Étiquette : justicia

  • Julio Anguita: « Estamos dirigidos por una casta de ladrones del dinero público »

    Estamos ante un sistema esencialmente corrupto y corrompido. Estamos dirigidos por una casta de ladronesdel dinero público. Con excepciones, naturalmente. No todos. El funcionamiento de las instituciones del Estado está lleno de corrupción. No solamente hablo de la Señora Cifuentes. El que una universidad se preste a ese enjuague indica que instituciones como la universidad están corrompidas.

    Que haya jueces que se inclinan ante el poder político olvidando que juraron estar al servicio de la ley indica que la justicia está hincada de rodillas ante le poder político.

    El que un presidente de gobierno dice que no se mete en el tema de que las mujeres ganen menos que los hombres haciendo el mismo trabajo cuando es presidente de gobierno indica que estamos ante unos cínicos tremendos. Un cinismo que además es aplaudido y tenido como la gala de los buenos políticos.

    (…) España es como el Titanic, se hunde mientras la tripulación aplaude. Porque España se hunde. ¿Por qué soy tan tremendo en mis afirnmaciones ? Cuando nadie de vuestros hijos, incluidos algunos de mis hijos no tienen garantizados un puesto de trabajo para el futuro, este país se está hundiendo. Cuando la posibilidad de que la gente joven no perciba ya una pensión cuando le toque, indica que este país se hunde.

    Cuando los puestos de trabajo que se están creando a unas pocas horas, a unas semanas, te echo para no pagar y después te vuelvo a coger y horas extraordinarias que no se pagan, este país se está hundiendo. Esa es la desgracia de este país

    (…)

     

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    Tags : España, Julio Anguita, corrupción, justicia,

  • Wikileaks : En Marruecos, un juez que no sigue las directrices puede ser enviado al desierto

    La falta de independencia de la justicia frena el desarrollo marroquí

    « Otros países recurren al Ejército o a la policía para controlar la política, pero en Marruecos echamos mano del sistema judicial »

    EL PAÍS,  20 DIC 2010

    La Justicia en Marruecos no es independiente y los magistrados son con frecuencia incompetentes. El pésimo funcionamiento del tercer poder es un « impedimento en el desarrollo del país » . « El uso sistemático del aparato judicial para alcanzar objetivos políticos socava además los esfuerzos loables para impulsar la reforma de la Justicia y la transparencia ».

    Después de haber consultado a varias personalidades y expertos, incluido a algunos jueces y fiscales en activo, la Embajada de EE UU en Rabat hizo, a finales de agosto del año pasado, una descripción sombría del funcionamiento de la Justicia en Marruecos. Abelaziz Nouyidi, abogado y defensor de los derechos humanos, resume una opinión generalizada: « Cuando se trata de algo político la independencia [de la Justicia] es igual a cero. Cuando de trata de algo relacionado con la prensa la independencia es igual cero. En los demás casos hay algo más de margen para ser independiente, pero tampoco mucho ».

    Nouyidi recuerda que estaba en el despacho de un juez cuando éste recibió una llamada del Ministerio del Interior. El magistrado explicó al teléfono que había cumplido: « La sentencia ha sido lo que usted quería ». Con más crudeza, un fiscal confiesa a la Embajada estadounidense: « Otros países recurren al Ejército o a la policía para controlar la política, pero en Marruecos echamos mano del sistema judicial ».

    Detenido tras ganar en las urnas

    Numerosos ejemplos lo avalan. Said Yabou, del partido Istiqlal que lidera el primer ministro, fue elegido en 2009 por los concejales alcalde de Youssoufia, un suburbio de Rabat, frente a un candidato del Partido Autenticidad y Modernidad fundado por Fouad Alí el Himma, gran amigo del rey Mohamed VI. Inmediatamente después de ganar la votación Yabou « fue detenido, transgrediendo el procedimiento judicial, e inculpado por estafa ». « Fue rápidamente declarado culpable, condenado a dos años de cárcel y perdió » el cargo de alcalde. Lo sucedido « ilustra cómo el aparato judicial puede ser utilizado para alcanzar objetivos políticos », señala el informe de la Embajada.

