Por: Juan Sebastián Gómez Martínez y Nicolás Ávila Vargas
Asistentes de Investigación – Estudios Africanos
juan.gomez04@est.uexternado.edu.co
nicolas.avila@est.uexternado.edu.co
En la región comprendida entre el paralelo 27° 40’ y el cabo Blanco sobre la costa noroccidental de África se encuentra el Sahara Occidental, último vestigio de la colonización europea en el continente africano. Incluido en la lista de “Territorios no Autónomos” bajo supervisión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, gran parte del Sahara Occidental ha estado ocupado por Marruecos desde 1976 y hoy está dividido internamente por un muro construido por el gobierno marroquí a partir de 1980.
La República Árabe Saharaui Democrática – RASD fue proclamada por el Frente Polisario en el Sahara Occidental el 27 de Febrero de 1976 y hoy es reconocida por 82 Estados del mundo y es miembro fundador de la Organización para la Unidad Africana, hoy Unión Africana. A pesar de lo anterior, el país aún se encuentra en un limbo jurídico respecto a la definición de su estatus político. La evolución de las confrontaciones ha pasado tanto por inconsistencias en la aplicación del derecho internacional como por un rol activo de los intereses económicos de las grandes potencias y países intermedios sobre los recursos naturales de la región.
El Sahara Occidental, con aproximadamente 260 mil habitantes y 250 mil kilómetros cuadrados – del mismo tamaño de Ecuador o equivalente la Orinoquía colombiana[1] – además de tener las reservas más grandes de fosfato en el mundo, también cuenta con importantes recursos naturales como hierro, circonio y arena utilizada para la construcción. Asimismo, sus costas que cuentan con reservas petroleras considerables y el banco pesquero más importante del mundo, son hoy escenario de una controversia internacional por cuanto la explotación de estos recursos en los territorios ocupados por Marruecos ha sido cuestionada por la Unión Europea y Estados Unidos que han excluido el territorio del Sahara Occidental de sus acuerdos de pesca y de libre comercio con Marruecos respectivamente.
Desde un punto de vista histórico, el primer inconveniente para la descolonización del Sahara Occidental radica en el poco control administrativo que tuvo España sobre el territorio. A pesar de la existencia de los Tratados de Meknes de 1799 y el hispano-marroquí de 1861 los cuales restringían la soberanía de Marruecos hasta Noun en la costa noroccidental africana, “lo Español se limitó a la zona de ocupación en la costa y al estatus jurídico de potencia administradora”[2]. Asimismo, la política de ese país sobre su colonia nunca tuvo otra intención más que el establecimiento de puntos de apoyo a las pesqueras canarias, lo que mantuvo el territorio bajo el control de sus pobladores originales hasta el descubrimiento de la mayor reserva de fosfatos del mundo.
El segundo problema se presentó luego de la entrada de España a las Naciones Unidas, momento en el que fue necesario que el país aceptara el derecho a la Libre Autodeterminación de los Pueblos y en especial el del pueblo saharaui. Sin embargo, se le permitió alargar el proceso descolonizador abogando la independencia progresiva para poder crear un Estado saharaui amigable a los intereses de España. Debido a esto, entre 1885 y 1976, manejó un discurso ambiguo entre llamar al Sahara como colonia o provincia y utilizó esas denominaciones a su favor.
Así pues, en la conferencia de Berlín se habló de colonia, mientras que después de la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1960 sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, el gobierno de Franco buscó seguir el ejemplo de Salazar en Portugal para referenciarlo como provincia no peninsular y evitar así la descolonización.
Tras varias resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU[3] y después de un largo proceso diplomático en la Comisión IV sobre descolonización de la Asamblea General, se llega a la conclusión de organizar un referéndum con el objetivo de crear las condiciones que favorezcan la autodeterminación del pueblo saharaui[4]. Proceso que se ve respaldado por el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia en octubre de 1975 que afirma que no hay argumentos que demuestren soberanía de Marruecos ni Mauritania en el Sahara Occidental, además de apoyar el derecho a la autodeterminación mediante expresión libre y soberana de sus habitantes actuales[5].
A partir de ese momento surge el tercer problema, a saber, el cambio demográfico impulsado por Marruecos. La “Marcha Verde” se presenta como un símbolo de la identidad del pueblo marroquí dentro de su política de integridad territorial e involucra el ingreso de 350.000 voluntarios al territorio del Sahara[6]. Lo anterior tuvo como consecuencia la modificación de los censos de votantes para el referéndum e hizo más difícil el ejercicio de la autodeterminación del pueblo saharaui.
