Alfonso Lafarga.-Que el 26 de diciembre de 2016, justo después de Navidad, se iniciase el juicio contra los 24 saharauis de Gdeim Iizik atisbó lo que vendría después: continuos aplazamientos que dificultan la presencia de los abogados defensores y observadores internacionales, así como la de las familias saharauis que se desplazan desde los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos
Ese mismo día, el 26 de diciembre, el juicio fue aplazado hasta el 23 de enero, con lo que los abogados y observadores internacionales que estaban en Salé, cerca de Rabat, tuvieron que volver a sus lugares de origen y los saharauis a El Aaiún, donde en noviembre de 2010 fue arrasado por el ejército y las fuerzas policiales marroquíes el campamento reivindicativo de Gdeim Izik y detenidos los saharauis a los que ahora se juzga.
Lo dijo la eurodiputada de Izquierda Unida y observadora Paloma López: la vista corría el peligro de dilatarse en el tiempo con el único propósito de que cada vez asistiesen menos observadores internacionales y, así, dictar unas sentencias que pueden estar “preparadas”, pese a la falta de pruebas incriminatorias.
Los aplazamientos, sin causa aparente, se repitieron varias veces, como ocurre habitualmente con los juicios a presos políticos saharauis; un claro ejemplo es el caso de los 16 universitarios detenidos hace más de año y medio en Marrakech, vusta que se ha pospuesto ya diez veces.
Por el contrario, cuando sí había una causa que exigía el aplazamiento del juicio de Gdeim Izik, como fue la renuncia de los procesados a sus defensores, no se hizo: los nuevos abogados designados del oficio, elegidos entre letrados marroquíes asistentes al juicio, tuvieron que asumir su función de forma inmediata, sin reunirse con los presos y sin poder estudiar el sumario.
Ante el cumulo de irregularidades y convencidos de que son objeto de un juicio político con sentencias ya decididas, los presos saharauis renunciaron el 16 de mayo a estar presentes en la sala y sus abogados a la defensa; dos letradas francesas, Ingrid Metton y Olfa Ouled, fueron sacadas por la policía prácticamente en volandas cuando intentaban hacer una declaración y una de ellas sufrió lesiones en un brazo.
A las confesiones de los procesados obtenidas bajo tortura los observadores internacionales han añadido una larga lista de irregularidades, entre ellas que al juicio se haya incorporado como acusadora una parte civil que no intervino ni en el proceso militar, que condenó a los presos a penas de veinte años de cárcel a cadena perpetua, ni en el recurso de apelación que anulo la sentencia, así como la admisión de nuevas pruebas y testigos desconocidos hasta ahora.
La falta de jurisdicción territorial del Tribunal, por celebrarse el juicio en Marruecos cuando los hechos ocurrieron en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y el hecho de no haber sido admitido un dictamen de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas son algunas de las quejas de los observadores internacionales. Una asociación francesa ha destacado la ausencia en el juicio de la MINURSO como organización responsable de los saharauis en las zonas ocupadas y el que no lo puedan seguir organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
Nadie se ha librado de presiones, ni los observadores internacionales con grandes medidas de control y seguridad, -fotografías de los documentos de identidad por personas no identificadas en el exterior del Tribunal, cacheos continuos, prohibición de entrada de cualquier tipo de dispositivo electrónico- ni los saharauis que permanecen en el exterior del Tribunal, a los que han intentado anular grupos de marroquíes mediante agresiones y la utilización de altavoces de gran potencia.
Los obstáculos a los observadores internacionales llegaron hasta el punto de impedirse al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Jesús María Martín Morillo entrar en Rabat y ser expulsada en dos ocasiones la ciudadana francesa Claude Mangin, esposa del preso político Naama Asfari, uno de los procesados de Gdeim Izik. También fueron expulsados loa observadores de la organización noruega Changemaker Hans Inge Alander y Diego A Vaula Foss, que se habían desplazado al Sáhara Occidental en una de las interrupciones del juicio.
A los abogados de origen saharaui acreditados por el Consejo General de la Abogacía española Fatma Elgalia y Mustafa se les quiso impedir la entrada en la sala del Tribunal, pero al cabo de tres horas y ante la posibilidad de un plante de otros abogados, pudieron acceder.
Las trabas se han extendido a los periodistas de Equipe Media, grupo de comunicación saharaui, a los que llegaron a bloquear su página en Facebook; las autoridades marroquíes desactivaron las redes de telefonía e internet cercanas al palacio de Justicia y el cámara saharaui Mohammed Dadi fue detenido durante cuatro días.
Y mientras tanto, ni una palabra por parte del Gobierno español, gran parte de los partidos políticos y, salvo excepciones, de los medios de comunicación. Lo dijo la activista saharaui Hayat Rguebi, que ha estado en Salé apoyando a los presos: “Me duele mucho la actuación del Gobierno de España y de los partidos políticos”; “dicen mucho, pero hacen poco”; “hablan a diario de temas lejanos como Palestina, pero no del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos por culpa de España”; “es una vergüenza que no estén con nosotros, con una causa justa, a la que no hacen caso”; “se justifican con la ayuda humanitaria, pero necesitamos actuaciones políticas”, “no lo entiendo”.
La que sigue es una relación aproximada de hechos ocurridos en mayo de 2017 en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y en el transcurso del juicio que se celebra cerca de Rabat contra 24 presos políticos saharauis, según datos de organizaciones de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes:
https://contramutis.wordpress.com/2017/06/17/mayo-saharaui-gdeim-izik-el-eterno-juicio-farsa/