    Para convencer a los jueces de que sigan las instrucciones el Ministerio de Justicia « no se necesita molestar » al equivalente marroquí del Consejo General del Poder Judicial en España. « Si el ministerio quiere castigar a un juez por ser demasiado independiente (…) le basta con nombrarle en un puesto no deseado, en algún lugar del desierto, y no permitirle que ascienda en el escalafón », explica un magistrado.

    « La capacidad del Ministerio de Justicia de promocionar o trasladar a los jueces hace que les resulte difícil contradecir las instrucciones de la autoridad incluso cuando la sentencia que se disponían a promulgar fuese acorde con la ley », escribe el encargado de Negocios. El titular de Justicia, Mohamed Taieb Naciri, es además un ministro llamado de « soberanía », es decir directamente nombrado por el rey Mohamed VI.

    No sólo el Ministerio de Justicia ejerce una influencia sobre los jueces sino el Tribunal Supremo y los que « tienen acceso o los amigos del palacio real », asegura el abogado Abelaziz Nouyidi. Tal es el grado de perversión de la Justicia que « cuando los jueces no reciben instrucciones explícitas sobre un determinado caso actúan normalmente en línea con lo que ellos creen que son las preferencias del ministerio », afirma el letrado Nouyidi.

    Jueces dóciles

    No sólo el peso decisivo de ministerio perjudica la independencia de los jueces. Filali Meknassi, de la rama marroquí de la organización Transparency Internacional, « subraya que la creciente propensión a la corrupción ha hecho que los jueces sean dóciles y no se quejen cuando reciben instrucciones de arriba ». Al final de su carrera un juez puede llegar a cobrar 3.050 euros mensuales, pero ese sueldo no está en relación con la espléndido tren de vida del que disfrutan muchos magistrados, sostiene Meknassi de Transparency International.

    Por último, la incompetencia de los jueces es otro obstáculo que dificulta su independencia. Un magistrado reconoció a los diplomáticos de EE UU que « un número sorprendentemente elevado de jueces no conocen lo suficientemente bien la legislación como para aplicarla correctamente (…) ». Recurren a las orientaciones del Ministerio de Justicia como una « muleta » para compensar sus deficiencias.

    Aunque el informe no lo recuerda la ausencia durante largos años de constructoras españolas en Marruecos tiene su origen en una sentencia judicial. La Dirección de Puertos marroquí adjudicó en 1996 a FCC la construcción en Agadir de un muelle, la prolongación de otro y de un contramuelle por importe de 20 millones de euros financiados con un crédito blando español.

    En 1998, cuando el 80% del contrato estaba ejecutado, el Ministerio de Obras Públicas marroquí puso en duda la estabilidad de las dársenas ?que FCC niega?, paralizó la obra y confiscó el material. La empresa española demandó a la Dirección de Puertos por incumplimiento del contrato ante el Tribunal Administrativo de Agadir y fue multada en 2001 con 11 millones de euros. El veredicto provocó la espantada de las constructoras españolas.

    La Embajada de EE UU también reprocha al Ministerio de Justicia haberse adaptado, entre 2003 y 2008, a la « creciente presencia de los salafistas [islamistas radicales] en las cárceles garantizándoles cada vez más privilegios », según señala un exhaustivo informe de mayo de 2009. La fuga, en abril de 2008, de nueve relevantes presos islamistas de la cárcel de Kenitra, incitó al rey a traspasar la Administración penitenciaria del Ministerio de Justicia a la Presidencia del Gobierno, en la práctica la hizo depender aún más de palacio, y colocó al frente a un ex director de la policía, Moulay Hafid Benhachem.

    Trapicheos en las prisiones

    Éste « puso fin a la política de apaciguamiento con los reos salafistas -concentrados en Tetuán, Salé y Casablanca- que habían logrado unos privilegios sin precedentes », recuerda el informe. Aún así « siguen aún teniendo un fácil acceso a los móviles » y se aprovechan de los trapicheos en la prisión. « Con el apoyo de Mohamed VI y un presupuesto más generoso, Benhacem mejoró la seguridad, incrementó las raciones alimenticias y puso en marcha un ambicioso programa de construcción de edificios aunque los problemas persisten », recalca la Embajada.

