La Real Academia de la Lengua define poder como «dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo». También define derecho como «conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva», otras acepciones añadidas serían «legítimo, fundado, cierto, razonable, justo». Por último, en lo que nos interesa para esta reflexión, en su tercera acepción define economía como «ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos». Pues bien, juzguen ustedes mismos las conexiones, puentes y coqueteos entre semejante trío en el caso del Sáhara Occidental, que bien deberían ser objeto de estudio académico, y dicho sea de paso, objeto de información de los medios de comunicación de masas.
Las pocas veces que aparece en los medios de información, el conflicto del Sáhara Occidental es tratado como un conflicto inter partes cuyo efecto principal es que casi 200.000 saharauis lleven 36 años en los campamentos de refugiados y refugiadas en Tindouf, Argelia; lo que a renglón seguido, explica la verdadera noticia informativa, el programa «Vacaciones en Paz» que trae aproximadamente 10.000 niños saharauis a veranear en España con sus familias de acogida.
Sin embargo, hay dos enfoques claves del conflicto que nunca son visibilizados por los medios de comunicación: la expoliación de recursos naturales en los territorios ocupados, en el Sáhara Occidental, sustentada y garantizada por la ocupación ilegal del ejército marroquí; y la gravísima violación de los derechos humanos a la que es sometida la población saharaui en este territorio. Aunque consideramos que ambas situaciones están profundamente interconectadas y que son las dos caras de la misma moneda, por razones expositivas nos centraremos ahora en la primera de ellas, la expoliación de recursos naturales.
El Sáhara Occidental, y por tanto la República Arabe Saharaui Democrática, –RASD–, reconocida por casi 100 países a nivel internacional(2) posee inmensas reservas de fosfatos, uno de los más importantes bancos pesqueros del Atlántico, gran cantidad de sal, arena, agua potable, etc. En su territorio se vienen realizando desde los años sesenta prospecciones de petróleo y en la actualidad ya se habla de que pudiera convertirse en el «futuro huerto solar de Africa»(3) . Sin embargo, como veremos a continuación, Marruecos mantiene el control de facto de los centros urbanos y económicos del Sáhara Occidental, negocia y se beneficia directamente de la extracción de estos recursos naturales, a pesar de que el Sáhara Occidental es considerado un territorio no autónomo cuya potencia administradora es España, según Naciones Unidas(4) .
De acuerdo con la Carta Fundacional y su Resolución 1514 (XV) de 1960 de la Asamblea General, la potencia administradora de un territorio es responsable de asegurar que cualquier beneficio económico obtenido en su colonia debe beneficiar directamente a los habitantes de dicha colonia(5) . En otras palabras, un país no puede explotar los recursos naturales de un territorio no autónomo sin el consentimiento de los pueblos autóctonos y sin volver a invertir los frutos de esta explotación en el propio territorio. Se debe prestar especial atención al artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, puesto que del mismo se desprende que los intereses de los habitantes de estos territorios tienen prioridad absoluta y la tarea de los poderes administrativos sobre tales territorios se considera como un «deber sagrado».
En relación a los recursos naturales de carácter mineral cabe destacar que tan sólo la producción del yacimiento de Bou Craa supone una producción anual de 2,4 millones de toneladas, contribuyendo de forma sustancial a engordar los beneficios de Marruecos, concretamente en 1250 millones de euros anuales(6) . Además, Marruecos permite la realización de prospecciones petrolíferas en las tierras saharauis y por ello ha concedido a la empresa norteamericana Kosmos Energy y Island Oil & Gas de Irlanda licencias de explotación en la zona de Smara(7).
En el mismo plano, la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General relativa a la cuestión de la puesta en práctica de la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, hace un llamamiento a los poderes administrativos para que «garanticen que todas las actividades económicas en los territorios no autónomos bajo su administración no afecten de modo adverso a los intereses de los pueblos de dichos territorios, sino que se destinen, en su lugar, a ayudarlos en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación»(8) . Estas resoluciones también contienen disposiciones diseñadas para la protección de los «derechos inalienables de los pueblos de estos territorios a disponer de sus recursos naturales y al establecimiento y mantenimiento del control sobre el desarrollo futuro de estos recursos, además de tratar de la necesidad de proteger a los pueblos de los territorios sin gobierno autónomo de la explotación y el saqueo por parte de otros intereses económicos extranjeros»(9).
En definitiva, desde el punto de vista de la legislación internacional, las actividades económicas en un territorio no autónomo por parte de una potencia administradora serían legales si se realizaran en beneficio de las personas de dicho territorio, en su nombre y en consulta con sus representantes. Y el país obligado a garantizar esto es la potencia administradora, España. Por ello, es más que evidente que Marruecos carece de autoridad para dedicarse a la exploración o a la explotación de recursos minerales en Sáhara Occidental en tanto ni es potencia administradora, ni tiene en cuenta los intereses y los deseos del pueblo del Sáhara Occidental. Como indica uno de los principales lemas en las denuncias de los movimientos sociales «Marruecos culpable, España responsable», aludiendo a la innegable responsabilidad jurídica de nuestro estado.