En 1976, tres años después de la constitución del Frente Polisario, España abandona el Sahara tras haber firmado los Acuerdos de Madrid que planteaban una administración tripartita del territorio entre la potencia colonizadora, Marruecos y Mauritania hasta la realización del referéndum. En este momento inicia una confrontación entre los Estados con reclamaciones en el territorio y el Frente Polisario que generaría hacia 1980 la salida de Mauritania. En 1991 se promueve un cese al fuego apoyado por la Misión de las Naciones Unidas para el Referendo en Sahara Occidental – MINURSO –, para poner en marcha la identificación y registro de los votantes, junto con la reducción de minas antipersona, la liberación de presos políticos y detenidos saharauis y finalmente la organización y proclamación de los resultados del referéndum que aún no se ha llevado a cabo.
Más recientemente, se han planteado dos planes desde Naciones Unidas para evitar el punto muerto en las conversaciones. Los Planes Baker I y II que fueron rechazados en 2000 por el Consejo de Seguridad pero luego fueron aprobados por la resolución 1495, se concentraron en las opciones que deberían aparecer en el referéndum así como condiciones para implementarlo.
En un primer momento la propuesta – que el Polisario rechazó -, se basó en hacer del Sahara Occidental una provincia autónoma de Marruecos, quien tomaría la responsabilidad de manejar la defensa del territorio y la política exterior. En segundo lugar, se propuso permitir un período de gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática por cuatro años y luego hacer el referéndum para definir el estatus – propuesta que Marruecos rechazó por incluir la independencia como una opción. De esta manera y aunque algunas propuestas siguen surgiendo, actualmente la solución sigue siendo esquiva dado que existen intereses que las partes todavía consideran irreconciliables dentro de las negociaciones.
De esta forma, es necesario entender el valor estratégico de este territorio en la región pues se le considera, de acuerdo al Ministro del Sahara Occidental para América Latina, tanto la entrada de América Latina a África por su pasado similar e idioma, como la puerta de entrada de África a la región latinoamericana. Igualmente, su importancia está atada a la abundancia de recursos naturales, que generan la confrontación de intereses económicos y afectan transversalmente el desarrollo y resolución del conflicto que se ha vivido en la zona.
A pesar de que la ocupación marroquí carezca de legalidad internacional y de legitimidad sobre los derechos de la población saharaui, se puede resaltar cómo las consideraciones geopolíticas han sobrepasado esa ilegalidad y se han traducido principalmente en las fuertes tensiones entre Marruecos y Argelia por el apoyo que recibió el Frente Polisario por parte del gobierno de Argel y por haberse posicionado como primer aliado del Sahara Occidental. Asimismo, la generación de fricciones constantes entre estos dos países y países europeos como España y Francia[7].
Además, se presenta un congelamiento en el proceso de integración del Magreb por el recurrente enfrentamiento entre Argelia y Marruecos, potencializado por la compra de armas a costa de un desarrollo socioeconómico en la región[8]. Por otro lado, potencias como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, siendo miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han servido de apoyo ante una resolución desfavorable para Marruecos, pues este reino fue un apoyo estratégico en la guerra contra el comunismo durante la Guerra Fría y ahora lo es en la lucha contra el terrorismo[9]. No obstante, es importante resaltar que ni siquiera estos países reconocen las reclamaciones marroquíes sobre el territorio saharaui.
El apoyo internacional que han recibido las partes se presta para varias interpretaciones. En este orden de ideas, además de las mencionadas anteriormente, observando que la independencia de Sahara Occidental se vería como el acceso más eficiente de Argelia al Océano Atlántico y una forma de hacer contraposición a la hegemonía de Marruecos en la región, los intereses recaen sobre un factor puramente económico. Por lo tanto, si el apoyo internacional que se recibe está atado a la generación de utilidades tras la explotación, haciendo la salvedad de los nexos sociales y políticos-históricos de Argelia y el Sahara Occidental, se puede entender la dinámica desplegada tanto en el territorio como a nivel internacional.