    ¿Cuáles son los problemas? En las 59 cárceles marroquíes había hace un año 60.000 presos -los islamistas rondan el millar- que disponían de 1,6 metros cuadrados por persona aunque el objetivo era ampliarlo a tres metros. Las normas internacionales estipulan nueve metros por penado. El Estado marroquí se gastaba 0,75 céntimos de euro al día por cada penado. Cerca de la mitad de los reos estaban en prisión preventiva. De ahí el hacinamiento que solo alivian los masivos indultos concedidos por Mohamed VI con motivo de las grandes fiestas religiosas.

    Tags : Marruecos, Sahara Occidental, Justicia, Wikileaks, trapicheo, tráfico, derechos humanos, corrupción,

  • Un experto en derechos humanos de la ONU no puede realizar una visita a Marruecos por falta de garantías

    Un experto en derechos humanos de la ONU no puede realizar una visita a Marruecos por falta de garantías

    GINEBRA (19 de marzo de 2019) – El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, Diego García-Sayán, ha anunciado que no se cumplen las condiciones necesarias para su visita a Marruecos.

    « El Gobierno de Marruecos no ha podido garantizar un programa de trabajo acorde con las necesidades del mandato y el mandato de las visitas de los procedimientos especiales a los países », dijo.

    El experto en derechos humanos tiene previsto visitar el país del 20 al 26 de marzo de 2019 para examinar los efectos de las medidas destinadas a garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y de los fiscales, así como el ejercicio independiente de la profesión jurídica.

    « Es muy lamentable que el Gobierno no haya tenido plenamente en cuenta las sugerencias de lugares para visitar y el calendario de trabajo. Es una condición previa esencial para el ejercicio del mandato del Relator Especial que pueda determinar libremente mis prioridades, incluidos los lugares que debo visitar », dijo.

    Según los términos de referencia de las visitas de los relatores especiales, los gobiernos deben garantizar y facilitar su libertad de circulación y su libertad de investigación.

    El Relator Especial ya ha estado en contacto con el Gobierno de Marruecos y está dispuesto a seguir examinando la cuestión para contribuir a los esfuerzos por garantizar un sistema judicial independiente e imparcial y el ejercicio independiente de la profesión jurídica.

    P.D:

    El Sr. Diego García-Sayán asumió sus funciones como Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados en diciembre de 2016. El Sr. García-Sayán fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos. Durante su mandato, fue elegido Vicepresidente de la Corte (2008-2009) y Presidente de la Corte (2009-2013). Tiene una larga experiencia trabajando en cuestiones de derechos humanos en una variedad de escenarios, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

    Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

    Etiquetas : Marruecos, Diego García-Sayan, justicia, prodecimientos especiales, fiscales, abogados,

  • La nueva estrategia del Frente Polisario

    Este es el epílogo de una batalla legal que habrá durado más de un año. El lunes 7 de mayo, el barco fletado por la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP) atorado desde 2017 en Sudáfrica, pudo navegar de nuevo en dirección de Nueva Zelanda, donde pudo descargar sus 55,000 toneladas de fosfato procedente de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos. « Lo recuperamos por un dólar simbólico », se congratuló el director jurídico de la empresa Othmane Bennani Smires, y dijo que la « incautación de este cargamento  » ha fracasado  » y denunció una « grave violación de los principios básicos de la ley que amenaza la libertad del comercio internacional ».

    En realidad, la desventura para Rabat es más fastidiosa de lo que pretende porque no es más que un ejemplo de otras acciones jurídicas emprendidas por el Frente Polisario para hacer valer su punto de vista. « La situación ha cambiado: el Polisario se dirige a las instancias supranacionales para denunciar la explotación de los recursos económicos del Sahara », subraya Jadiya Mohsen-Finan, universitaria y especialista en este conflicto. Hoy, por sí mismo o madiante asociaciones cercanas a la causa que defiende, se ha vuelto audible en cuestiones de derecho. « 

    El Sahara Occidental, una antigua colonia española rica en recursos naturales, es reivindicada por a la vez por Rabat, que controla el 80% del territorio y por el Frente Polisario, que pide un referéndum sobre la autodeterminación según lo previsto por las Naciones Unidas. Después de 16 años de enfrentamiento militar, se concluyó un alto el fuego en 1991 bajo los auspicios de la ONU seguido de un estancamiento diplomático, el movimiento de liberación saharaui ha decidido cambiar de táctica: desafiar a Marruecos en su pretendida soberanía sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental por la vía legal. Lanzada en 2012, esta estrategia se aceleró en 2017.

