadir la zona mediante una marcha “pacífica” de unos 300.000 ciudadanos marroquíes (Marcha Verde), que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona.

    El 6 de octubre de 1975, el servicio de Inteligencia del Ejército español informa a Franco, ya muy enfermo, de los planes de EE.UU en relación con el Sahara.

    El 16 de octubre de 1975, la Marcha Verde es anunciada por Hasan II, al mismo tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU rechaza las pretensiones de Maruecos sobre ese territorio.

    El 20 de octubre de 1975, Franco empeora ostensiblemente de su enfermedad. Sufre un nuevo ataque al corazón.

    El 21 de octubre de 1975, el príncipe Juan Carlos de Borbón, heredero del dictador, se niega a aceptar la jefatura del Estado con carácter interino. Quiere plenos poderes para poder actuar en el Sahara.

    El 22 de octubre de 1975, el presidente del Gobierno español, Arias Navarro, con conocimiento de Franco, manda a Solís a Rabat para tratar de parar el órdago marroquí prometiendo negociaciones sobre el tema en cuanto la situación del dictador mejore.

    El 26 de octubre de 1975, comienza la Marcha Verde en territorio marroquí. Toda la planificación operativa y la organización logística han corrido a cargo de técnicos norteamericanos.

    El 30 de octubre de 1975, Juan Carlos de Borbón se hace cargo de la jefatura del Estado español (artículo 11 de la ley Orgánica del Estado). Está muy preocupado por la situación en el Sahara pues tiene muy presente el caso portugués. No quiere que la situación le desborde.

    El 31 de octubre de 1975, el príncipe preside un Consejo de Ministros en La Zarzuela. Cuestión prioritaria: el Sahara. Juan Carlos manifiesta su férrea determinación de ponerse al frente de la situación. Sin embargo, no les dice a los reunidos que él ya ha enviado a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Washington, para solicitar la ayuda de Henry Kissinger. Es consciente de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo acaecido en Portugal y que podría perder su corona antes de ceñirla.

    El secretario de Estado norteamericano acepta la mediación solicitada por el nuevo jefe del Estado español, intercede ante Hassan II y en las siguientes horas se pergeña un pacto secreto por el que Juan Carlos se compromete a entregar el Sahara español a Marruecos (vistiendo el muñeco de la rendición con unas amañadas conversaciones políticas en Madrid), a cambio del total apoyo político americano en su próxima andadura como rey de España.

    El 2 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón visita las tropas destacadas en El Aaiun en un viaje sorpresa. Está en tratos secretos con los americanos para la entrega del territorio, pero no tiene ningún reparo en escenificar un “teatrillo castrense” con los militares (a los que traicionará en las siguientes horas igual que al pueblo español, a los saharauis y a la propia ONU) echando mano de la extensa parafernalia castrense propia de estos actos: formación solemne, desfile, honor a los muertos, recepción en el Casino Militar… En este centro, en el curso de una bien regada copa de vino español, hasta se permite decirles a los oficiales de las tropas allí destacadas: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y también, hinchando el pecho y subiendo la barbilla: “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”

    El 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde invade la antigua provincia africana española. En virtud del pacto secreto (alta traición) entre Kissinger, Hassan II y el flamante nuevo jefe del Estado español, los campos de minas de la frontera han sido levantados y los legionarios españoles prudentemente retirados. España hasta se permite la desvergüenza de enviar al ministro de la Presidencia para que gire una visita de cortesía a los campamentos marroquíes. La ONU, incómoda y sin saber de qué va la cosa, urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. España mira para otro lado ¡bastante tiene el principito con asegurar su corona! y el tirano alauí no hace el menor caso.

    El 9 de noviembre de 1975, Hassan II da por alcanzados todos sus objetivos en el Sahara y en espera de las conversaciones de Madrid (ya tiene asegurada su presa) retira los campamentos de la Marcha Verde a Tarfaya. Argelia protesta y retira su embajador en Rabat. Los polisarios, traicionados por España, se aprestan a la lucha.

    El 12 de noviembre de 1975, comienza la Conferencia de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, con EE.UU de mandamás en la sombra.
    El 14 de noviembre de 1975 se produce la famosa Declaración de Madrid sobre el Sahara. Por ella se entrega a Marruecos toda la parte norte de la antigua provincia española: 200.000 Kms cuadrados de gran importancia geoestratégica, muy ricos en toda clase de minerales, gas y petróleo (descubierto por petrolíferas yanquis y en reserva estratégica). A Mauritania (que los abandonará enseguida en beneficio de su poderoso vecino del norte) se le transfieren 70.000 Kms cuadrados del sur, los más pobres e improductivos. Las Cortes y el pueblo español no saben nada del asunto. Todo se ha tejido entre bastidores, con la CIA, el departamento de Estado norteamericano y los servicios secretos marroquíes como maestros de una ceremonia bochornosa en la que el príncipe Juan Carlos ha movido sus hilos a través de sus validos y hombres de confianza: Armada, Mondéjar, Torcuato Fernández Miranda… mientras el Gobierno del anonadado Arias Navarro, con Franco moribundo y su porvenir político en el alero, se ha limitado a ejercer de convidado de piedra en la mayor vergüenza política y militar de España en toda su historia. Porque, efectivamente, este país nunca jamás había traicionado de una forma tan perversa a sus propios ciudadanos (los saharauis lo eran en 1975), se había humillado de tal manera ante un pueblo más débil que él pactando en secreto su rendición, y abandonado cobardemente el campo de batalla sin pegar un solo tiro y después de entregar a su envalentonado enemigo acuartelamientos, armas y bagajes.

