La Alta Comisionada para los Derechos Humanos cree que uno de los problemas es que las autoridades se niegan a reconocer las dimensiones de lo que califica como “vasta crisis humanitaria”. Además, teme que las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos “puedan contribuir a agravar la situación económica”. Por ello, afirma que es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados.
En su informe de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, Michelle Bachelet dice estar “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
Desde junio de 2018, la última vez que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos presentó su último informe sobre el país sudamericano, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente, según dijo Bachelet al presentar su actualización al Consejo de Derechos Humanos.
“Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”, afirmó.
Las autoridades no reconocen la crisis
Para la Alta Comisionada, uno de los problemas de la situación es que “las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.
La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales.
“Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”, explicó Bachelet.
También observó que el sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.
Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.
Las sanciones agravarán la situación
Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, a Bachelet le preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.
Otro motivo de preocupación para la Alta Comisionada es la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas.
“En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”, declaró.
Represalias e intimidación
La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas.
Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno.
En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES.
La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales.
“Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”.
Junto a esos temores, figura el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.
Solidaridad de la región
Bachelet indica que un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección.
Muchas de ellas han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras.
Asimismo, los venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para conseguir la documentación que les permita facilitar la migración ordenada y el acceso a la educación y el empleo en otros países.
Los países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección.
“Esas personas necesitan que se realicen esfuerzos considerables y coordinados de regularización y reunificación familiar, y a veces necesitan también acceso urgente a la atención médica, comida y vivienda, así como al empleo o la educación. Aplaudo los esfuerzos que han realizado los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio”, afirma Bachelet.
Un primer paso positivo
Un equipo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se encuentra actualmente en el país.
“Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro”, comenta Bachelet para quien “es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”.
Solución política
La polarización está agravando una situación ya de por si crítica, según Bachelet, que considera “preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos.
“Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país”, dijo antes de reiterar el compromiso de su Oficina en trabajar con todos los interesados en mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Replica de Venezuela
El representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos tomó la palabra para rechazar la resolución del Consejo de Derechos Humanos por la que se pide los informes a la Alta Comisionada y que dijo estar “políticamente motivada”.
No obstante, reiteró la disposición del Gobierno a colaborar plenamente con la Alta Comisionada, a la que ha invitado a visitar Venezuela “donde podrá constatar la verdadera situación del país distorsionada por la falsa campaña mediática internacional que ha incidido en su informe”.
“Somos un país libre y democrático donde los derechos humanos se disfrutan plenamente de conformidad con la Constitución y las leyes. Han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999 en pleno disfrute de los derechos a manifestarse pacíficamente y sin armas”, aseguró.
No obstante, diferenció ese derecho constitucional de lo que describió como “actos vandálicos y criminales registrados en los últimos años promovidos por un sector violento de la oposición y financiado desde el exterior”.
Según el representante, “quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados”, lo que demuestra que no son protestas pacíficas como intentan hacer ver algunas potencias.
Guerra económica
Después aseguró: “el Gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos, negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. Junto a sus acólitos regionales, hablan de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela cuando la verdad es que las dificultades que enfrentamos son consecuencia de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas y la guerra económica desatada contra mí país”.
Sobre el apagón, explicó que se trató de un “acto de terrorismo de Estado” que atribuyó a Estados Unidos y dijo que es falso que hayan fracasado los programas de alimentación en las escuelas y que “se ejecutan exitosamente”.
De la salida de los tres millones de venezolanos, afirmó que “es coyuntural” y debida a las “medidas coercitivas unilaterales”.
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