    Ofensivas judiciales

    Tratándose del Cherry-Blossom, el buque de bandera de las Islas Marshall fletado por la OCP, fue parado el 1 de mayo de 2017 durante una escala en Port Elizabeth, en Sudáfrica. El Polisario se había depositado una querella ante un juez local estimando ilegal este transporte y consiguió la incautación del cargamento.

    La organización no había hecho su elección por casualidad: Sudáfrica es un partidario histórico de la causa saharaui, posicionándose, con Argelia, como un defensor del derecho a la autodeterminación. En marzo, un tribunal sudafricano ordenó la venta por subasta del fosfato, pero ningún interesado se manifestóal respecto. Un procedimiento similar se lanzó en Panamá en mayo de 2017 sin éxito. Esta estrategia ataca el fondo de los intereses económicos de Marruecos.

    La explotación de fosfatos y sus derivados, sobre todo los fertilizantes, es una fuente clave en la economía marroquí, casi una cuarta parte de las exportaciones del país, según cifras oficiales. El primer golpe lo recibió el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea (UE). Cuestionado por el Polisario, este acuerdo fue objeto de una primera decisión del Tribunal Europeo, en diciembre de 2015. Los jueces europeos estimaron que el Consejo Europeo había « faltado a su obligación » de para verificar si la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental bajo control marroquí se hacía o no en beneficio de la población de este territorio y, por lo tanto, llamó a su anulación.

    Después de una apelación, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció el 21 de diciembre de 2016 que el acuerdo de liberalización agrícola entre la UE y Marruecos era válido pero que no fue no se aplica « al territorio del Sáhara Occidental », al cual el derecho internacional garantiza un « estatuto separado y distinto ». Sobre la base de estas conclusiones, los defensores de la autodeterminación aumentaron la presión.

    La última ofensiva judicial estuvo dirigida al acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE, que permite a los buques europeos acceder a la « zona de pesca marroquí » a cambio de una contribución económica. La mayoría de las capturas tienen lugar en las costas del Sáhara Occidental.

    A finales de febrero, el TJUE retocó el acuerdo, obligando a la UE y Marruecos a renegociar ciertas disposiciones alegando que violan el principio de autodeterminación del Sahara Occidental. En el sector turístico, el Frente Polisario presentó una querella en Francia contra Transavia, una filial de bajo costo de Air France, por su nuevo enlace aéreo entre París-Orly y Dajla, una destinación privilegiada por los practicantes del kitesurf. Pidió la prohibición de explotación de esta línea y 400.000 euros como indemnización por los daños y perjuicios, una vez más, estimando que el lanzamiento de tal línea no puede hacerse sin el acuerdo del pueblo saharaui.

    También se ha presentado una denuncia ante los tribunales europeos contra el acuerdo entre la UE y Marruecos concerniente a la aviación civil. « No se trata de multiplicar los procedimientos, ni de molestar a las grandes empresas ni de impedir que Marruecos concluya acuerdos », afirma Gilles Devers, abogado del Frente Polisario. Lo que queremos es la aplicación de la jurisprudencia europea según la cual hay dos territorios distintos y que, con respecto al Sáhara Occidental, nada puede hacerse sin el consentimiento del representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario.

    Por lo tanto, las querellas nunca se dirigen directamente al Reino de Marruecos y si hasta ahora no han afectaron al estado del conflicto sobre el terreno, plantean un problema fundamental en Rabat, que se ve obstaculizado en algunas de sus actividades económicas y en sus relaciones con sus socios europeos.