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  • La complicidad del narco-Estado de Marruecos con los narcos colombianos en el tráfico de cocaína

    Marruecos era puerto de salida y de llegada. Los gallegos tenían capacidad, y dinero, para zarpar desde cualquier puerto de Kenitra hasta la frontera con Mauritania. « Sólo trabajaban coca, enviaban barcos a Sudamérica en general. Constatamos Venezuela, Brasil Chile o Colombia. Usaban cargueros, incluso gaseros. Recuerdo uno que compraron en Grecia, llamado Arcangelus. La coca luego se almacenaba en Marruecos a la espera de meterla en la Península, o se envíaba directamente a Galicia o Portugal ». Caamaño recuerda el caso de una fragata de la Armada de Inglaterra sin armamento que los Charlín compraron en subasta. « Dejaron el color gris original y la llamaron Duanas. A lo lejos, al veral, daba la sensación de ser un barco oficial en activo y nos despistaba ».

    El buque importó en su bodega 6.000 kilos de polvo colombiano desde Chile. « Tuvieron una avería llegando y dejaron la mercancía fondeada a las afueras de Kenitra para entrar a puerto. Un temporal soltó varios anclajes y algunos fardos llegaron a las playas de Rabat en las que poseen mansiones la familia real, ministros, diplomáticos… Fue un escándalo que implicaba una respuesta policial rápida, ya que los gallegos buscaban un segundo barco para recoger la mercancía aún fondeada ». Los contactos de Caamaño posibilitaron dar con el barco. El resto fue sencillo : bastó con inspeccionar la bodega. Charlín y sus socios fueron absueltos en el 2001 en la Audiencia Nacional tras negarse el reino alauí a envíar a los principales testigos.

    Fuente : La Voz de Galicia, 29 septiembre 2019

    Para leer la totalidad del artículo :

    Tags : Marruecos, cocaina, narcotráfico, mafia gallega, colombia,

  • Colombia: Expertos de la ONU condenan los ataques contra excombatientes reincorporados e instan a que se respete el proceso de paz

    GINEBRA (4 de junio de 2019) – Expertos en derechos humanos de la ONU* han condenado el reciente asesinato e intento de desaparición forzada de un excombatiente de las FARC en Colombia y han instado al gobierno a que respete las garantías de seguridad ofrecidas en el marco del Proceso de Paz de 2016.

    En lo que se considera una ejecución extrajudicial, Dimar Torres Arévalo – un miembro desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP) – fue hallado muerto el 22 de abril a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

    « Este atentado es un desafío para el Proceso de Paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia », dijeron los expertos independientes.

    Según las denuncias recibidas, integrantes de la comunidad de Torres Arévalo dijeron que, al ser consultados, los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 11 de la II División negaron conocer su paradero. Posteriormente, se encontraron cerca del lugar tres palas y una fosa recién cavada, presuntamente con la intención de ocultar el cadáver.

    Torres Arévalo habría sido incorporado al proceso formal de reinserción como parte de la implementación del Acuerdo Final para el Fin del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conocido como el « Proceso de Paz Colombiano ».

    Los expertos hicieron un llamamiento a las autoridades nacionales con el fin de proteger los derechos y libertades de los ex combatientes reincorporados de las FARC-EP, como a sus familiares, en el momento de su transición a la vida civil. También pidieron investigaciones y enjuiciamiento justos e imparciales por asesinatos y actos de agresión, intimidación, hostigamiento o represalias por parte de las fuerzas de armadas nacionales y/o grupos armados.

    « Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad », dijeron los expertos independientes. « Es importante para la protección de estas personas y sus familias que estos autores sean llevados ante la justicia”.

    Los expertos señalaron que ignorar las garantías prometidas a los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el Proceso de Paz y Reinserción como también la posibilidad de que se unan a grupos disidentes o que vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.

    « Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida », dijeron los expertos. « El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz ».

    Los expertos se han comunicado con las autoridades colombianas.

    (*) Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bernard Duhaime (Presidente Relator), Sr. Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Sra. Houria Es-Slami, Sr. Luciano Hazan y Sr. Henrikas Mickevičius (integrantes) del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

    Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independGINEBRA (4 de junio de 2019) – Expertos en derechos humanos de la ONU* han condenado el reciente asesinato e intento de desaparición forzada de un excombatiente de las FARC en Colombia y han instado al gobierno a que respete las garantías de seguridad ofrecidas en el marco del Proceso de Paz de 2016.

    En lo que se considera una ejecución extrajudicial, Dimar Torres Arévalo – un miembro desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP) – fue hallado muerto el 22 de abril a las afueras de un campamento de la Armada Nacional en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

    « Este atentado es un desafío para el Proceso de Paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia », dijeron los expertos independientes.

    Según las denuncias recibidas, integrantes de la comunidad de Torres Arévalo dijeron que, al ser consultados, los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 11 de la II División negaron conocer su paradero. Posteriormente, se encontraron cerca del lugar tres palas y una fosa recién cavada, presuntamente con la intención de ocultar el cadáver.