    Una vergüenza histórica sin paliativos, a cargar ¡como no! en el “debe” de España, pero sobre todo en el de un príncipe sin principios morales de ninguna clase, cargado de ambición, bufón de un dictador sin escrúpulos, ansioso de poner sobre su cabeza los ridículos oropeles de una corona trasnochada y profanada hasta la saciedad en el pasado por reyes despreciables de su propia dinastía, y que se permitió el lujo de vender una parte de su propio país, una porción de su propio pueblo, a la sacrificada minoría étnica que, bajo nuestras leyes y nuestra protección, creyó en la promesas de España y en ser libres algún día.

    ¡Alta traición, Cobardía ante el enemigo y Genocidio!

    ¡Que nadie olvide esto en el 39º aniversario de aquella tropelía!

    Tags : Sahara Occidental, España, Frente Polisario, traición, acuerdos de Madrid, Juan Carlos I, Marruecos,

  • La triste historia del pueblo saharaui y la traición de España

    Mi Columna/Sáhara Occidental

    Eugenio Pordomingo (8/6/2019)

    El día 29 del mes de mayo, CEAS (Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara) publicó un artículo titulado “Las autoridades españolas y canarias desprecian las decisiones de la Justicia Europea”, que me hizo pensar en el pueblo saharaui y, sobre todo, en las penurias que deben estar pasando las más de cien mil personas que viven en pleno desierto en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). Muchos más viven en las zonas ocupadas militarmente por Marruecos, donde a diario son perseguidos, detenidos y maltratados por las fuerzas de ocupación de ese país.

    El artículo al que me refiero, comenta que en lo que va de año han llegado a las Islas Canarias diez cargamentos de arena, procedentes de El Aaiún (Sáhara Occidental Ocupado), incumpliendo “las obligaciones legales que le impone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

    Esa arena, como los fosfatos, la pesca (sobre todo pulpo) y minerales varios, llegan a España, Europa y otras zonas del mundo, vendidos por las autoridades marroquíes y por empresas (muchas de ellas españolas) que literalmente roban al pueblo saharaui.

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos recientes sentencias, ha dejado claro que las aguas territoriales del Sáhara Occidental no corresponden a Marruecos, razón por la cual excluyo del Acuerdo de Pesca UE-Marruecos el mar que limita con el territorio saharaui. Pero el saqueo de los recursos naturales de esos territorios persiste.

    Años atrás, la ONU, en la Resolución 1514 emanada de la Asamblea General, conocida como Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, fue un acicate para el movimiento de descolonización de la época. España nunca concedió la independencia al pueblo saharaui, simplemente lo entregó tras la Marcha Verde en un acuerdo ilegal entre Mauritania, Marruecos y España.

    El llamado Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975, por el que España abandona sus responsabilidades históricas hacia el pueblo saharaui, incumpliendo su obligación de concluir la descolonización del Sáhara Occidental, mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación –todavía sigue pendiente-, tal y como determinó Naciones Unidas en 1966.

    Los juristas afirman que ese acuerdo fue ilegal, ya que se firmó sin consulta con los moradores de esos territorios. Por si no queda claro, esos Acuerdos no aparecen en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Por tanto, España sigue siendo la Potencia Administradora del Sáhara Occidental.

    Ahora que son fechas de exámenes de acceso a la Universidad, hay que recordar a nuestros jóvenes aspirantes a la Licenciatura, que el Sáhara Occidental fue colonia española y más tarde provincia, igual que Guinea Ecuatorial.

    Juan Carlos, el ahora rey jubilado, se comprometió en noviembre de 1975 a proteger los legítimos derechos de la población saharaui.: “Jamás os abandonaremos”, dijo.

    El litigio se va olvidando, la prensa publica de vez en cuando alguna pequeña noticia, y los partidos políticos ni lo recogen en sus programas electorales. Que recuerde, Unidas- Podemos, sí.

    Asociaciones de todo tipo y color se preocupan de los inmigrantes, pero casi nunca se acuerdan de los saharauis abandonados en el desierto y soportando los recortes de ayuda alimentaria de la ONU y de España.

    ¡Vergonzoso!

    N. de la R.
    Este artículo ha sido publicado también en La Información, periódico mensual que se edita en Galapagar y Colmenarejo (Comunidad de Madrid).

    Fuente : Espacios Europeos

    Tags : Sahara Occidental, Frente Polisario, Marruecos, España, traición, Juan Carlos, Acuerdos de Madrid,