Sin embargo, la Comisión Europea firmó un Acuerdo de Asociación Pesquero con Marruecos en mayo de 2006 que se aplica, en principio, a las zonas de pesca marroquíes, lo que viene pues a referirse, a las aguas bajo soberanía o jurisdicción del reino de Marruecos. No obstante en dicho acuerdo no se hace distinción alguna en relación a las aguas adyacentes del Sáhara Occidental. La ilegalidad de este Acuerdo de la Unión Europea con Marruecos resulta obvia si nos detenemos en el Protocolo del Acuerdo. Este documento hace referencia en exclusividad a los «recursos de Marruecos», en su artículo 4. En relación a la contribución financiera, el Protocolo afirma en su artículo 6 que «se dejará a la entera discreción de las autoridades marroquíes el uso de esa contribución financiera». Este mismo artículo establece, de manera prescriptiva, en una larga enumeración cómo debe asignarse la contribución y en ella es muy difícil identificar a los saharauis. El protocolo menciona a lo largo de su articulado y en su propio apéndice «la industria pesquera marroquí» «la zona Atlántica marroquí», los «marineros marroquíes» y los «puertos marroquíes». Aunque la clave reside sin duda en el Apéndice 4, en el que se explicita los límites de las zonas pesqueras marroquíes. Concretamente establece para la pesca del atún las coordenadas limitadoras en el sur de «al sur de 29° 00’»10 , lo que incluye, como era de sospechar, las aguas del Sáhara Occidental. De este modo, el acuerdo deja la puerta abierta a la pesca en las aguas territoriales saharauis, puesto que la interpretación de la fórmula en coordenadas entiende todas las aguas hacia el sur, hasta donde comienzan las de Mauritania, aproximadamente a 21° N.
En relación con la explotación de los recursos pesqueros, según un Informe Marco General elaborado por la embajada de España en Rabat en 2009, el «sector pesquero marroquí» alcanzó un volumen de negocios de más de 706 millones de euros. Las cifras van ascendiendo el volumen total de capturas en 2008 a 1.017.027 toneladas, aumentando un 24% su valor respecto al año 2007, un año posterior a la entrada en vigor del Acuerdo Pesquero con la Unión Europea. Por otro lado, en relación con valor de los desembarques de este segmento registrados en los mercados se contabilizó 432 millones de euros, frente a los 351 millones de euros del año anterior, conllevando entonces un aumento del 23%. Del mismo modo, se confirmó que la pesca costera y artesanal representa más de 94% en volumen total. El puerto del Aaiún registró el año 2007 casi la mitad de los desembarcos de pesca controlados desde Marruecos. Las empresas españolas también tienen sus propios intereses como es el caso de Europacífico, que tiene socios japoneses, chilenos y neerlandeses, y firmó el año 2008 un acuerdo para distribuir 30.000 toneladas de pescado saharaui11 .
La Carta de las Naciones Unidas es sin duda el eje vertebrador del Derecho Internacional y sus Leyes, y según su artículo 103, la carta tiene básicamente primacía sobre otros acuerdos internacionales en caso de conflicto entre dichos acuerdos y aquélla. Por tanto, jurídicamente hay mecanismos más que suficientes para paralizar la expoliación de recursos. Sin embargo, de nuevo podemos ver la flagrante violación del Derecho Internacional, esta vez a cargo de la UE, una de las principales instituciones que promueve su cumplimiento. No en vano, Marruecos es el país del mundo que más resoluciones de Naciones Unidas vulnera, después de Israel.
Nos topamos con la «realpolitik»: el capitalismo como sistema de mercado y el neoliberalismo como ideología sostienen a este mundo tal y como lo conocemos. De este modo, nos preguntamos en qué medida estas instituciones supranacionales son utilizadas y/o están al servicio de los intereses determinados por el poder económico. Un poder económico que usa el derecho, el propio acuerdo pesquero, para terminar compartiendo con los poderes políticos un muy rentable sentido de la justicia.
Nada nuevo, pensarán ustedes, a poco que conozcamos la fundamentación filosófica del neoliberalismo y los mecanismos institucionales a través de los cuales opera. Lo preocupante, desde nuestra percepción como estudiantes, ocurre cuando desde el propio sistema educativo y el pensamiento político, como sucede con los medios de comunicación, «la mano invisible» se hace más invisible y más incuestionable que nunca al desconocer e ignorar precisamente los vínculos y las superposiciones entre lo que estudiamos como diferentes disciplinas auto-referenciadas e independientes, de manera complaciente. ¿Hasta qué punto está la educación también está sustentada y sustentando este pensamiento neoliberal, el pensamiento único? ¿Ocurre una producción en masa de mentes sumisas e incapaces de pensar y conocer alternativas? ¿Por qué los alumnos y alumnas nos sentimos en una cadena de montaje fordista del conocimiento? ¿Por qué el sistema educativo no suele trabajar con los nombres de las empresas beneficiadas por tan sui generis ejercicio del derecho?
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