    Torres Arévalo habría sido incorporado al proceso formal de reinserción como parte de la implementación del Acuerdo Final para el Fin del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conocido como el « Proceso de Paz Colombiano ».

    Los expertos hicieron un llamamiento a las autoridades nacionales con el fin de proteger los derechos y libertades de los ex combatientes reincorporados de las FARC-EP, como a sus familiares, en el momento de su transición a la vida civil. También pidieron investigaciones y enjuiciamiento justos e imparciales por asesinatos y actos de agresión, intimidación, hostigamiento o represalias por parte de las fuerzas de armadas nacionales y/o grupos armados.

    « Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad », dijeron los expertos independientes. « Es importante para la protección de estas personas y sus familias que estos autores sean llevados ante la justicia”.

    Los expertos señalaron que ignorar las garantías prometidas a los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el Proceso de Paz y Reinserción como también la posibilidad de que se unan a grupos disidentes o que vuelvan a tomar las armas para protegerse a sí mismos.

    « Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida », dijeron los expertos. « El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz ».

    Los expertos se han comunicado con las autoridades colombianas.

    (*) Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bernard Duhaime (Presidente Relator), Sr. Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Sra. Houria Es-Slami, Sr. Luciano Hazan y Sr. Henrikas Mickevičius (integrantes) del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

    Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

    Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

    Fuente : Reliefweb

    Tags : Colombia, combatientes, FARC, derechos humanos,

  • Bachelet repasa la situación de los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Honduras

    La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está preocupada por los ataques a los activistas en Colombia, las crecientes amenazas al poder judicial en Guatemala y la falta de continuidad del diálogo nacional en Honduras.

    Michelle Bachelet, presentó este miércoles sendos informes sobre la situación en Colombia, Guatemala y Honduras, de acuerdo al mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

    La importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz

    Bachelet inició su intervención sobre Colombia instando al Gobierno a aplicar de manera integral la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras cumplirse dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

    Respecto a la decisión del presidente de colombiano, Iván Duque, de impugnar seis artículos de la ley que regula la JEP, alentó tanto al poder ejecutivo como al legislativo a “debatir y examinar esos artículos de manera rápida y minuciosa”, ya que de establecerse una pronta resolución “permitirá funcionar a la JEP de manera más independiente, al tiempo que reforzará la seguridad jurídica de las víctimas”.

    Del mismo modo, mostró su preocupación por los asesinatos de defensores de los derechos humanos. Su Oficina documentó 110 asesinatos durante el año pasado, una cuarta parte de ellos indígenas o afrocolombianos. Asimismo, señaló haber recibió informes de 27 asesinatos adicionales durante el año 2019.

    “Muchos defensores de los derechos humanos son atacados por apoyar aspectos del Acuerdo de Paz, como la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos ilícitos. A menudo se desconoce a los autores intelectuales de estos asesinatos y, en consecuencia, se benefician de la impunidad”.

    Al mismo tiempo, aplaudió la reanudación de las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y dijo que su Oficina continuará “prestando asistencia al Estado para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos y otras personas, y para impulsar la rendición de cuentas”.

    Retirada del Acuerdo de la CICIG

    En Guatemala, pese a destacar algunos avances importantes en el ámbito judicial por las graves violaciones a las garantías fundamentales ocurridas durante las más de tres décadas de conflicto interno, expresó su inquietud por las “crecientes amenazas” a la independencia del poder judicial y la protección de sus miembros, “como los jueces que presiden juicios cruciales por corrupción y justicia transicional” y los del Tribunal Constitucional”.

    Igualmente, manifestó su preocupación por la decisión del ejecutivo guatemalteco de retirarse del acuerdo por el cual se estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ya que la medida podría significar “un retroceso muy significativo en la lucha por erradicar tanto la corrupción como la impunidad en el país”.

    O por la posibilidad de que acabe aprobándose el proyecto de ley que tiene por objetivo modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y que dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno, que prevé una amnistía general y conllevaría la liberación inmediata de todas las personas detenidas por delitos cometidos durante el conflicto.

    Honduras

    En relación con Honduras, lamentó que el diálogo nacional concluyera el pasado mes de diciembre sin acuerdos. “No obstante, fue un momento importante para el país, ya que permitió que se escucharan muchas voces y que se celebraran importantes debates”.

    A su vez, indicó que se deberían adoptar nuevas medidas con el objetivo de desmilitarizar el orden público y establecer un cuerpo de policía civil profesional y responsable debidamente supervisado y capacitado.

    Encomió los esfuerzos por establecer un Fiscal Especial para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas y las Personas Responsables de la Administración de Justicia, pese a observar un patrón de criminalización de los defensores de los derechos humanos.

    En último lugar consideró “esencial” establecer políticas basadas en los derechos humanos que aborden las causas de la emigración del país.

    ONU Noticias

    Tags : Michelle Bachelet, derechos humanos, Bolivia, Honduras, Colombia, Guatemala, jurisdicción especial,