La presencia marroquí en el territorio saharaui está limitada a las áreas donde están concentrados los recursos naturales. Una prueba de esto es el muro construido para separar los territorios de reclamación marroquí de lo que los saharauis llaman el territorio liberado. “El gobierno marroquí construyó un muro fortificado de arena, de 180.000 kilómetros de largo, desde la frontera de Marruecos con Sahara Occidental hasta su frontera con Mauritania. Este muro, es más largo que la Muralla China y es protegido tanto por las fuerzas militares marroquíes como por el 10% de las minas antipersona sembradas en el mundo.”[10]
La situación por la que atraviesa el Sahara Occidental además las diversas dinámicas implementadas en el territorio para garantizar los ingresos económicos han generado un fenómeno de separación de la población. El pueblo saharaui se divide en tres grupos. Primero, los que se encuentran en los campos de refugiados cerca de Tindouf, Argelia, que suman unas 158.000 personas; los habitantes de las llamadas “zonas liberadas” – 14.000 – y aproximadamente 600.000 saharauis que continúan en el territorio ocupado, en condiciones tales que no gozan de ningún tipo de derecho ni reconocimiento civil[11].
Más allá de las reclamaciones territoriales, es innegable el deterioro y la violación constante de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Según el informe 2011 de amnistía internacional en los territorios liberados sigue existiendo represión a los activistas saharauis, lo que incluye torturas, malos tratos como palizas, descargas eléctricas y amenazas de violación, infligidos sobre todo por la Dirección de Vigilancia del Territorio, y juicios no justos por delitos que Marruecos nombra como políticos dado que van en contra de la integridad territorial del Estado[12].
Esta situación se evidencia más claramente en los hechos del 8 de noviembre de 2011, pues el desmantelamiento del campamento Gdim Izik que los saharauis habían construido en octubre para protestar por la marginación y la falta de trabajo y vivienda, llevó al arresto de unas 200 personas, algunas de las cuales afirmaron haber sufrido torturas y otros malos tratos durante su detención[13]. Es más, Human Rights Watch, en su informe de 2008 afirma que existe una necesidad de respetar los derechos humanos en la práctica, sobre todo teniendo en cuenta el acoso a los activistas, la impunidad, las restricciones de movilidad y el excesivo uso de la fuerza para contener las propuestas[14], dado que la MINURSO es la única operación de peacekeeping que no tiene un componente de monitoreo de derechos humanos.
Ya en 2005, Aminatou Haidar, Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados y ex presa política, había señalado violaciones a los derechos humanos, confiscación de propiedades, campañas de intimidación, interrogatorios y tratos abusivos a la población saharaui[15]. Estas declaraciones fueron respaldadas por el último reporte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y se espera que se sigan esas recomendaciones para poner en marcha los mecanismos de protección de derechos humanos en el Sahara Occidental.
Finalmente, tras un vistazo de la historia del conflicto y un análisis de la confrontación de intereses derivados de él, se resalta cómo sí existen situaciones donde los intereses económicos o particulares pueden sobrepasar la implementación de las normas jurídicas internacionales. Asimismo, se genera expectativa respecto a las decisiones que se puedan llegar a implementar con el fin de encontrar una solución a este choque de intereses y a la situación de derechos humanos. Este es el caso en el cual se podrá contemplar la efectividad del carácter vinculante y obligatorio de la normatividad internacional así como el compromiso de la comunidad internacional con la descolonización de los territorios no autónomos.
[1] Western Sahara Profile. 2011. Disponible en: www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115273. Consultado el 28 de febrero de 2012.
[2] HERNÁNDEZ Moreno, Ángela. Guerra de Banderas en el Sahara. Entinema. Madrid, 2006. Pág.30.
[3] Resoluciones 2072, 2229, 2591, 2711, 3458a y 3458b.
[4] NÁPOLES Japia, Fernando. Sahara Occidental: La guerra saharaui. Editorial de ciencias sociales. La Habana, 1988. Pág. 58.
[5] Ibíd. Pág. 83.
[6] Ibíd. Pág. 99.
[7] Zoubir, Yahia. Stalemate in Western Sahara: Ending International Legality. Middle east policy . Vol XIV No. 4. 2007. pág. 158
[8] Ibíd. Pág.161
[9] Ibíd. Pág. 161
[10] Trades Union Congress –TUC. Wester Sahara. A report of a TUC delegation of to the Saharawi refugee camps, May 2006. Disponible en: www.tuc.org.uk/international/tuc-11910-f0.cfm. Pág. 4
[11] Ibíd. Pág. 4
[12] Véase: Informe anual 2011. El Estado de los derechos humanos en el mundo. En línea en: http://files.amnesty.org/air11/air_2011_full_es.pdf. Pág 307.
[13] Ibid. Pág 306.
[14] HRW. Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps. Report 2008. En línea en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208web.pdf, Págs 5-6.
[15] Disponible en: http://aminatouhaidar.org/ . Consultado el 14 de marzo de 2012.
Fuente : Boletín de Estudios Africanos
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